A 30 años del atentado a la Embajada de Israel: qué pasó con la causa

La única certeza que tiene la Justicia sobre el atentado que voló hace 30 años la Embajada de Israel en Buenos Aires es que detrás de aquella bomba estuvo el grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah. Dos órdenes de captura ordenadas en 2015 por la Corte Suprema de Justicia contra el libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y el colombiano José Salman El Reda Reda y una serie de exhortos al exterior se convirtieron en los últimos movimientos que registra la causa en la que nunca hubo detenidos y que, con el paso del tiempo, parece cada vez más difícil poder avanzar.

Todo ocurrió hace 30 años. A las 14.47 del 17 de marzo de 1992, voló el edificio de la calle Arroyo 916 donde funcionaba la sede de la Embajada de Israel. La Policía habló inicialmente de 29 muertos, pero en la causa solo pudieron confirmarse 22 fallecidos: nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles y dos plomeros, un taxista y tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia a pocos metros. Sus nombres quedaron retratados en una placa en la plaza seca que se levantó en el lugar del ataque.

 
Fue un cargamento de pentrita y trinitrotolueno -acondicionada en la parte de atrás de una camioneta Ford F 100- lo que detonó en el edificio, según estableció la Corte Suprema a fines de 1999. La camioneta había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota SA regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo. Sobre la hora de la explosión, el vehículo circuló por Arroyo y al llegar a la embajada, se subió a la vereda y explotó. ”Era un escena de guerra”, contaron más de una vez los rescatista que llegaron hasta la zona y no entendían que había pasado. La Argentina había entrado al escenario del terrorismo mundial y dos años después, en un ataque con una metodología casi calcada, otra bomba terminaría con la sede de la AMIA y la vida de 85 personas.

La quedó radicada en la Corte Suprema de Justicia porque afectaba a un Estado extranjero. El entonces presidente de ese tribunal Ricardo Levene quedó a cargo de la instrucción y delegó la tarea en el secretario penal Alfredo Bisordi hasta que en 1992 se convirtió en juez de la entonces flamante Cámara Nacional de Casación Penal. Bisordi resistía la idea del coche bomba y planteaba que los explosivos podrían haber ingresado a través de los materiales. Es que, al igual que en la causa de la AMIA, la Embajada en ese momento estaba en refacción.

Sin embargo, la idea de una implosión fue descartada por la Corte que ratificó la hipótesis del coche bomba, en base al cráter frente al caído edificio, el hallazgo de varias partes del motor de la camioneta y distintas declaraciones.

La pista sobre la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah, se sostuvo en distintos cables de la Embajada Argentina en el Líbano de febrero de 1992 referidos a las repercusiones de la muerte violenta de Abbas Musawi, secretario del Hezbollah, su esposa y un hijo de ambos, según explicó la propia Corte Suprema a través del ex secretario penal Esteban Canevari.

El tribunal dio por acreditado que la propia agrupación se había atribuido la responsabilidad en el hecho al día siguiente de ocurrido mediante la publicación de una solicitada en el diario An Nahar de Beirut, El Líbano. Además, las declaraciones de diplomáticos argentinos en aquel país ratificaron aquella información.

En ese contexto, bajo el viejo Código Procesal Penal, la Corte Suprema procesó a Imad Mughniyah, lo llamó a indagatoria y ordenó su captura internacional. Es que según información brindada por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, por el Gobierno de la República Federal de Alemana y por la SIDE, Mughniyah dirigía el aparato de seguridad central y exterior del Hezbollah y era el responsable de la Jihad Islámica al momento de cometerse el atentado.

La investigación profundizó en los vínculos entre el Hezbollah y personas sospechosas que desarrollaban actividades supuestamente comerciales en la zona conocida como “Triple Frontera”. Ahí aparece la figura de Samuel Salman El Reda Reda, también investigado en la causa por el atentado a la AMIA.

De acuerdo a la causa de la Embajada, durante 1992 un hermano suyo, José Salman El Reda Reda, había sido detenido y procesado por la justicia federal de Rosario por habérsele secuestrado una importante cantidad de dólares falsificados – conocidos como “superdollares”, que financiarían actividades terroristas. La Corte Suprema ordenó también la captura de José Salman El Reda.

Otra de las pistas que abordó la investigación, sobre investigación de la entonces SIDE, apuntaba al reporte de organismos de inteligencia de otros países. Allí se indicaba que en junio de 2001 se detuvo en el Reino de Jordania a Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, agente operativo del Hezbollah, quien habría relatado que en 1991 viajó a San Pablo y que a principios de 1992, en Foz de Iguazú, recibió explosivos que transportó a la Argentina en ónmibus -disimulados en cajas de alimentos-. Esos explosivos, dijo, fueron utilizados para el atentado contra la Embajada de Israel. Para chequear esta información se libraron oficios a las distintas fuerzas de seguridad, exhortos a distintos países y oficios a organismos de inteligencia. No hay certezas sobre esa versión.

