Alberto Fernández no descarta un profundo cambio en el Gobierno tras la sanción del acuerdo con el FMI

La escalada de cruces hace indisimulable el nivel de belicosidad que alcanzó la interna oficialista. Con la ruptura como variable posible en todos los análisis internos, la Casa Rosada ya no intenta mantener las apariencias en el Frente de Todos. El acuerdo con el FMI apuró la diferenciación dentro de la coalición, que se venía anunciando de manera subterránea, pero se auguraba para cuando estuvieran más cerca las elecciones presidenciales de 2023. Hoy, nadie niega que los enfrentamientos son insalvables y se auguran cambios en el Gobierno.

En los últimos días, la votación en Diputados, la serie de mensajes de La Cámpora y de Cristina Kirchner, y las respuestas -por acción u omisión- de Alberto Fernández pusieron en evidencia que las internas electorales ya son un hecho. Por lo pronto, el Presidente concentrará toda su atención, durante la próxima semana, en la sanción del proyecto sobre el FMI en el Senado. Y recién evaluará realizar cambios en el Gabinete cuando esté cerrado el capítulo de la deuda y saldado el urgente pago al Fondo por 2.800 millones de dólares del 22 de marzo. Sin embargo, en Gobierno aseguran que la semana próxima será “bisagra” para el Frente de Todos. Aunque en La Cámpora, apoyados en el caudal que mantienen, aunque diezmado, en la provincia de Buenos Aires, aseguran que se aferrarán a las cajas que manejan en el Estado.

 
La interna escaló como nunca entre el viernes y el sábado, con el intercambio de tuits que emanaron desde los despachos de Cristina Kirchner y sus funcionarios afines, por un lado; y desde la Casa Rosada y las dependencias oficiales albertistas, del otro. La mecha se encendió con el video donde la Vicepresidenta documentó, con imágenes minuciosamente montadas y editadas, el ataque a piedrazos que recibió en su oficina del Senado. El Presidente se puso en contacto con ella para ofrecerle su solidaridad, pero evitó condenar públicamente la agresión. En cambio, viajó a Chile para la asunción de Gabriel Boric, con una nutrida comitiva y  le dijo a los propios que estaba “muy enojado” con la reacción de su vice.

Sus ministros también recibieron con malestar el mensaje y, no casualmente, también mantuvieron la reserva. Excepto uno: el titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dirigente de La Cámpora, que publicó un descargo contra la agresión en sus redes sociales, una manifestación lógica proviniendo del hombre más cercano a la Vicepresidenta en el Gobierno.

 
El silencio enardeció a La Cámpora. El encargado de manifestar la indignación a viva voz fue otro líder camporista, que también es funcionario bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. La organización le dio un margen de 24 horas a Alberto Fernández para expresarse y, ante el mutismo, arremetió con otro tuit: “Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta”, dijo, como si él mismo no formara parte, por su pertenencia política, de la administración nacional.

Lo que siguió fue el punto cumbre de la escalada en el conflicto. El Gobierno, a diferencia de otras tantas ocasiones donde las desavenencias se agudizaron, en lugar de suavizar y ceder, redobló la apuesta. En la cuenta de Twitter de Gabriela Cerruti, la voz oficial del Presidente ante los medios, justificó su accionar frente a los destrozos. Recordó que Alberto Fernández se puso a disposición de Cristina Kirchner, el mismo día, y que pidió una pesquisa al Ministerio de Seguridad. Minutos después, Aníbal Fernández -especie de líbero, históricamente afín al kirchnerismo, pero cada vez más cercano al primer mandatario-, se sumó a hablar en la misma línea. Le dijo al “Cuervo” que estaba equivocado y repasó sus propias acciones, con énfasis en la formalidad de la investigación.

