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El Senado vuelve a la actividad y el kirchnerismo apura cambios en la ley de Consulta Popular

POLÍTICA 01/08/2022 David Cayón*
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El próximo miércoles el Senado de la Nación vuelve a la actividad luego del receso de dos semanas y el oficialismo definió avanzar con su agenda. Con el proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema con dictamen y listo para ser tratado en el recinto, ahora el interbloque del Frente de Todos buscará dictaminar otras dos polémicas iniciativas que tienen que ver con la consulta popular.

El miércoles a las 16 está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del senador del oficialismo Guillermo Snopek. El encuentro, que se llevará a cabo en el Salón Illia, reanuda el debate sobre los proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones para las consultas populares y para las iniciativas populares.

La presidenta del bloque, Juliana Di Tullio, y el senador Oscar Parrilli presentaron dos normas que amplían el rango por el cual se habilita la posibilidad de la consulta popular.

El proyecto de Parrilli propone modificar el artículo primero de la Ley 25.432 sobre la Consulta Popular Vinculante y No Vinculante, el cual quedaría establecido como que la Cámara de Diputados “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales.”

También establece que la ley de convocatoria a consulta popular vinculante “deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presente en cada una de las Cámaras”, en lugar de la “mayoría absoluta” como establece actualmente la norma.

Un dato que confirma el porqué de este proyecto se encuentra en los fundamentos que exhibe el senador Parrilli cuando hace referencia a que “lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha sido sometida a la opinión popular”.

En el caso del proyecto que presentó la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, el cambio fundamental tiene que ver con la fecha en la que se podría hacer una consulta popular vinculante ya que lo relaciona con que se realice el mismo día que el acto electoral, algo que hoy está prohibido. Más teniendo en cuenta que el voto es obligatorio y la consulta popular no lo es.

“La posibilidad de realizar en forma simultánea un acto eleccionario con una consulta popular brindará a la ciudadanía la oportunidad no solo de participar en las decisiones que ayudarán a su futuro sino también para conocer el pensamiento y las ideas que tienen los candidatos a los que deben acompañar con su voto”, argumenta Di Tullio.

“La decisión de celebrar en forma conjunta un acto eleccionario y una consulta popular ayudará sin duda a transparentar las posturas y pensamientos de cada uno de los candidatos que se postulan en relación a temas de tanta trascendencia como será la que se someta a la consulta popular de la ciudadanía”, sostuvo.

Plan B

Unos de los anhelos del kirchnerismo es lograr modificar la conformación de la Corte Suprema de Justicia, y la modificación de ley 25432, que regula las consultas populares vinculantes y no vinculante se presenta como una opción, un plan B.

La situación de paridad entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados hace que cualquier proyecto relacionado con modificaciones en la justicia choque de frente con la negativa de los 115 diputados de Juntos por el Cambio, por lo que la opción de una consulta popular para avalar ese cambio se presenta como una salida.

La última -y única- vez que se llevó adelante una consulta popular fue en 1984 en el gobierno de Raúl Alfonsín. Se realizó un plebiscito nacional no vinculante el domingo 25 de noviembre con el fin de que la población vote por el Sí o el No al Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación de la Santa Sede.

 

 

* Para www.infobae.com

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