Tampoco se pudo acreditar lo dicho por el famoso testigo “C” de la causa AMIA, cuando aludió a Jaffar Saadat Ahmad Nia, señalado como un diplomático iraní que sería encargado de la logística en actos de terrorismo. Era agregado civil en la Embajada Iraní en Brasil entre el 8 de junio de 1991 y el 28 de diciembre de 1993. Esos indicios señalaban que habría visitado ó Argentina entre el 16 y el 18 de marzo del 92, pero la información terminó desmentida.

En 2006, el padre de una de las víctimas, Carlos Susevich, hoy fallecido, se presentó como querellante y pidió que el delito fuera declarado imprescriptible. La Corte no hizo lugar a este planteo pero sí reafirmó que la causa seguirá abierta mientras se busque a los sospechosos. Y el 20 de diciembre de 2006, reiteró las órdenes de captura internacional de Imad Mughniyah y José Salman El Reda.

Según notas periodísticas, Mughniyah habría fallecido el 12 de febrero de 2008 en un atentado en Damasco, por el estallido de un coche bomba. Su fallecimiento habría sido confirmado con la copia del acta de defunción que Interpol remitiera a la UFI AMIA, que fuera luego aportada al caso de la Embajada.

El estado de la causa tomó relevancia cuando en 2015, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó públicamente saber en qué estado estaba el expediente. Aquella exigencia de la hoy vicepresidenta llevó al entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti a señalar: “En la causa de la Embajada de Israel hubo una sentencia en el año 1999, es decir mucho antes de la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó quienes eran los culpables. Y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la Yihad Islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos como tribunal modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada”.

La frase de “cosa juzgada” hizo pensar que el caso estaba cerrado, pero días después el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó una aclaración, con la descripción de lo que había sucedido en la causa y ratificaba que la investigación seguía abierta. Seis meses después, la Corte reiteró la captura de El Reda Reda y ordenó la captura internacional de Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman. Además, solicitó desclasificar los archivos de la ex SIDE sobre la investigación del primer ataque del terrorismo, algo que fue firmado por CFK.

Desde entonces, la investigación por el atentado contra la Embajada no ha generado más avances. La sensación de impunidad rodea a los sobrevivientes. Hoy, las víctimas serán recordadas en un nuevo acto homenaje, que renovará los reclamos de Justicia.

 

Estas fueron las víctimas de aquel atentado:

Lezcano de Albarracín, Escorcina. Argentina. Alojada en el Hogar San Francisco de Asís.

Arlia de Eguía Seguí, Celia Haydee. Argentina. Alojada en el Hogar San Francisco de Asís.

Baldelomar Siles, Carlos. Albañil. Argentino de origen boliviano.

Ben Rafael, David Joel. Diplomático Israelí. Ministro Consejero de la Embajada. Casado con dos hijos.

Ben Zeev, Eli. Diplomático Israelí. Agregado de la Embajada. Casado con dos hijos.

Berenstein de Supaniky, Beatríz Mónica. Argentina. Casada con una hija. Empleada administrativa de la Embajada.

Brumana, Juan Carlos. Argentino. Presbítero de Mater Admirabilis.

Cacciato, Rubén Cayetano Juan. Argentino. Conductor del taxi Ford Falcon que circulaba por Arroyo.

Carmon, Eliora. Israelí. Esposa del Consejero y Consul Danny Carmon. Madre de 5 hijos. Empleada Administrativa de la Embajada.

Droblas, Marcela Judith. Argentina. Empleada administrativa de la Embajada. (Secretaria del Agregado Cultural, Rafael Eldad)

Elowson, Andrés. Argentino. Peatón

Lancieri Lonazzi, Miguel Angel. Uruguayo. Peatón.

Leguizamón Aníbal. Paraguayo. Plomero

Machado Castro, Alfredo Oscar. Argentino de origen boliviano. Albañil.

Machado Castro, Freddy Remberto. Boliviano. Albañil.

Mandaroni, Francisco. Italiano. Plomero.

Meyers, Francisca Eva Elisa. Argentina. Alojada en el Hogar San Francisco de Asís

Quarin, Alexis Alejandro. Argentino. Peatón

Saientz, Mirta. Argentina. Empleada administrativa de la Embajada. (Secretaria del Embajador, Dr. Izthak Shefi)

Sherman de Intraub, Raquel. Argentina. Empleada administrativa de la Embajada.

Fuente: Infobae