Desde Rosario, la Corte Suprema tiró la pelota narco al campo del Gobierno

POLÍTICA Por Omar LAVIERI
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, fue el primero en hablar en el Encuentro de Jueces Federales que se realizó ayer en Rosario, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico pero no la única. Rosatti abrió su exposición y pidió un minuto de silencio por el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investigaba narcotráfico en Paraguay y fue asesinado en Colombia.

El silencio recordó que para la realización del Encuentro Solidario con la justicia rosarina, se cortó el tránsito en cercanías de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario donde se realizó la reunión organizada por la Asociación de Jueces y Juezas Federales (AJUFE). Decenas de efectivos de la Policía Federal junto con otros tantos de la Policía de Santa Fe fueron afectados a un enorme operativo de seguridad. Es que horas antes de que se realizara el encuentro, habían circulado por redes sociales advertencias de posibles balaceras -algo habitual en Rosario- en la zona cercana a la Facultad de Derecho. Nada de eso sucedió. Pero la invocación por parte de Rosatti del fiscal Pecci dio pie a la inclusión de la palabra miedo en los discursos.

Rosatti dijo que la “falta de coordinación entre los que deben investigar es funcional al crecimiento del delito” y reclamó al poder político nacional que se cubran las vacantes que hay en la justicia federal de Santa Fe. “No se puede declamar que se combate al narcotráfico y no cubrir las vacantes existentes ” dijo el presidente de la Corte. Para después explicar que cerca del 50 por ciento de los cargos de la justicia federal de Santa Fe-encargada de investigar el narcotráfico-está vacante.

El juez señaló que “La generación y administración del miedo y la infiltración son fórmulas del crimen organizado y ante el miedo decimos: ´acá estamos´”. Lo dijo en Rosario donde las muertes como consecuencia de las disputas entre bandas de narcotraficantes son moneda corriente. También habló de lo que sucede en las cárceles federales que dependen del ministerio de Justicia de la Nación: ”No se puede permitir que la cárcel controle la calle. Hay que hacer inteligencia inteligente en las prisiones y dentro del marco democrático para que eso no suceda”. También pidió establecer “De qué lado está cada uno a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Estamos del lado de la ley y hay que hacer notar están del otro lado”.

La organización de la reunión fue motorizada por el presidente de AJUFE, el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán y el juez federal de la Capital Ariel Lijo, secretario de la asociación que nuclea a los jueces y juezas federales de todo el país. No solo lograron que asistieran los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no que además de Rosatti, habló Ricardo Lorenzetti. A lado de los dos disertantes se sentaron en el estrado Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Y un poco más allá se ubicó Eduardo Casal, a cargo de forma interina de la Procuración General de la Nación.

Lorenzetti recordó haber firmado como juez de la Corte Suprema de Justicia en 2009 el fallo Arriola que despenalizó la tenencia de droga para consumo personal, en el que se conminaba al Estado a crear una política para combatir el narcotráfico. Lorenzetti reclamó porque hace “más de una década que no hay políticas de Estado”. Coincidió con Rosatti en cuanto a la crítica al sistema carcelario “que permite que delincuentes condenados sigan trabajando desde adentro de los penales”. Lorenzetti propuso la creación de una Agencia interdisciplinaria para combatir el narcotráfico. La idea del juez de reunir a todos los actores de la lucha contra el narcotráfico en un mismo lugar es evitar que cada uno haga cosas en compartimentos estancos. “Este es un problema que no se soluciona de a partes, debemos .unirnos para que haya una mirada única sobre un delito que abarca todo el país”, agregó.

En el auditorio estuvieron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. También los senadores nacionales santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpín. Los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación escucharon las exposiciones. Estaba Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y también Graciela Camaño. Junto a Diego Marías, Jimena de la Torre, Juan Manuel Culotta, Silvia Giacoppo, Pablo Tonelli y Diego Molea, entre otros. El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques y el director de la Dajudeco, Juan Tomás Rodríguez Ponte, acudieron a la reunión. El secretario de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, también estuvo en el encuentro.

