Nuevos tribunales de Santa Fe: Olor a corrupción con una de las empresas ganadoras

POLÍTICA 07/01/2022 Por Agencia de Noticias del Interior
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En cuestión de días volverá el movimiento de obreros y de maquinarias a la obra de ampliación del Palacio de Tribunales de Santa Fe, entre calles General López, 9 de Julio y 3 de Febrero, luego de que se concluyera la primera etapa del proyecto y se adjudicaran los trabajos para la segunda etapa a una UTE conformada por tres empresas de la ciudad de Rosario: Edeca SA, Pedro Minervino SA y Dinale SA.
 
Se trata, nada menos, de la finalización de un edificio de 13.000 metros cuadrados, con un presupuesto oficial de 3.494. 770.503,41 pesos -la UTE ganadora ofertó 3.099.997.757 pesos- según el llamado a licitación publicado en la página del Poder Judicial de Santa Fe a principios de 2021.

En este caso, los antecedentes de Dinale SA, una de estas empresas ganadoras de la licitación, resultaron cuanto menos agitados durante los últimos tiempos: el 26 de febrero de 2020 el Senado de la Nación le quitó al menos tres obras que debía llevar adelante por supuestos incumplimientos, el 26 de octubre del mismo año el Senado rechazó las apelaciones presentadas por la empresa y el caso derivó, incluso, en una causa judicial que tiene como imputado al presidente de la firma, Germán De Vincenzo, y a la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

Esto no representa un dato menor, ya que desde el 23 de enero de 2006, durante el último gobierno de Jorge Obeid, rige en Santa Fe el decreto 195 que prohíbe a cualquier empresa a la que se le haya rescindido un contrato de obra pública por incumplimientos, presentarse durante dos años en licitaciones dentro del territorio santafesino.

 El decreto 195 plantea textualmente lo siguiente: "Establécese como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios o contrataciones directas de obras públicas; la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no contenga publicidad".

Una licitación realizada desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
El proceso licitatorio para la segunda etapa de la ampliación de los tribunales de esta capital no fue convocado desde el Ministerio de Infraestructura de Santa Fe, sino que se llevó adelante desde la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con fondos del Poder Judicial que tienen su origen en Rentas Generales.

Al menos dos fuentes cercanas a la Corte que fueron consultadas, pero pidieron mantener sus nombres en reserva, aseguraron no haber estado al tanto de esta situación de Dinale y manifestaron la necesidad de replantear internamente los mecanismos que se utilizan para llevar adelante este tipo de procesos que dependen del máximo tribunal.

Dinale perdió en febrero de 2020 tres obras que había ganado en licitaciones del Senado de la Nación, apeló sin éxito dicha medida en octubre del mismo año y, sin embargo, pudo presentarse en la licitación de las obras de ampliación de los tribunales de Santa Fe a principios de 2021.

 De hecho, Dinale nunca fue excluido del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe luego de lo sucedido en el Senado de la Nación. Fuentes del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, revelaron 

que desde el Registro de Licitadores de la Provincia se inició un proceso sancionatorio contra esta firma rosarina, pero fue recurrido y el caso todavía no fue resuelto.

 El 6 de agosto de 2020, luego de la rescisión de los tres contratos por parte del Senado de la Nación a Dinale, los integrantes del Registro de Licitadores de Santa Fe (integrado por el Ejecutivo, las cámaras empresariales y de las empresas constructoras) se reunieron para analizar el caso. Y en marzo de 2021, resolvieron suspender a la firma de la posibilidad de presentarse como oferente para obras públicas en la Provincia.

 Sin embargo, Dinale recurrió esa medida bajo diferentes argumentos e hizo especial hincapié en que nunca había sido excluida del Registro Nacional de Obra Pública, lo cual es cierto y es un requisito planteado en el decreto firmado por el exgobernador Obeid.

El presidente de la empresa, Germán De Vincenzo,  reconoció que sigue abierta la causa judicial que lo tiene como imputado por supuestas irregularidades -que negó terminantemente- en la contratación de obras para el Senado de la Nación.

El empresario aseguró que no existió ningún tipo de ilícito, que "se siguen haciendo los reclamos en el lugar donde corresponde, que es la Justicia Contencioso Administrativa de los Tribunales Federales"; y remarcó que Dinale está habilitada a participar de la obra pública porque "la rescisión de aquellos contratos fue sin motivos reales" y la firma nunca fue dada de baja de los registros de licitadores de la Nación y de la Provincia.

 Fuentes del Ministerio de Infraestructura adelantaron que se espera que en una próxima reunión del Registro de Licitadores de Santa Fe se vuelva a analizar la situación de Dinale, ya que el 26 de octubre de 2022 se cumplirán dos años desde que quedó firme la rescisión de los contratos de obras en el Senado nacional. Transcurrido ese lapso de tiempo, ya no habrá posibilidades de sancionar a esta firma en caso de que corresponda.

 Mientras tanto, Dinale sigue participando de procesos licitatorios. Tanto es así, que ganó una licitación de obras para el Pami hace pocos meses y en Santa Fe integra la UTE que construirá la segunda etapa de los tribunales de esta capital. Además, participa en licitaciones de otras obras como, por ejemplo, el hospital "Jaime Ferré" de Rafaela, la construcción del cerco perimetral de la cárcel de Piñero, desagües cloacales en Ataliva, viviendas en San Jerónimo, cloacas en Vila, entre otras.

Las obras que Dinale perdió
A través de las Resoluciones 372, 373 y 374 de 2020, el Senado de la Nación rescindió tres contratos con Dinale, argumentando que la empresa no había cumplido con los compromisos asumidos.

 Se trata de los trabajos de readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrentes y circulaciones del edificio Alfredo Palacios del Senado; de la reestructuración de vías de escape, contraincendio, pleno de escaleras y nuevo ascensor; y la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida.

 Según la Resolución 374 del Senado, en el caso de esta última obra Dinale había cobrado el 40,3% de los trabajos, pero sólo se observaba un avance de obra del 3%. En el caso de la segunda obra había cobrado el 32% de la contratación, con un avance de solo el 12,7%.

Aquellas rescisiones de contratos a Dinale -la empresa que construirá los tribunales de Santa Fe- tuvieron, incluso, impactos judiciales, luego de que el presidente de la constructora rosarina, Germán De Vincenzo, fuera imputado junto a la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, por la fiscal federal Paloma Ochoa por supuestas irregularidades. Las denuncias fueron presentadas por la directora de Asuntos Legales del Senado, Graciana Peñafort, con el argumento de que se pagó por trabajos que no se habían realizado.

Un dato más: el presidente de Dinale, Germán De Vincenzo, negó la veracidad de fuertes rumores que indican que a principios del año pasado compró, junto a un empresario de la ciudad de Santa Fe, la empresa constructora Cocivial, con origen en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se trata de la firma que lleva adelante la construcción del planetario que funcionará en el Code, sobre la costanera de esta ciudad.

 Cocivial nació como empresa familiar de San Nicolás en 1978 y llevó adelante obras públicas y privadas, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, según figura en el Registro Nacional de Propiedades, desde el 1 de diciembre de 2021 la empresa Cocivial tiene domicilio fiscal y legal en la ciudad de Rosario.

Fuente: Aire de Santa Fe. Nota del Periodista JOSÉ CURIOTTO

  

  

  
 
 

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