Covid-19 y corrupción: Argentina empezó mal el 2022

Como ocurre con muchos temas importantes y que implican el desembolso por parte del Estado de miles de millones de pesos, una noticia de magnitud conocida hace pocos días pasó inadvertida: el Gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández prorrogó la emergencia sanitaria debido a la pandemia de coronavirus.

A través de un decreto publicado el 23 de diciembre en el Boletín Oficial de la Nación, el Gobierno extendió otra norma similar del 12 de marzo de 2020, emitida un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarase la pandemia.

Esta normativa tenía un componente lógico hace dos años, cuando los países se desayunaban con las nuevas urgencias sanitarias de la pandemia.

Había que comprar rápidamente respiradores, camas para terapia intensiva, ambulancias, barbijos, alcohol en gel, medicamentos, insumos para el personal de salud.

 
Estos elementos no habían sido presupuestados el año anterior, y los países de todo el mundo se habían lanzado a una puja para obtenerlos primero, lo que elevó los precios y produjo desabastecimiento.

Recordemos, a modo de ejemplo, que el 27 de marzo de 2020 el Gobierno nacional intervino la mayor fábrica de respiradores argentina, Tecme, ubicada en la ciudad de Córdoba, para centralizar toda su producción y poder hacer frente a la crisis sanitaria.

LA EXCUSA DE LA URGENCIA
Pero esas urgencias, justificadas hace dos años, cuando no se sabía cuál y cómo sería la evolución de la pandemia, ahora ya no existen. Por lo cual esta prórroga decidida por el Gobierno nacional es difícil de explicar.

 
La emergencia sanitaria produjo un salto en la opacidad de las operaciones administrativas del Estado nacional y de todos los estados provinciales argentinos. Fue una trompada en el ojo para la transparencia. Una herramienta que elevó el riesgo de corrupción y de mal uso de los recursos públicos.

No se trata solamente de una sospecha. Un informe publicado el año pasado por la organización Ruido, que incluyó el relevamiento en 14 provincias argentinas, demostró que el 93 por ciento de las compras motivadas por la pandemia se hicieron de manera directa, sin llamar a licitación.

La falta de coordinación en las compras y la ausencia de controles nacionales permitió, por ejemplo, que en 2020 Chaco pagara 1.950 pesos por cada barbijo N95, gastando casi dos millones de pesos por mil de esos productos. Un precio muy superior al que existía en el mercado.

Algo similar pasó con las ambulancias. El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof pagó más de 13 millones de pesos por cada una en noviembre de 2020. Pero ambulancias similares en complejidad fueron abonadas solamente cuatro millones de pesos por otras provincias, como Córdoba.

Esta normativa nacional que ahora acaba de extender el Gobierno permitió que los gobiernos provinciales gambetearan el mecanismo licitatorio, más transparente y que permite que el Estado obtenga mejores precios al garantizar la competencia entre los proveedores.

Fue una caída más en la historia de la baja calidad en la transparencia administrativa argentina, que el año pasado descendió 12 puestos por un tobogán en el ranking mundial de Transparencia Internacional. Argentina se encuentra en el puesto 66 entre 180 naciones, muy lejos de los países percibidos como de menor corrupción.

ARGUMENTOS DESACTUALIZADOS
Está tan mal actualizado y redactado el decreto que acaba de publicar Presidencia que en sus considerandos repite argumentos que eran viables en marzo de 2020, pero que ya han perdido mucho de su sentido a esta altura de la pandemia, con el avance de la vacunación y con la modernización de recursos de los sistemas hospitalarios.

Por ejemplo, el decreto del 23 de diciembre de 2021 insiste en el difícil acceso a la vacunación, siendo que Argentina ya se encuentra colocando la tercera dosis a su población y tiene una de las coberturas más avanzadas del continente.

Además, dice que “el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas novedosas para hacer frente a la emergencia” a los fines de que se adopten “decisiones rápidas, eficaces y urgentes”.

De nuevo: esa era la situación hace dos años atrás. Hoy no hay elementos para justificar la rapidez y la urgencia en las compras estatales para que se pase por encima de mecanismos de compra y contratación más transparentes.

Esta oscuridad administrativa en la que recaen todas las provincias argentinas a la hora de gastar el dinero de los ciudadanos con motivo de la pandemia se complementa con una práctica también muy ligada a la corrupción política: la falta de acceso a la información.

La mayoría de los estados provinciales argentinos son renuentes a ofrecer de manera rápida y abierta la información que permita conocer cómo gastan los millones de pesos que aportan los contribuyentes de toda la Argentina.

Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Cruz son, en ese sentido, los peores lugares de la Argentina para poder saber qué hacen sus gobiernos con el dinero de los ciudadanos.

* Para La Voz del Interior