El Pata Medina, otra máscara del clan Moyano

Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pablo “el Pata” Medina y Pablo Moyano tienen en común que las causas judiciales en su contra podrían determinar si se valieron de sus posiciones para presionar al Estado y beneficiar emprendimientos a los que aparecen asociados. La Justicia Federal procesó a Medina por extorsión a empresarios. La Cámara de Garantías de Lomas de Zamora todavía no resolvió si es definitivo el sobreseimiento de Moyano en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente de Avellaneda. 

La vicepresidenta aspira a la nulidad en las causas Vialidad y cuadernos. La aparente retractación de empresarios del testimonio que dieron originalmente en ellas juega un papel crucial. Si ocurre será muy difícil demostrar el pago de coimas. Pero también que Medina los sometía a extorsión para no paralizar obras. La denuncia presentada por Cristina Camaño en la Justicia Federal de La Plata se funda en un video donde exfuncionarios bonaerenses se reunieron con empresarios y espías con la aparente intención de una confabulación judicial contra el exsindicalista.

El juicio político iniciado a Julio Conte Grand es la respuesta a la declaración de guerra del Poder Judicial a Cristina después de la derrota electoral del Frente de Todos. Es lo que percibe el oficialismo en el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley que regula la composición del Consejo de la Magistratura. Algo que irritó a Cristina. Pero no tanto como el de la Cámara Federal que desestimó el presunto espionaje ilegal de la AFI a dirigentes políticos, sindicales y periodistas en el gobierno de Mauricio Macri.

Siete de las 192 páginas del dictamen se detienen en un caso conexo donde Daniel Llermanos, Víctor Hortel y Facundo Melo están acusados de coaccionar al barra Damián Lagaronne para que cambie su testimonio a favor de Moyano en la causa Independiente. La Cámara sugiere profundizar la investigación sobre el vínculo previo entre Llermanos y Melo. La prueba en la que se funda ese pedido son las escuchas ordenadas por los fiscales Cecilia Incardonna y Santiago Eyherabide en la causa por presunto espionaje ilegal.

Llermanos es abogado de Moyano. Además de defender a Lagaronne, Melo espiaba para la AFI. Si se demuestra, ese nexo avalaría la hipótesis de un complejo entramado de intereses políticos y económicos entre sindicalistas, barras y espías que opera en el conurbano con amparo de sectores de la Justicia, que existía antes del gobierno pasado y cuya única finalidad sería hacer de la relación con el Estado un gran negocio. Una teoría que desafía a la de Cristina: una persecución sistemática en su contra digitada por funcionarios de Macri. El lawfare.

El rechazo a la metodología de esa red fue el paso más lejos de lo habitual dado por empresarios al inicio de la gestión de Juntos por el Cambio. El kirchnerismo da por cierto lo que hasta ahora es un rumor. El papel decisivo de Gerardo Martínez para reproducir ante el gobierno de Macri las quejas de cámaras sectoriales. Martínez es el titular de la Uocra y lidera con Andrés Rodríguez (UPCN) el sector que sostiene a Héctor Daer en el triunvirato que conduce la CGT.

La inclusión de Moyano en ese cuerpo provoca controversias. Cristina intenta aprovecharlas. Finalmente habría atendido el pedido de auxilio a Pablo pedido por Hugo Moyano. La razón latente del juicio a Conte Grand. Pablo es uno de los propuestos para atestiguar contra el procurador general al que Martínez respaldó en la detención de dirigentes de la Uocra Bahía Blanca por el delito de extorsión. El mismo por el que se procesó y desplazó a Medina de la Uocra La Plata, que este año elegirá nuevo secretario general.

Medina competirá por el cargo con Iván Tobar. Los afiliados de los obradores que YPF tiene en las destilerías de Ensenada son el eje de esa disputa. Tobar está ligado al intendente Mario Secco por Deportivo Cambaceres, donde se inició como barra. Desde 2009 es uno de los líderes en la de Estudiantes de La Plata. Tobar y Secco pujan con Medina por el predominio en los contratos por obras de mantenimiento en YPF- Ensenada. La barra de Gimnasia asiste al Pata en esa lucha obrera.

La cronología de acontecimientos es muy sugestiva. El fallo de la Cámara Federal se conoció el 21 de diciembre. El 23, Cristian “el Puli” Medina y Pablo Moyano expresaron con una foto la reconciliación de Juan y Hugo, sus padres, por el traslado de los restos de Perón a San Vicente en 2006. Una postal navideña de la familia Ingalls. El 27, Camaño presentó la denuncia en la Justicia Federal de La Plata. Si se confirma que esa reunión se realizó en la sede del Banco Provincia en la ciudad y no en La Plata, podría ser reclamada por la Justicia Federal.

La prueba más importante del juicio a Conte Grand es la denuncia de la interventora de la AFI que investigan el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Ana Russo. Kreplak es el hermano de Nicolás, ministro de Salud, y como él está ligado a La Cámpora. Russo es viuda de Eduardo de Lázzari. En medio de la campaña presidencial de 2019, De Lázzari denunció a Vidal por “armar causas” contra opositores. Cristina retuiteó sus palabras. De Lázzari presidía la Corte bonaerense. La vicepresidenta era candidata del Frente de Todos.

La incorporación de Vidal a este rompecabezas es una novedad. Probablemente causada por el cambio de planes y aliados del oficialismo después del 14 de noviembre. Juliana Di Tullio resultó una víctima inesperada de esas urgencias. Conte Grand recogió el respaldo unánime de sus colegas nucleados en el Consejo Federal de Procuradores cuando la senadora nacional lo tildó de “delincuente.” Una reacción que el Ministerio de Justicia no pudo revertir pese a que Martín Mena y Martín Soria presionaron a los gobernadores del PJ. El viceministro de Justicia y su aparente jefe los instaron a violar la división de poderes. Es decir, darles órdenes a los procuradores para que se desdigan. Solo consiguieron que lo haga Javier Vallejos. En el chat del Consejo, el fiscal general de La Rioja había adherido calurosamente a la defensa de Conte Grand.

A la oposición le preocupa más una murmuración. La reunión de Horacio Rodríguez Larreta con Hugo Moyano auspiciada por Sergio Massa. Moyano le exigió la renuncia de Conte Grand a cambio de evitar contratiempos en la ciudad con la recolección de residuos. La relación del camionero con el jefe del gobierno es, cuando menos, cordial.

La clínica Antártida sigue funcionando con el permiso precario de habilitación que las autoridades porteñas le concedieron en abril de 2020 por seis meses. Una situación de privilegio que es la envidia de otros sanatorios sindicales. Tal vez sea uno de los límites imprecisos en el camino de la moderación que Rodríguez Larreta está convencido de recorrer para llegar a una candidatura presidencial. Una ruta que difícilmente escogerían los responsables de los asaltos al domicilio del exsenador del PJ, Horacio Román, en Castelar, y al del diputado Carlos “Cuto” Moreno, en City Bell. Los fiscales están tras la pista de un grupo de ex convictos que adoptaron un curioso mote en honor al móvil que proclaman para delinquir: robar solo a peronistas ricos. Una mitomanía que los llevaría a imaginar un universo infinito de posibilidades. Debería preocupar a quienes se encargan de proveer a los Moyano la máscara del Pata Medina.

 

 

* Para La Nación