Nicaragüenses aprenden a nadar para no ahogarse en el intento de llegar a EE UU

INTERNACIONALES 19 de mayo de 2022 Por Wilfredo MIRANDA
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Al ver su hijo con el agua por debajo de la cintura, firme, sin tambalearse sobre las piedras del lecho ni por la corriente, Pablo Cuevas descartó usar la manila de 60 metros que había comprado para cruzar el río Bravo junto a su familia, porque iba a resultar un estorbo más que una herramienta útil en su intento desesperado por llegar a la orilla estadounidense.

—¡Papaaaaá! Está tranquilo el río— gritó el joven de 22 años desde unos 30 metros alejado de la orilla. Ante la llegada inminente de agentes mexicanos o estadounidenses, el hombre soltó la cuerda, abrazó muy fuerte a su nieto de 5 años y se internó en las aguas. Era media mañana del 17 de abril, hace menos de un mes. El río Bravo —un caudal “traicionero” aseguran los migrantes que han podido cruzar para contarlo— estaba manso para suerte de esta familia que huyó de Nicaragua por el oficio del padre: Pablo Cuevas es un reconocido abogado defensor de derechos humanos en su país.

Acostumbrado a situaciones tensas por sus encontronazos con grupos y policías de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Cuevas disimuló el miedo de lanzarse al río para que su esposa, su nuera y su otro nieto no perdieran el temple que tanto habían meditado y ensayado durante los cuarenta días que duró el trayecto hasta Ciudad Acuña, en Coahuila, atravesando Centroamérica y México, por el mismo camino poblado de robos, secuestros, extorsión, cansancio, hambre y muerte que han seguido otros 49.738 nicaragüenses solo en el primer trimestre de 2022, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El número más grande de exiliados de este país que han buscado cruzar esa frontera en la historia reciente.

La primera semana de marzo, en su casa de Managua, Cuevas había tomado la decisión de sumarse a este éxodo sin precedentes que escapa de la violencia política y la precaria situación económica que atraviesa Nicaragua desde 2018, tras las protestas sociales que fueron reprimidas con brutalidad por policías y paramilitares. Una crisis sociopolítica que se ha agravado desde junio de 2021, cuando los Ortega-Murillo profundizaron la cacería de opositores que facilitó la reelección y perpetuación en el poder de la pareja presidencial.

“Antes de que el gobierno cerrara la CPDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos)”, dice Cuevas —en referencia a la última organización defensora que quedaba en funcionamiento Nicaragua—, “recibí amenazas y mensajes intimidatorios. Alguien del gobierno me dijo que mejor me fuera... Nunca he sido un defensor de escritorio, siempre he andado en los territorios, pero ya no podía ejercer con libertad y mi esposa tenía crisis nerviosas pensando que me podían arrestar en cualquier momento. Entonces decidimos irnos, y la ruta a través del río Bravo nos pareció la mejor, después de analizarla con muchos usuarios que tuve y que ya habían cruzado a Estados Unidos”, relata a EL PAÍS.

El mayor temor de la familia Cuevas era ahogarse en el río. Entre marzo y abril de 2022, las noticias de nicaragüenses muertos en esas aguas conmocionaron al país: 10 personas registradas solo por la Asociación de Nicaragüenses en México, aunque hay otras entidades que cifran el número en 14, como la ONG Comunidad Nicaragüense en Texas (TNC, en inglés). Casos como el de una niña de cuatro años arrastrada por la corriente o el ahogo más reciente, el 1 de mayo, de Calixto Nelson Rojas, locutor de Radio Darío, un emisora que fue quemada y atacada por el régimen sandinista. La muerte del comunicador en Piedras Negras fue grabada por un reportero de Fox News: sucedió ante la vista de agentes fronterizos estadounidenses y mexicanos, quienes no lo auxiliaron porque lo tenían prohibido, mientras Rojas balbuceaba por ayuda al no poder mantenerse a flote y terminó engullido por la corriente. La razón para no salvarlo fue que, supuestamente, semanas atrás un agente de la Patrulla Fronteriza se ahogó por tratar de rescatar a dos migrantes.

Cuevas, un hombre informado por su trabajo como defensor de derechos humanos, sabía del peligro de cruzar el río. “Comenzamos a hacer ejercicios de introspección con la familia, a recordar una de nuestras giras de camping al mar en Nicaragua, en específico una vez que una bocana —un paso estrecho del mar— se vaciaba y nos arrastró, pero pudimos nadar y salvarnos”, narra el abogado ahora desde Florida, donde ha empezado una organización para ayudar a otros migrantes nicaragüenses. “Entonces le decía a la familia que recordaramos cómo enterrar los pies firmes para poder cruzar el río”.

