¿Y si la Corte ordena sancionar una nueva Ley de Coparticipación?

“La suposición es la madre de todas las cagadas”. La frase sirve para la vida pero oída en el cuarto piso del Palacio de Tribunales debe ser enmarcada en dos expedientes de actualidad con alto voltaje político y sobre el que encaja a la perfección esa “máxima”. La cautelar que solicitó la Ciudad de Buenos Aires por la detracción de un porcentaje de la coparticipación que le dio Mauricio Macri para la transferencia de las comisarías porteñas y la inconstitucionalidad del actual formato del Consejo de la Magistratura que avanza a los tropiezos a su fecha límite de caducidad, el próximo 16 de abril. En ambos hay una característica común: nadie sabe qué decisión tomará la Corte Suprema.

Con los puentes quebrados (hace rato) entre el Gobierno y la cabeza del Poder Judicial nadie se atreve siquiera a preguntar y las averiguaciones son infructuosas sobre el destino de los expedientes en trámite. La suposición dentro del oficialismo de que la Corte se inclinaría por darle la razón a Horacio Rodríguez Larreta en el reclamo cuando este mes se agote el tiempo extra que concedió el máximo tribunal para que haya una mesa de negociación bilateral, empujó a una jugada política. El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro –que es el enlace con el caso en la Corte- reunieron esta semana a 19 gobernadores para apuntalar su postura y convertir la discusión en una reedición del choque entre unitarios y federales. Esa gestualidad fue acompañada con la advertencia de algunas provincias de que podrían acudir a la Corte si le da la razón a la Ciudad y deben reintegrarse los fondos, con un taxímetro imparable que ya marca los $120 mil millones desde diciembre 2020. La carta que acercó De Pedro a la mesa de Entradas de Talcahuano 550 puso en papel ese reclamo.

En pasillos judiciales tuvieron una mirada contrapuesta sobre el movimiento, al que consideraron un error táctico que parte de un supuesto que podría no reflejarse en el expediente. Y es que el 26 de abril fenece el plazo de la negociación bilateral, lo que disparará que la Corte se avoque a definir –primero- la medida cautelar que solicitó Ciudad. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo? Menos. “No se fía”, es lo único que escuchan del lado de tribunales acerca de algún anticipo.

En ese contexto, madura una opción donde la política ha exhibido su fracaso. La Ley de Coparticipación data de 1988, varios años antes, incluso que la Ciudad de Buenos Aires fuera dotada de su autonomía y con la promesa de una actualización que nunca se dio. Sería la salida más institucional sobre la cual la actual norma arrastra desigualdades, discrecionalidad y permanente tensión entre los distritos, siempre necesitados. Si es el epílogo, nadie podría sorprenderse: durante la audiencia de conciliación del pasado 10 de marzo, el presidente de la Corte Horacio Rosatti deslizó, como al pasar, una reflexión al finalizar el encuentro. Fue la imperiosa necesidad de una nueva Ley de Coparticipación, además de completar el proceso de autonomía porteña. No se sabe cuál de las dos es más difícil en este contexto de crispación política. Son del tipo de soluciones institucionales de convocatoria al consenso de los poderes representativos del Estado que siempre entusiasman a los dos exconvencionales constituyentes, hoy ministros de la Corte.

El otro asunto candente y con iguales interrogantes aparece con otras urgencias: qué va a pasar el 16 de abril cuando caduque el actual formato de 13 miembros del Consejo de la Magistratura y no se vislumbre ni una nueva ley votada por el Congreso, ni una pacífica designación de los 7 miembros vacantes para completar el esquema de 20 integrantes. Para la Corte “silenzio stampa” hasta el 15 de abril cuando se reevalúe la situación al filo del plazo es solo una manera de estirar el misterio para que nadie anticipe un eventual desembarco en el órgano de selección y remoción de jueces.

El 7 de abril los jueces elegirán a una representante, en una campaña con chispazos pero sin escándalo. Dos días antes –el 5- será el turno para que los abogados voten en todo el país con el seguro resultado de que asuman Jimena de la Torre y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez para ocupar dos plazas en juego.