Luego de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia hablaron aquellos que en sus despachos tienen causas de narcotráfico todos los días. Javier Leal de Ibarra, juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, destacó que en sus 40 años en como integrante del Poder Judicial:“Nunca había visto una reunión de jueces así”. Es que la convocatoria fue muy grande y asistieron jueces de todas las instancias y de buena parte del país. “Solo la acción conjunta nos va a sacar de esta situación” dijo Leal de Ibarra en una convocatoria al diálogo con los otros poderes del Estado.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña fue enfático al leer una acordada firmada por los integrantes del principal tribunal en materia penal del país. La acordada señala que los integrantes de Casación se solidarizan con los funcionarios judiciales amenazados ante:“La grave escalada de inseguridad que indebidamente deben soportar quienes tienen confiado el deber de administrar justicia, en particular en jurisdicciones en las que el narcotráfico y el crimen organizado se han extendido de manera alarmante”. Barroetaveña subió el tono de voz y dijo en nombre de los colegas de las zonas más conflictivas: ”Basta”.

De la Casación estuvieron además de Barroetaveña, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani. Hasta Rosario viajaron los camaristas federales de la Capital Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Y el integrante de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas.

Una de las exposiciones más contundentes fue la de Aníbal Pineda, vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario. El juez agradeció a los jueces que habían ido desde lejos a Rosario y renarcó que la reunión de AJUFE era un apoyo también para los integrantes del Poder Judicial de la provincia. Habló de falencias estructurales que trascienden a los colores partidarios de los partidos que gobiernan: “Hace 43 años que no se crea un fiscalía federal en Rosario, hace 43 años que no se crea un juzgado federal en Santa Fe. Sobre 28 cargos que corresponden a la jurisdicción de Rosario hay diez vacantes, eso se traduce en subrogancias en lugares que quedan lejos y tienen el doble de tareas”. Pidió que los otros poderes del Estado arreglen las falencias estructurales. Y se comprometan independientemente de si son oficialismo u oposición. “Sin un plan común a todos los partidos mayoritarios de la provincia para un abordaje integral del problema no habrá solución. Porque el enemigo crece en poder cuando nosotros nos hacemos más raquítico. Hay que salir de la grieta y crear un plan de seguridad de largo plazo que trascienda a los mandatos de los presidentes, gobernadores e intendentes”. Pineda dijo que “no alcanza con condenar a los que cometen delito, el Estado tiene que tener una mirada amplia y que aborde políticas de salud y de educación. El poder del narco es millonario, compra armas, contrata sicarios y le disputa poder al Estado. Le disputa poder al ministerio de Seguridad con las balaceras y la venta de protección a los comercios, pero también al ministerio de Desarrollo Social porque dan asistencia en los barrios carenciados”.

Lo escucharon con atención los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, Maria Angelica Gastaldi y Roberto Falistoco y el fiscal general Jorge Baclini.

Después de Pineda y en nombre de la Asociación de Fiscales (AFFUN) habló el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos. El fiscal salteño señaló que: “las bandas que quieren sustituir al Estado y que el narcotráfico invierte muchísimos recursos en su impunidad. La sociedad nos exige respuestas no le importa si se ocupa de eso la justicia federal o la provincial”. El fiscal especializado en narcotrafico Diego Iglesias y el fiscal a cargo de la fiscalía antilavado (Procelac) Diego Velasco estuvieron en Rosario como también la fiscal ante los tribunales orales federales Fabiana León.

El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, por su parte explicó que hay quienes sugieren que se debe dejar a las bandas que se disputen a tiros los territorios para vender droga: “Déjenlos que se maten entre ellos, dicen con racismo, pero eso implica que el Estado cede su lugar y abandona su lugar”. Agradeció la realización de la reunión en la ciudad y dijo que Rosario “nunca estuvo tan cerca”.

