Caos vial en Rafaela: Castellano pide un cheque en blanco que el Concejo no se lo debe dar

Resulta alarmante que exista la posibilidad de que el Concejo le apruebe literalmente un cheque en blanco a un intendente que nunca hizo nada para evitar lo que es el caos vial en la ciudad y menos en vísperas de una contienda electoral. Nadie pone en duda, todo lo contrario, que en Rafaela se vive un verdadero caos vial en donde el punto más sensible son los accidentes que diariamente se producen, pero de ahí a darle vía libre a un intendente inepto e inútil, que a lo largom de tantos años nunca supo como solucionar el caos que es el tránsito en Rafaela, es literalmente temerario.

Salvo que existen intereses oscuros e inescrupulosos, resulta imposible pensar que se lo pueda habilitar al Luis Castellano para que con la plata de todos haga lo que quiera a la hora de comprar insumos imprescindibles para solucionar el tremendo caos del tránsito en la ciudad.

Es de esperar que impere la cordura y que del concejo salgan las soluciones y no se malgaste el dinero en ideas alocadas de un intendente que en la materia perdió absolutamente toda credibilidad.

El caos vehicular que se registra en algunos momentos del día, a lo que se suma el creciente número de accidentes y la falta de controles se conjugan para que el tránsito en la ciudad se haya transformado en desordenado y sumamente peligroso.
Es cierto que no es un problema nuevo sino que viene desde hace muchos años, pero en el último tiempo se viene agravando de manera alarmante no solo en el microcentro sino también en distintos barrios de la ciudad y durante gran parte del día, con el triste saldo de numerosos accidentes y fallecidos.
En este marco, el pasado 11 de junio, el secretario de Gobierno y Participación le adelantó a los Concejales que el Gobierno iba a enviar un proyecto de Ordenanza que le permita adoptar medidas para controlar y mejorar el tránsito y bajar la siniestralidad en las calles de la ciudad.
Muriel había concurrido al Cuerpo legislativo a efectos de dar a conocer los resultados del primer trabajo de recopilación y sistematización del Observatorio Vial de la ciudad y, aferrándose a esos datos les solicitó que acompañen al Ejecutivo declarando Emergencia Vial que recibirían en poco tiempo más.

APROBACIÓN
COMPLICADA
“Contar con esta emergencia nos facilitará, por ejemplo, la compra directa de móviles. Ahí tenemos una falencia que ustedes conocen, y no es por tratar de evadir los controles sino por una situación de la economía nacional que no nos permite comprar porque las fábricas no licitan. Necesitamos esa compra directa para todo lo que esté relacionado con la labor de nuestros inspectores. Asimismo, necesitamos incorporar agentes a Protección Vial y Comunitaria, que tiene la misma cantidad que hace 10 años, pero con un crecimiento exponencial de vehículos en el mismo período. Después, tendremos que ver si incorporamos por contrato, si debemos liberar algunos de los existentes y este análisis me gustaría que esté dentro de la emergencia”, dijo el funcionario en aquella oportunidad.
La respuesta de la oposición fue clara y contundente: “la idea es ir saliendo de los esquemas de emergencia y de ahora en adelante se irá, como siempre se lo hizo, habilitando excepciones para la compra directa, analizando caso por caso, pero sin cheques en blanco”.
Por ello, así como está, el proyecto enviado por el Gobierno no tiene demasiadas posibilidades de ser sancionado, sin descartar que, negociaciones mediante y con correcciones de fondo, pueda tener luz verde.

EL PROYECTO
En la argumentación del pedido, el Ejecutivo indica que en atención a que “el estado del tránsito en las calles de la ciudad atraviesa una situación más compleja … resulta indispensable incrementar la disponibilidad y optimización urgente de recursos humanos, legales, financieros, tecnológicos y el funcionamiento eficaz de la institucionalidad vigente, a los fines de dar respuestas a la demanda social.
En virtud de lo expuesto solicita (art. 1) que se “declare la emergencia en materia de Seguridad Vial en la ciudad de Rafaela, durante el período de un (1) año desde la sanción de la presente, el cual quedará prorrogado automáticamente por otro período de tiempo de igual duración, excepto disposición legal en contrario, emanada de este cuerpo legislativo”.
A tal fin, se autoriza (art. 2) al Gobierno municipal “a contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad, mientras dure esta emergencia”.
“Las contrataciones directas autorizadas en el artículo precedente deberán contar con por lo menos dos cotizaciones, a fin de permitir la comparación y selección de las ofertas que resulten más convenientes a los intereses municipales”, especifica en el artículo 3.
En los ítems restantes se determina la forma en que el Ejecutivo deberá convocar a los oferentes “para facilitar la más amplia participación” y se lo faculta “a efectuar la adecuación de partidas presupuestarias necesarias a los efectos de aumentar, profundizar, articular e implementar las tareas de prevención y acciones positivas necesarias para optimizar las condiciones de Seguridad Vial de la ciudad …”.

Con información de La Opinión