Sin rumbo en la política salarial, la CGT analiza reconvertir el 17-A en una marcha de protesta

POLÍTICA 12 de agosto de 2022 Por Mariano Martín*
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La incertidumbre en el rumbo de la política de ingresos y la sucesión de anuncios sin concreciones por parte del Gobierno amenazan con complotarse para reconvertir la marcha del 17 de la CGT en una protesta. Así lo analizaron en lo que va de la semana los principales referentes de la central obrera, ofuscados por la falta de definiciones más allá de lo discursivo en el equipo económico que encabeza Sergio Massa.

Tres compromisos sin correlato con acciones descolocaron a la “mesa chica” de la CGT: el anuncio de Massa la semana pasada de que hoy convocaría a empresarios y sindicalistas para discutir un mecanismo de mejora en los ingresos del sector privado; el comentario de Alberto Fernández de que “esta semana” el nuevo ministro daría comienzo a reuniones para establecer un acuerdo de precios y salarios, y la constante dilación gubernamental en implementar un auxilio financiero para las obras sociales sindicales que el jefe de Estado había comprometido desde el año pasado.

Toda la secuencia de anuncios y promesas era hasta anoche un mar de dudas. Massa, que en teoría hoy debía reunir a empresarios y sindicalistas, viajará por la mañana a la Patagonia para hacer anuncios relacionados con la industria hidrocarburífera. En su equipo nadie se animaba a confirmar que por la tarde tuviese margen para cumplimentar el llamado, del que sus protagonistas no tenían siquiera un indicio. En tanto que la instrucción presidencial al ministro respecto de un “acuerdo de precios y salarios por 60 días” tomó por sorpresa a todo el equipo económico, que desconocía su contenido y alcances.

La falta de coordinación responde a factores administrativos pero, sobre todo, de orden político. En el primer capítulo, la falta de resolución del segundo cargo en importancia en el equipo de Massa, la secretaría de Política Económica o viceministerio, priva de un resorte clave para la ejecución y agilización de medidas en la administración pública. También incide que muchos de los nuevos funcionarios todavía no pudieron ocupar sus oficinas y menos estar dotados de la firma necesaria para implementar acciones.

En el capítulo salarial y de ingresos la complejidad más severa, sin embargo, es política. La “mesa chica” de la CGT ya se puso en contacto con Massa para hacerle saber que si quería gozar de su apoyo, dejara de lado cualquier medida orientada a universalizar la política de ingresos. Así, un bono en suma fija, un monto variable por categorías de sueldos o cualquier otra resolución de carácter general chocará contra la falta de predisposición de la central obrera para su puesta en marcha. Y si bien esa medida contaría con el aval del sector de Pablo Moyano, la negativa tajante de los “gordos” de los grandes gremios de servicios y de los “independientes” de buen diálogo con todos los gobiernos, los espacios con mayor número de afiliados, dejaron en la incertidumbre esa alternativa.

Los núcleos más tradicionales de la CGT no están dispuestos a ceder su prerrogativa de negociación salarial en pos de un incremento universal que, bajo su óptica, terminaría por licuar su poder y por darle centralidad al Ejecutivo, con el agravante de que se trata de una medida con la inspiración de Cristina de Kirchner, de quien el grueso de los sindicalistas desconfía. La semana pasada Massa también había anunciado, en su primera conferencia de prensa, que hoy mismo buscaría definir una extensión de las asignaciones familiares, el beneficio que paga la ANSES a 2,5 millones de trabajadores sobre un total de 6 millones. Esa medida, que había reclamado Moyano, también carecía anoche de definiciones.

A la oposición de buena parte de la CGT se sumó esta semana el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que como informó ayer este diario abonó con números la negativa de esos gremios a una mejora universal. El funcionario le hizo llegar a Massa la información oficial respecto del comportamiento de los sueldos de la actividad privada en lo que va del mandato del FdT, en el último año y en este semestre. Según esos guarismos los sueldos todavía se imponen en promedio a la inflación, lo que restaría urgencia a una medida como la alentada por el kirchnerismo. Es más: desde la óptica de Trabajo, su implementación correría el riesgo de un eventual traslado a precios y el consecuente recalentamiento de la inflación.

Las idas y vueltas sembraron malestar en la CGT. La central, que tiene en el horizonte inmediato la marcha del miércoles que viene para reclamar un ordenamiento de las variables económicas y un freno a la escalada inflacionaria, comenzó a macerar la idea de darle a esa acción un carácter menos inocuo. De ser una marcha “contra nadie” entre el Obelisco y la Plaza Congreso, la actividad podría pasar a ser una amonestación al Gobierno por la falta de políticas decididas para controlar los precios.

De fondo, el mayor encono de los gremialistas pasa por el diferimiento en la puesta en marcha de la asistencia financiera que habían reclamado y con la que Alberto Fernández se había comprometido ya el año pasado. Se trata de la compensación, mediante una asignación directa o bien a través de la asunción por parte del Estado de esas obligaciones, del costo que afrontan las obras sociales por los servicios de educación y transporte de sus afiliados discapacitados. Esos ítems representan un número que se acerca cada vez más a la mitad de las erogaciones de las prestadoras sindicales de salud. A principios de año el costo estaba estimado en $35 mil millones pero la disparada inflacionaria y la aparición de nuevos costos en el sistema llevaron a sus protagonistas a calcula que a fin de año podrá representar un gasto de $100 mil millones.

El diseño de un decreto de necesidad y urgencia para regular ese auxilio había quedado inicialmente en manos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El borrador que la funcionaria presentó fue rechazado de inmediato por los sindicalistas por considerarlo impracticable. Para no ahondar la crisis el mandatario delegó, semanas atrás, el tema en el ministro Moroni y en el entonces jefe de asesores de Presidencia, Juan Manuel Olmos. Desde entonces se produjo el cambio en el equipo económico, Olmos se mudó a la vicejefatura de Gabinete y la promesa de cobertura a las obras sociales volvió a quedar relegada en la cola de las prioridades.

 

 

* Para www.ambito.com

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