"Apuntan" contra el fiscal Castellano, en el fondo buscan impunidad

Desde hace un tiempo a esta parte hay una "movida" muy suspicaz que todos los que recorren los pasillos de tribunales lo dicen por lo bajo pero nadie se anima a expresarse por temor a represalias. Es un secreto a voces que los mediocres callan y los acomodaticios festejan. 

Hay quienes necesitan contar un "fiscal amigo" en Rafaela para que les tapen las "fechorías" y para ello es necesario que se genere una vacante. 

El apuntado para esa vacante es el fiscal Martín Castellano, que desde hace un tiempo a esta parte viene recibiendo los ataques de estas usinas de poder y se cuestiona su accionar, que dicho sea de paso no dista en nada del resto de los fiscales que hay en Rafaela.

Seguramente el poder político necesita de más amigos para que al momento de ser investigado el accionar de algunos "peces gordos" que hacen negociados dolosos y que todos sabemos quienes son, sus causas duerman el sueño de los justos.

Lo cierto es que la avanzada en contra del Fiscal Martín Castellano cada vez es mayor y el silencio cómplice de muchos es llamativo y hasta indignante.

Desde R24N vamos a cumplir con nuestro rol de periodistas y no nos vamos a callar, no vamos a permitir que el silencio se apodere y que los inmorales y corruptos se den el gusto de cargarse con un fiscal para en su lugar poner un amigo y obtener las prebendas que siempre buscan, es nuestra obligación, es la pequeña contribución con la Democracia y las instituciones.

Evidentemente a la hora de buscar impunidad, el color político queda de lado y los corruptos quedan bajo un mismo paraguas.

EL CASO

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en el marco de una tensa reunión, tomó la decisión de pedir un expediente de 2020 que señala a un fiscal de la ciudad de Rafaela, por no haberse ocupado de una denuncia sobre el juego ilegal en la cabecera del departamento Castellanos.
Aquella acusación, que pronto cumplirá dos años, fue presentada por el bloque de senadores del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) contra el fiscal Martín Castellano por no haber avanzado con una denuncia contra David Alejandro Perona, que por entonces ya había caído preso por su negocio de apuestas clandestinas. Crónicas periodísticas y fotografías de aquellos días mostraban paredes rafaelinas con pintadas que hablaban de los "Casinos Perona". La denuncia sin avances era de 2017.

 
Senadores y diputados provinciales tienen la potestad legal de revisar la conducta de fiscales y defensores públicos y es la comisión bicameral mencionada la que define si se aboca o no a esa labor, ante denuncias que -en el caso de los fiscales- en general provienen del propio MPA con la firma de la auditora general, María Cecilia Vranicich.

El caso de Castellano es diferente. Fue la bancada que conduce el senador Armando Traferri (PJ-Nes-Castellanos) quien presentó la acusación. Unas pocas semanas después, el jefe del bloque de senadores Juan Domingo Perón ya era parte de las investigaciones de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en el marco de otra causa originada en Rosario tras la detención y separación de sus cargos de dos fiscales (también de esa ciudad) que fueron sorprendidos cobrando coimas de otro empresario del juego ilegal.
Pasando en limpio. Hoy, en resumen, están libres tanto quien pagó como quienes cobraron esas coimas en dólares por un acuerdo judicial de los tres involucrados en colaborar con el avance de la causa: Leonardo Peiti en el primer caso, y los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en el segundo.

En paralelo
En la reunión de este miércoles 27 de la Comisión de Acuerdos se tomaron dos decisiones fuertes. Por una parte se pidió el expediente sobre Castellano (habrá que ver aún si hay o no abocamiento) y por otra -tal como informó El Litoral- se pasaron al archivo las acusaciones del senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) contra sus acusadores, es decir, los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
Es curioso. Entre agosto y diciembre de 2020 la política santafesina vivió bajo una fuerte repercusión pública el pedido de desafuero de Traferri (negado por mayoría especial por el Senado) y también las duras críticas a Castellano por uno de los dos bloques del peronismo que tiene la mayoría en la Cámara alta provincial.
Ahora, con votos que en su mayoría provienen de diputados y senadores opositores, no habrá ninguna revisión legislativa sobre cómo se construyó la acusación contra Traferri (sus escritos describen procedimientos ilegales por parte de los fiscales) y, por otra parte, se reflota un expediente que involucra además de la actuación de un fiscal, a una ciudad de peso simbólico insoslayable.

Con información de El Litoral