La Argentina y el FMI: otra vez la incertidumbre

El mercado dio ayer un primer veredicto tras el mensaje emitido un día antes por el gobierno de Alberto Fernández en relación con las negociaciones con el FMI: el riesgo país aumentó el 1,9% y cerró en 1788 puntos, al tiempo que el dólar subió en todas sus versiones. La lectura de los operadores financieros acerca de los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del Presidente fue que el acuerdo con el organismo financiero internacional se halla incluso más lejos de lo que se presumía. 

 
La estrategia del Gobierno para renegociar la deuda de casi 45 mil millones de dólares con el FMI parece casi calcada de la desarrollada en 2020 frente a los acreedores privados. Se procura negociar desde una posición de fuerza con la finalidad de obtener el mejor acuerdo posible, al tiempo que se insiste en un discurso para la tribuna consistente en negar la posibilidad de cualquier ajuste en la economía.

Por lo pronto, el ministro Guzmán mostró su intención de reducir el déficit fiscal de manera más lenta que la que podría reclamar el FMI, previendo un equilibrio fiscal solo a partir del año 2027. Y el primer mandatario afirmó que se busca que los acuerdos que se alcancen con el organismo internacional sean “lo menos pesados para los argentinos” y sentenció: “Para nosotros, la palabra ajuste está desterrada”.

Pero uno de los factores que más preocupó a los observadores económicos fue la falta de indicios más concretos sobre un plan económico del Gobierno, más allá de que del mensaje oficial se desprendió una apuesta por la recaudación tributaria.

Es que una mayor recaudación impositiva debería suponer como condición el crecimiento económico, y la mayor actividad productiva exige inversiones que, a su vez, requieren del capital que más escasea hoy en la Argentina: la confianza.

Como señala el director de FIEL, Juan Luis Bour, “cuando el Gobierno decide expulsar empresas para consolidar un mercado cautivo para una empresa pública, prohíbe exportaciones y limita discrecionalmente importaciones, congela precios privados y decide quién puede aumentar, y cambia retroactivamente la legislación tributaria y laboral vigente, entonces el sector privado competitivo se retira” y “en su reemplazo, aparece un Estado más grande y capitalistas amigos”.

A esas dudas, se suman otras vinculadas con las relaciones internacionales. Concretamente, el grado de apoyo que podría tener la Argentina en el gobierno de los Estados Unidos, un país clave en el directorio del FMI. Y, en tal sentido, podría ser determinante el papel que desempeñe el gobierno argentino en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), que se reúne en estas horas en Buenos Aires y que consagraría a Alberto Fernández como presidente pro témpore. Este organismo regional excluye a los Estados Unidos y a Canadá, al tiempo que sufrió el abandono por parte de Brasil; en cambio, acoge a Cuba, Nicaragua y Venezuela y negocia un acuerdo en materia tecnológica y comercial con China.

De cómo se maneje el gobierno argentino frente a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela podría depender en buena parte el apoyo norteamericano a la renegociación de la deuda con el FMI. Desde el Gobierno, se desmiente cualquier relación entre la posición argentina en este terreno con la postura de los Estados Unidos frente a la renegociación de la deuda con el FMI. Sin embargo, el presidente Joe Biden le ha transmitido a su par argentino la importancia de que se comprometa con la búsqueda de una auténtica democracia en aquellos tres países gobernados por regímenes autoritarios.

Más allá del endurecimiento del discurso ante el FMI que exhibió el ministro de Economía, es destacable la respuesta del presidente de la Nación ante posturas como la del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien durante la reciente reunión de gobernadores con las autoridades del Poder Ejecutivo, planteó la necesidad de una consulta popular para que la ciudadanía resuelva si hay que negociar con el FMI o denunciar la deuda adquirida con el organismo financiero como una estafa, al tiempo que también sugirió que se podría apelar al Tribunal Internacional de La Haya. Frente a esa demanda, Alberto Fernández le señaló que era muy difícil calificar de “odiosa” una deuda que fue contraída por un gobierno elegido por el pueblo, aun cuando aclaró que denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri y a otros exfuncionarios por esa decisión.

¿Hasta cuánto puede subir la apuesta el gobierno argentino frente al FMI? Si bien existen coincidencias entre analistas económicos en que el organismo crediticio perdería mucho si la Argentina entrara en default, también se cree que el gobierno de Alberto Fernández no está en las mejores condiciones para arriesgar demasiado, y mucho menos intentando amenazar al Fondo con su propio suicidio. La realidad es que la Argentina está al borde de la bancarrota, con un Banco Central a punto de quedarse sin reservas líquidas y a poco tiempo de vencimientos de deuda que no estaría en condiciones de pagar.

Un default con el FMI, para el caso de que no se cancelen los pagos con vencimiento en marzo y el organismo financiero no acceda a posponerlos, generaría graves consecuencias para el país. Entre ellas, la imposibilidad de acceder a créditos por parte del Estado nacional, incluidas las líneas de financiamiento blandas de organismos internacionales como el Banco Mundial; el virtual corte del crédito externo al sector privado, a no ser que se consientan tasas descomunales con infrecuentes garantías; las dificultades para adquirir insumos importados; el aumento de la desconfianza en la moneda nacional y una corrida hacia el dólar que impactaría en retiros de depósitos bancarios.

Está claro quién perdería más en el caso de que no se llegue a un entendimiento entre la Argentina y el FMI.