Los Cuevas pudieron cruzar, sin cuerda y sin salvavidas, confiados en su experiencia previa. Sin embargo, unos 3.000 kilómetros al sur del río Bravo, en Nicaragua, decenas que han decidido irse del país y no saben ni bracear ni flotar toman precauciones antes de partir hacia el norte: se apuntan a las clases de natación de Mario Orozco.

‘Sé que es un río peligroso’

Sin mayores visos de resolución de la crisis sociopolítica, Nicaragua se ha vuelto un país en fuga. Solo en 2021, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró que 87.530 nicaragüenses trataron de ingresar por la frontera sur sin documentos. El aumento exponencial ocurrió a partir de junio, cuando los Ortega-Murillo apresaron a todos sus adversarios y cerraron la posibilidad de una resolución al conflicto a través de elecciones transparentes. Si uno pregunta en Nicaragua cuál es la mejor decisión ante este panorama, la mayoría, en especial jóvenes, responden lo mismo: irse. Las travesías migrantes salen de madrugada de algunas gasolineras de Managua, mientras otros que se sienten perseguidos políticamente, como Pablo Cuevas, lo hacen de forma clandestina por la frontera hondureña.

Las cifras de la Patrulla Fronteriza de enero a marzo de este año dimensionan este éxodo en auge: 70.066 nicas se han entregado a sus agentes. “Pero hay un subregistro”, dice la Asociación de Nicaragüenses en México. La dinámica migratoria desde este país, impulsada por la violencia política que ha agravado males endémicos (economía precaria y falta de empleo), ha cambiado. En 2018, al menos 120.000 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica. La pandemia sumió a los ticos en una crisis de desempleo y los nicaragüenses reconfiguraron su rumbo de huida. Primero porque Costa Rica está colapsado y segundo porque las promesas migratorias de Joe Biden fueron interpretadas como una mayor flexibilidad.

De pronto, las caravanas en las que antes predominaban los hondureños y salvadoreños comenzaron a ser encabezadas por nicaragüenses, quienes ahora son también presa de las mafias en la ruta. Entre los que se preparan para huir del país, cruzar el río Bravo se volvió la mejor opción, a sabiendas de los peligros de sus aguas. Por eso el post en Facebook del nadador profesional Mario Orozco ofreciendo clases gratis se hizo viral en Nicaragua.

Orozco asegura que algunas amistades suyas se ahogaron en el río Bravo y eso lo conmovió. “Soy un nadador profesional, conozco las técnicas para nadar en aguas abiertas. Así que tomé uno de mis días libres para dar clases y evitar estas tragedias”, dice, y remarca que lo suyo es una labor humanitaria y no política. El nadador es escueto y prefiere no ahondar en detalles. No dice por qué pero, para quienes viven en Nicaragua, queda sobreentendido: cualquier cosa que el gobierno sandinista asuma como crítica puede costar cárcel.

La piscina donde Orozco enseña suele estar repleta. Un reflejo de la urgencia por abandonar Nicaragua. “Sé que es un río peligroso”, dice a EL PAÍS Roberto García, un nicaragüense que salió hace algunas semanas del país y está en Tapachula, “preparándose mentalmente” para sortear el río Bravo. “Hay quienes toman clases de natación; yo por ejemplo estoy mirando videos de Youtube, preguntando a otros amigos que ya cruzaron dónde es menos hondo; la corriente menos brava… Tengo miedo, pero la situación es más crítica cuando voy a cruzar con mi hijo”, confiesa García, técnico en refrigeración automotriz que le brindaba servicios a la Corte Suprema de Justicia.

García estuvo preso siete meses por participar en las protestas de 2018 en Nicaragua. Al salir de prisión, su taller nunca pudo reponerse debido al acoso policial y la falta de clientes. Hastiado, decidió migrar. “No quiero ni pensar en el día que voy a cruzar el río con mi esposa y mi hijo. Me desestabiliza. Mi hijo tiene 10 años y solo pienso en él, sobre todo al ver en las noticias a tantos hermanos que se están ahogando… como ese locutor de León. Fue un video horrible. Uno se siente impotente. No quiero un vídeo parecido de nosotros”, dice. Tampoco quiere dejar un último mensaje como el del radialista Calixto Rojas antes de lanzarse a las aguas del Río Bravo: “Hoy salgo para Piedras Negras a la una de la tarde. Mañana a las ocho estoy tratando de cruzar el río”.

Fuente: El País

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