En general, en Balcarce 50 relativizan el vínculo con las declaraciones más incendiarias del funcionario más irreverente. “Aníbal es Aníbal”, suelen decir. Esta vez, abrazaron como propias sus palabras y difundieron el tuit a la prensa desde las oficinas de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

La respuesta del Gobierno no produjo nuevas reacciones en La Cámpora. Aunque por lo bajo señalaron que el problema no era por un llamado en privado, sino por una reacción en público que nunca ocurrió, y seguramente no ocurra.

Hacia la madrugada, Alberto Fernández difundió, sugerente, una nota del portal Data Clave que cita declaraciones a Radio con Vos de su ladero y amigo, el diputado nacional, Leandro Santoro, diciendo que “todos los funcionarios tienen la obligación de estar alineados con el Presidente”.

Pax armada

Con las heridas de la coalición oficialistas abiertas a flor de piel, hoy se impone una pax armada y en ninguno de los dos bandos se atreven a decir en público que las diferencias repercutirán en el Gabinete. “No exageremos”, dijo, escueto, un importante funcionario del riñón de Máximo Kirchner consultado sobre la posibilidad de que La Cámpora amenace con dejar lugares en el Gobierno, como el año pasado después de las PASO (aunque después admitieron que nunca habían planeado realmente dejarlos). Esta vez ni siquiera está en los planes amagar. “Lo nuestro es un poco de show para los propios. Aníbal hace lo mismo con Alberto. Sobreactúa pertenencia”, suavizaron en el entorno de un dirigente camporista de peso.

La ruptura política es un hecho, pero no se trasluce, hasta ahora, en los compartimentos en el Estado, que nadie, ni siquiera los kirchneristas más enojados, quieren perder. Los ministerios y las secretarías son espacios clave para la construcción de la campaña por las elecciones de 2023. En especial en el caso del kirchnerismo, que en la repartija de 2019 se quedó con los organismos que manejan las cajas más abultadas: la Anses (Fernanda Raverta), el PAMI (Luana Volnovich), YPF (Pablo González), y, después, tras la salida de Marcela Losardo, el codiciado Ministerio de Justicia, clave en el terreno de las causas que complican a los propios y al macrismo. “No vamos a dejar nada”, dijeron, sin más, cerca de Cristina Kirchner.

Es la línea del hijo de la Vicepresidenta, quien, indignado por el acuerdo con el FMI, renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, pero se quedó con su banca y la usó para votar en contra del acuerdo con el FMI, contra los pedidos de la Casa Rosada para que, aunque sea, se abstuviera.

En el fragor de la batalla de los últimos días, en la Casa Rosada pasaron de descartar por completo cambios en el Gabinete, que sacudirían las entrañas del Gobierno y traducirían las peleas políticas en una ruptura definitiva con el kirchnerismo, a deslizar que podrían ocurrir. Pero siguen las dudas y sujetan toda movida política a la aprobación del acuerdo con el FMI. “Hasta que no termine el proceso de la ley, no va a haber ninguna mesa de evaluación política. Tiene que salir esto, sí o sí, y después se verá”, dijeron en el entorno cercano de Alberto Fernández.

La pregunta hoy en la Casa Rosada y dependencias afines es si Alberto Fernández se va a poner al frente y tomará las riendas de la coalición, o si seguirá jugando la carta de una unidad que a esta altura es, a todas luces, ficticia. No descartan que en los próximos días, quizá en un acto como los que encabezó, una y otra vez, en la segunda mitad de 2021, el primer mandatario vuelva a pregonar la imaginaria mancomunión oficialista. “Es su decisión”, se limitaron a acotar en Balcarce 50.

2023 y la crisis

El trasfondo de la pelea, más allá de los incidentes con los grupos violentos que arrojaron proyectiles contra el Congreso y de las facturas políticas cruzadas -siempre por redes sociales- está atravesado por dos aristas: la pelea por 2023, y, la crisis económica que se avecina (y que, a su vez, incide de manera directa sobre las perspectivas electorales).

