Los republicanos cierran filas con Donald Trump y acusan de politización al FBI

¿Qué han encontrado los agentes federales en la mansión de Donald Trump? Esa pregunta sigue sin respuesta. Mientras que el FBI, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca guardan silencio sobre el registro de Mar-a-Lago, los republicanos han salido en tromba a presentar la operación como una maniobra política ilegítima para dañar al expresidente. El registro eleva la temperatura de la olla a presión de la política estadounidense, en la que ha sido un bombazo cuya onda expansiva alcanzará a las elecciones legislativas de dentro de tres meses y, muy probablemente, a las presidenciales de 2024.

Trump parecía ya más que dispuesto a entrar en la carrera presidencial, pero las personas más cercanas al expresidente creen que el registro de su casa no debilita sino que refuerza su voluntad de concurrir a las urnas, aunque sea para reivindicarse a sí mismo. Trump ha optado por presentarse como un mártir víctima de la persecución política y de un “ataque coordinado de la izquierda radical” y de los fiscales, como lo calificó el martes en su red social.

Los republicanos, sobre todo los más radicales, ya habían abrazado el discurso de la instrumentalización de la justicia como arma, y algunos, empezando por el propio Trump, hablaban de un sistema “soviético”. Tras el registro, el discurso se ha extremado y generalizado. Numerosos gobernadores republicanos han suscrito el mensaje del expresidente, incluido Ron DeSantis, de Florida, que suena como alternativa a Trump para las presidenciales de 2024: “El registro de MAL [Mar-a-Lago] es otra escalada en el uso de las agencias federales como armas contra los oponentes políticos del Régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda”, tuiteó, para concluir: “República Bananera”.

“Esto es el siguiente nivel de nixonismo”, dijo Gregg Abott, gobernador de Texas. “Nunca antes el país había visto a una Administración llegar a tal extremo para utilizar los resortes del Gobierno para atacar a un expresidente y rival político. Esto convierte el poder en un arma para aplastar la disidencia. Tales abusos deben tener límites”, añadió.

En el mismo sentido se pronunció la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem: “La redada del FBI en la casa del presidente Trump es un uso sin precedentes del Departamento de Justicia como arma política. Han perseguido al presidente Trump como candidato, como presidente y ahora como expresidente. Utilizar el sistema de justicia penal de esta manera es antiamericano”. O el de Virginia, Glenn Youngkin: “Las acciones selectivas y políticamente motivadas no tienen cabida en nuestra democracia”.

La lista es interminable. Hasta Mike Pence, que fue vicepresidente con Trump, pero está enfrentado a él desde la sesión de certificación de la victoria de Joe Biden del 6 de enero de 2021, se sumó: “La acción de ayer [por el lunes] socava la confianza del público en nuestro sistema de justicia, y el fiscal general Garland debe dar una explicación completa al pueblo estadounidense de por qué se tomó esta acción y debe hacerlo inmediatamente”.

Harriet Hageman, favorita para vencer en las primarias republicanas de Wyoming de la semana próxima, con lo que arrebataría el escaño en la Cámara de Representantes a Liz Cheney, la más feroz crítica de Trump dentro de su partido, vio la ocasión de marcar el terreno denunciando “persecución política”: “Si el FBI puede tratar a un expresidente de esta manera, imagine lo que pueden hacer con el resto de nosotros. Es un sistema de justicia de doble rasero: uno para las élites y otro para sus enemigos políticos”.

Si faltaba algo para cargar las tintas, el congresista por Pensilvania Scott Perry denunció el martes que tres agentes del FBI fueron a verle mientras viajaba con su familia y se apoderaron de su teléfono móvil. “Estoy indignado —aunque no sorprendido— de que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia de Merrick Garland, se incaute del teléfono de un miembro del Congreso en activo”. Eso encendió aún más los ánimos de algunos de sus correligionarios.

País tercermundista, politización del FBI, uso de la justicia como arma política, persecución de los opositores se repetía en todo el espectro republicano, siempre sin aportar ninguna prueba y sin conocer el detalle de las actuaciones. En el lado demócrata domina la prudencia y, a veces, las dudas sobre si la operación se puede volver en contra: “El Departamento de Justicia debe explicar inmediatamente la razón de su redada y debe ser algo más que una búsqueda de archivos intrascendentes o será visto como una táctica política y socavará cualquier futura investigación creíble y la legitimidad de las investigaciones del 6 de enero”, escribió Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York.

 

Escenarios inciertos

Los escenarios que se abren son múltiples e inciertos y su desarrollo depende en gran medida de la evolución de las investigaciones y los casos judiciales en que está inmerso Trump, empezando por el relativo al manejo de documentos presidenciales.

Que Trump se había llevado documentos a Mar-a-Lago se sabía desde hace meses, que algunos de ellos estaban marcados como confidenciales y otros estaban dañados, también. Los propios Archivos Nacionales lo habían contado en un amplio comunicado. ¿Permite eso su procesamiento? No hay precedentes, pero sería defendible con la letra de la ley, que contempla dos delitos diferentes relacionados con el manejo de documentos, con los que Trump nunca fue cuidadoso. ¿Justifica registrar la casa de un expresidente? Depende de qué indicios adicionales tuviera el FBI de que era necesario hacerlo.

Los responsables de los Archivos sospechaban que Trump no había entregado todos los documentos y dieron traslado de ello al Departamento de Justicia, que ha mantenido durante meses una investigación y un tira y afloja con Trump que había pasado casi inadvertido hasta el registro del lunes. En la práctica, el juicio sobre lo adecuado de la actuación dependerá de lo que los agentes hayan encontrado. Si no han conseguido pruebas con la entrada en Mar-a-Lago, va a ser muy difícil defender que el registro, del que la Casa Blanca asegura no haber recibido aviso previo, tenía sentido.

La mayor parte de los observadores y comentaristas consideran que el Departamento de Justicia y el FBI no pueden haber dado un paso así a la ligera, y que un juez no habría autorizado un registro de la mansión de Trump sin indicios contundentes, pero a falta de explicaciones, la respuesta de los republicanos ha ocupado el terreno.

El impacto electoral a corto plazo tampoco es evidente. Trump puede verse tentado a adelantar el anuncio de que se presentará a las presidenciales de 2024, pero eso podría convertir las legislativas de noviembre, que los republicanos daban casi por ganadas pese a la reciente buena racha de Biden, en un referéndum sobre el expresidente, algo que no gusta nada en su partido porque puede galvanizar y movilizar a los votantes demócratas. Pero aunque no haga ese anuncio, Trump va a estar mucho más presente en la mente de los votantes de lo que ya lo estaba, que no era poco.

 

Cita con la fiscalía este miércoles

Los problemas judiciales se le acumulan a Donald Trump. El expresidente está citado a declarar este miércoles en el marco de la investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre sus negocios inmobiliarios, según publicó el martes por la noche Insider.

Según dicha publicación, está previsto que Trump sea interrogado en persona en Manhattan. La fiscal le acusa de falsedades en los documentos utilizados por su grupo para lograr cientos de millones de dólares en exenciones fiscales y préstamos bancarios. La declaración estaba inicialmente prevista para julio, pero se retrasó por la muerte de su primera esposa, Ivana Trump.

Fuente: El País