El caso de De La Torre es bien paradojal porque enrolada en la lista “Abogacía para la Independencia Judicial es la más destacada exponente de lo opuesto. Tal como reveló Ámbito fue el propio Mauricio Macri el que la nominó como cabeza de lista sin la más mínima objeción de sus socios de Juntos por el Cambio. Su pasado como ex N°2 de la AFIP en tiempos de Leandro Cuccioli no es lo que le redituó mayores chances pero sí su experiencia en aprovechar ese rol para convertirse en uno de los enlaces del macrismo con los tribunales en la articulación que requería la AFIP para apuntalar causas judiciales de interés político. Venía de como jefa de Gabinete de la UIF con Mariano Federici y con el cambio de gobierno recaló en el despacho de Cristian Ritondo. Desde allí, fue una de las espadas para embestir contra la actual titular del organismo Mercedes Marcó del Pont cuando desistió de la querella en el caso Oil Combustibles, luego de confirmarse el cúmulo de irregularidades que rodearon la construcción de la prueba en el juicio oral. La señaló por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario por haberse retirado del juicio penal y civil.

Sin embargo, como subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, la propia De la torre firmó el desistimiento de dos querellas en causas de narcotráfico. El 26 de octubre de 2018, María Isabel Jimena de la Torre autorizó el desistimiento de la AFIP en la causa “Larenas Eduardo Enrique s/lavado de activos y averiguación de contrabando de estupefacientes” que tramitaba en el juzgado Federal de Lomas de Zamora. Era un caso pintoresco que involucraba a un luchador de artes marciales mixtas, la contratación de sicarios e inversiones en Nordelta sospechadas de lavado. Ese mismo día, De la Torre dio de baja la participación de AFIP en el caso “García Rivera Jaime Eduardo y otros s/ infracción Ley 23.737 y art. 278”, que tramitaba ante el fuero federal de La Plata. Esa causa se inició en 2013, a partir de un sonoro operativo de decomiso de 250 kilos de cocaína escondida en muebles antiguos. Se conoció como “Luis XV”. Al parecer, los desistimientos de AFIP como querella no fueron tan inhabituales.

Posicionada como “el azote” a los jueces federales, De la Torre tiene garantizado su sitio en el nuevo Consejo pero en tribunales ya la visualizan como una “cruzada” con un rol distinto a los anteriores: marcar de cerca a los jueces con causas que preocupan al macrismo. La interna oficialista le jugó de aliada. Algunos sectores del kirchnerismo se interesaron recién el viernes por la elección que se definirá mañana.

Con todo, las apuestas giran en torno al rol que tendrá la Corte a partir del 16. El máximo Tribunal ya habló en un fallo el 16 de diciembre de 2021. Se resguardó para la definición final y con el panorama establecido. El 18 de abril está anunciada la elección de los académicos, fuera del plazo pero con preaviso. No existe novedad desde Diputados ni de Senadores que jugaron al mutismo durante todo el proceso. El amague de una nueva ley, como se expresó en estas líneas, choca con dos realidades distintas. En el Senado buscan aprobar el proyecto de 17 –sin la Corte- que bajó del Gobierno. En Diputados el panorama es opuesto. Con la oposición abroquelada, la mejor perspectiva para los oficialistas es negociar que la Corte ingrese pero no presida el Consejo. Llamó la atención el tweet de Roberto Lavagna de ayer dejando en claro que para él es “natural” que el órgano sea presidido por el titular de la Corte. El bloque de Consenso Federal que le responde en Diputados era una de las apuestas de negociación que tenía el oficialismo para evitar tener a la Corte sentada en el Consejo. Muy difícil.

¿Podría la Corte tomarle juramento a los miembros electos y desembarcar a partir de esa fecha con 18 de los 20 integrantes? La ley reinstaurada por el fallo fijaba el quórum en 12 miembros presentes. Le sobra.

* Para www.ambito.com