Alberto Fernández está lanzado a la reelección y trabaja, ya sin tapujos, para lograr apoyo a su candidatura entre intendentes bonaerenses, gobernadores, la CGT y los movimientos sociales. Junto a los suyos trabaja en base al “peronismo territorial”, como describió un ministro de los más cercanos al Presidente, que pidió descartar el uso de la palabra “albertismo”. Ayer estuvo en Punta Indio junto a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en una actividad de claro cariz proselitista, donde se tomó una foto política con los miembros de su entorno que se sumó a sus declaraciones, días atrás, referentes a su “primer mandato”, que parecieron confirmar que se presentará a la reelección.

Del otro lado, en el ala dura, las candidaturas no están claras, aunque en el camporismo, cada vez con mayor seguridad, dicen que Edaurdo “Wado” de Pedro podría ir por la gobernación de la Provincia, y no por el sillón de Rivadavia, como en el desdibujado plan inicial. También suenan los nombres de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, e incluso de Cristina Kirchner, como opciones. Y después está la tercera “pata” de la coalición, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, que en privado no oculta sus intenciones, pero suele decirle a su círculo íntimo que aprendió a tener paciencia y que la ambición por los cargos ya no lo mueven como antes.

En el terreno económico el panorama se avizora muy complejo y preocupa a la totalidad del espacio. Después de todo, más allá de las rencillas, les toca seguir gobernando, al menos, por dos años. El pacto con el FMI, como admitió Guzmán días atrás, ya no es más que un virtual borrador, debido al impacto en los precios de los alimentos y las materias primas energéticas a nivel mundial a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Para la Argentina, que ya carga con un problema estructural, las consecuencias podrían ser devastadoras. El lunes, al tiempo que empiece el tratamiento del acuerdo en el Senado, se conocerá la cifra de inflación de febrero, que alcanzaría los cuatro puntos.

El proyecto, que tuvo la media sanción en Diputados el jueves, empieza a tratarse esta semana en la comisión de Presupuesto del Senado. Mañana a las 15 empieza el debate, a donde asistirán Guzmán y su equipo, Miguel Pesce (Banco Central); Sergio Chodos (representante ante el FMI); y Manzur. El Gobierno aspira a firmar un dictamen único el martes, y proponer una moción para tratarlo sobre tablas el miércoles o el jueves. Hasta el viernes, el oficialismo aseguraba a este medio que tiene los números de sobra para aprobar el acuerdo, con 20 legisladores propios (del total de 35, entre los cuales unos 10 responden fielmente a Cristina Kirchner); 27 de Juntos por el Cambio; y tres aliados. En total, 55 voluntades, que les permitirían obtener quórum, y la mayoría de dos tercios requerida para acelerar el tratamiento y, después, sancionar.

Después vendría la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, y finalmente, el desembolso y el pago del próximo vencimiento. En este escenario, el tiempo para las definiciones políticas en la distribución del Gabinete podría llegar con los primeros días de abril. Pero en paralelo a las sospechas mutuas, prevalecen las dudas. En la Casa Rosada creen que Alberto Fernández “sería responsable” al priorizar la unidad por sobre los ataques de los otros, pero también aseguran que “se cruzó un límite del que es difícil volver”. “La situación es muy complicada. Aunque nos apoyen los gobernadores, la CGT, sería difícil ir contra Cristina. Lo ideal sería convivir de la forma más armoniosa posible y resolver las diferencias en unas PASO. Pero parece difícil un año más de convivencia así”, dijo un dubitativo funcionario.

Durante la totalidad de la gestión reinó la desconfianza entre los distintos sectores del Frente de Todos. Hay sobrados ministros y directores que pertenecen a una tribu, pero tienen subordinados que forman parte de otra. El loteo horizontal que hizo el Gobierno al inicio de la gestión terminó potenciando el conflictivo escenario en el Frente de Todos que administra la nación y la provincia. Y esto, después de lo que pasó esta semana, acotan cerca del Presidente, probablemente se vaya a profundizar.

*Para Infobae