Juntos por el Cambio presiona al oficialismo para respetar el fallo de la Corte y conformar el Consejo de la Magistratura

La reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por la Corte Suprema suma cada día nuevos capítulos que enfrentan a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos, que tienen posiciones distintas sobre cómo debería conformarse el organismo que designa y remueve jueces. Según el fallo del máximo tribunal, que anuló la conformación actual, antes del 15 de abril el Congreso debía sancionar otra ley para definir los integrantes del cuerpo y, de no hacerlo, se deberá volver a la de 1997, con 20 miembros y presidida por el titular de la Corte.

La principal diferencia entre el oficialismo y la oposición pasa por la inclusión de la Corte Suprema. El Frente de Todos presentó un proyecto -que obtuvo media sanción en el Senado- que dejaba afuera al máximo tribunal, mientras que Juntos por el Cambio hizo lo propio -nunca se debatieron- avalando que Horacio Rosatti esté al frente del cuerpo.

Sin embargo, el plazo no se cumplirá -Germán Martínez, presidente del bloque oficialista en Diputados anticipó que los tiempos eran cortos- y, según lo fallado por el máximo tribunal, se deberá volver a la vieja conformación. Aunque surgió un obstáculo que aún no se sabe cómo impactará: un juez federal de Paraná hizo lugar a una medida cautelar del kirchnerismo para frenar las designaciones de los representantes parlamentarios.

Ante esto, Juntos por el Cambio aceleró su jugada y presionará al Frente de Todos para que se designe a los miembros del Congreso, uno de los últimos lugares que faltan llenar. La semana pasada se eligieron las dos abogadas y la jueza que formarán parte del nuevo Consejo tras el fallo de la Corte Suprema. La “Lista Bordó”, que llevaba a la jueza civil Agustina Díaz Cordero, ganó las elecciones de los jueces. En los comicios de abogados se impuso Jimena de la Torre, la candidata de Juntos por el Cambio, con la “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial” por sobre María Fernanda Vázquez, de la “Lista 2. El cronograma electoral se completará el lunes 18 de abril cuando en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se haga la elección con colegio electoral para elegir a una representante.

Según hicieron trascender desde la oposición, Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, elevará a Sergio Massa, titular del recinto, el nombre de la representante de la bancada radical para el Consejo de la Magistratura. Lo mismo hará el presidente del Bloque de Senadores del PRO, Humberto Schiavoni, ante la titular del Senado, Cristina Kirchner. Los legisladores elegidos por ambos bloques son la diputada Roxana Reyes (UCR- Santa Cruz) y el senador Luis Juez (PRO - Córdoba).

La ley de 1997 establece cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Para cumplir con la integración original, tanto Diputados como el Senado deben designar un legislador consejero por el bloque que representa la segunda minoría, que son el radicalismo en la Cámara baja y el PRO en la Cámara alta.

Previo a esto -y al fallo del juez de Paraná-, el kirchnerismo ya había avisado que desconocería la decisión de la Corte e intentaría bloquear la conformación del Consejo. Oscar Parrilli, espada del cristinismo en el Senado, sostuvo en diálogo con Infobae: “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura. Es de una gravedad institucional inusitada. Así como la Corte Suprema de 1930 convalidaba golpes, ahora lo hacen Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos personajes que aceptaron asumir por decreto y que hicieron la vista gorda durante todo el macrismo”.

Las consecuencias de esta situación aún se desconocen, pero, de mínima, significan una crisis institucional sin precedentes ya que el Consejo de la Magistratura entrará en una parálisis. Sin embargo, el cuerpo tendrá este miércoles un plenario clave para apobrar un reglamento especial para seguir funcionando. En el organismo entienden que la nulidad que plantea la Corte Suprema si no se integra es para los temas que se traten en el plenario: concursos de jueces y acusación de magistrados.

Pero del análisis del fallo se sostiene que el resto del trabajo no queda involucrado. Por eso preparan el reglamento especial. Sobre todo para que no trabe la administración del Poder Judicial, otras de las funciones del Consejo. Preocupa el pago de salarios, la compra de insumos y las licitaciones urgentes. Con ese reglamento quedará saldado.

El Consejo también prevé aprobar otra reglamentación. Es para las elecciones de jueces y abogados para la renovación del organismo de noviembre, cuando venzan los actuales mandatos. Ante la posibilidad de que el organismo quede paralizado hasta esa renovación, en el cuerpo ya prevén el reglamento para esas elecciones.

Con información de www.infobae.com