Lo escucharon otros jueces y juezas de las jurisdicción más sacudida por el narcotráfico. Estaban los juces de Tribunal Oral German Sutter, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, los camaristas federales Elida Vidal y Guillermo Toledo, los juces federales Sylvia Aramberri y Marcelo Bailaque y el fiscal fedral Claudio Kishimoto.

Karina Perilli, juez de un Tribunal Oral en lo Penal Económico recordó que:“ Hace falta voluntad política para designar jueces y juezas porque hay un 27 por ciento de vacantes tribunales orales federales” que son los que juzgan a los involucrados en casos de narcotráfico. Dijo que el problema afecta “a toda la sociedad y produce corrupción política, policial y judicial”.

Los jueces de Tribunal Oral Federal de la Capital Sabrina Namer y Fernando Machado Pelloni asistieron a la reunión al igual que el juez de Tribunal Oral en lo Penal Económico Jorge Zabala. También estuvieron los jueces en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola.

Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, Misiones, pintó un panorama en su jurisdicción tan complicado como el que se vive en Rosario. “Si no hacemos algo en la jurisdicción de frontera donde está mi juzgado en diez años tendremos una situación más grave que la que ahora vemos en Rosario”. Habló de la falta de recursos, de la escasez de personal y de la ausencia de colaboración para investigar causas complejas de lavado producto del narcotráfico. Contó que en los primeros 90 días del 2020 se incautaron en la zona 45.000 kilos de marihuana y que se detectaron la presencia de bandas de Brasil que se afincaron del lado argentino de la frontera. En el juzgado de Eldorado hay nueve procesos de extradición de delincuentes brasileños que forman parte de bandas como el Primer Comando Capital (PCC). Guerrero habló del fiscal paraguayo asesinado en Colombia con quien trabajó en conjunto en algunos casos.

Estaban en el auditorio el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, el de Paraná, Leandro Ríos y el de Victoria, Federico Martín. Y también Pablo Morán, juez federal de Formosa, Walter López da Silva, juez federal de Bahía Blanca y Elpidio Portocarrero, juez federal de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Una fila más allá en el auditorio estaban Santiago Inchausti, juez federal de Mar del Plata, Adrián González Charbay, juez federal de Campana, Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata y Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro.

Alicia Vence, jueza federal de San Martín, dio un pantallazo de cómo funcionan las bandas en el Conurbano bonaerense en donde dijo: “Se replica lo que sucede en Rosario. Las bandas tienen poder económico y dominan el territorio. Tienen redes de contención que les permite llegar a la gente más vulnerable y las bandas reemplazan al Estado. Y las bandas tienen cobertura de funcionarios de la policía”. Coincidió con otros oradores en que: “Las bandas siguen operando desde las cárceles por más que estén en Chaco o Río Gallegos”. Y recordó como un ejemplo de la vulnerabilidad que existe en el Conurbano las imágenes de las personas que se intoxicaron con droga adulterada durante el verano.

Desde el edificio de Comodoro Py fueron a Rosario los jueces federales Sebastián Ramos, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi y Julián Ercolini.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bortolacci y el decano de Derecho, Hernán Botta oficiaron de anfitriones y hablaron de la colaboración de la universidad pública en los asuntos judiciales. Botta destacó la presencia de varias personas de la actividad universitaria local y nombró especialmente al presidente del Centro de Estudiantes, Juan Cruz Spizzo.

Morán cerró el encuentro con un sentido agradecimiento a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a Casal, jefe de los fiscales federales que investigan casos de narcotráfico. Luego hubo un lunch, charlas informales y la foto que reunió a los jueces de la Corte Suprema con buena parte de los jueces federales que se hicieron presentes en Rosario. Hubo que esperar a un uno de los jueces de la Corte que estaba en otro piso de la Facultad porque los organizadores querían que estuvieran todos, que no faltara nadie en esa foto que se convirtió en un gesto político relevante. La foto fue lo que marcó el final del encuentro.

Fuente: Omar Lavieri para Infobae

Título: Redacción

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