El gasoducto Néstor Kirchner, el primer desencuentro entre el Presidente y Massa

OPINIÓN Por Hernán Dorby*
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La construcción del gasoducto Néstor Kirchner (GPNK) ya generó las primeras diferencias públicas entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, vinculadas a quién tiene que ser el encargado de llevarlo a cabo y en cómo debería pagarse.

El plan de Massa para desarrollar la etapa final de del proyecto, de 470 kilómetros de largo, incluye realizarlo con financiamiento privado, a diferencia de la fase actual que se está llevando a cabo con fondos provistos por el Estado.

“Vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Salliquelo-San Jerónimo, con financiamiento privado”, sostuvo el 3 de agosto, en su primer discurso al frente del Palacio de Hacienda.

Esto contrasta con lo que sostuvieron ayer Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante el acto de firma de los contratos de la obra civil, quienes sostuvieron enfáticamente que este proyecto debía estar en manos del Estado. Massa estaba presente y los había precedido con un discurso moderado.

“Estos proyectos fracasan porque no es la inversión privada la que está llamada a convocarla, y hace falta de la inversión pública para que puedan prosperar”, afirmó el Presidente.

A su vez, Fernández destacó: “Hay veces que el Estado tiene el deber de tomar la iniciativa e impulsar las obras necesarias porque no todo lo interesa al capital privado y no podemos pensar que una empresa privada esté obligada a hacer las cosas que un Estado debe hacer para garantizar igualdad de condiciones de cada argentino”.

El proyecto que intentará lanzar Massa busca deslindar al gobierno nacional de la carga de tener que financiar los más de 1.900 millones de dólares que costará esta nueva etapa, cuando aún le faltan conseguir unos 1.000 millones para la primera fase, como adelantó Infobae.

“La idea es utilizar un modelo igual al de las renovables con todos los productores y pagarles un ‘fee’ sobre el transporte en el flujo futuro”, explican desde el entorno del ministro de Economía.

Esto implica que la tarifa tendría que estar valuada en dólares, para asegurarle a quien resulte ganadora del contrato que podrá recuperar la inversión realizada. Esto sería imposible de conseguir si estuviera en pesos, por la continua depreciación de la moneda nacional.

Alberto Fernández se opone rotundamente a esta idea y lo dejó en claro en su discurso de ayer en Salliqueló. Sus palabras estuvieron en línea con lo que había sostenido Kicillof minutos antes.

“Este gasoducto ya se intentó hacer con otra lógica antes de 2019, como un proyecto de participación público-privada (PPP), que lamentablemente fracasaron absolutamente todos. Se intentó hacerlo garantizando que se podría construir con la inversión y la tarifa en dólares”, afirmó el Presidente y remarcó: “No queremos más que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas”.

El plan de Massa

La idea sobre la que trabaja el Ministerio de Economía para concretar esta segunda etapa se basa en que las empresas del sector cumplan un rol central en la construcción, financiamiento y operación del proyecto.

Bajo este esquema, deberán presentar en sus propuestas la capacidad y la tarifa que le cobrarán a los productores para transportar el gas natural desde Salliqueló hasta San Jerónimo. La que cuente con los mejores precios y cantidades será adjudicada con el contrato para realizar la obra.

Desde el entorno de Massa prefirieron no hacer comentarios aún sobre los detalles de la licitación que piensan realizar en “no más de 30 días”, ya que recién están empezando a analizar la documentación que dejó el gobierno de Mauricio Macri.

Es que este esquema es similar al del concurso de precios que lanzó la administración de Cambiemos para la construcción de los gasoductos de Vaca Muerta y Mercedes-Cardales en 2019, que fue dada de baja por Alberto Fernández porque disentía en el sistema utilizado.

Ese proyecto incluía que la ganadora recibiría un contrato de construcción, operación y mantenimiento (COM) por 35 años y, a cambio, les cobraría a las productoras una tarifa en dólares para transportar el gas natural, para poder repagar la inversión.

De ser así, contrastaría con el esquema que utilizará el gobierno para la primera etapa del gasoducto, ya que será manejado por la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA) y los pagos por el servicio se realizarán en pesos.

En 2019, habían comprado los pliegos para la licitación el consorcio entre YPF, Tecpetrol y Transportadora de Gas del Sur (TGS) y las compañías China Petroleum Pipeline Engineering, Pan American Energy (PAE) y China Gezhouba Group Company.

La decisión de adoptar este sistema llama la atención, ya que Alberto Fernández había firmado un memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con Power Construction Corporation of China (PowerChina) para llevar adelante esta obra con financiamiento que proveería la compañía como parte del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (Decce) rubricado en Beijing en febrero.

Este acuerdo incluía una cláusula de contratación directa para una serie de proyectos que realizaría y fondearía el país asiático, establecida en el decreto 338/2017 del gobierno de Macri, mediante la cual se evitaba tener que pasar por un proceso licitatorio.

El desarrollo de esta etapa requerirá de una inversión de unos 1.905 millones de dólares, que fue el monto que fijó Alberto Fernández en el MOU que firmó con PowerChina. Esto es similar a los 1.876,09 millones que costará la primera parte.

Más escollos en el camino

Uno de los mayores problemas que deberá enfrentar Massa es lograr que la primera fase del gasoducto esté terminada para el 20 de junio de 2023, para poder ahorrarse entre 1.300 y 2.200 millones de dólares en la compra de gas natural licuado (GNL) para cubrir el faltante que se producirá durante el próximo invierno.

“Esperemos que los que tienen que hacer la obra cumplan con su parte del contrato y entreguen en tiempo y forma”, sostuvo ayer en su discurso durante la firma de los contratos de la obra civil.

Una fuente de la anterior gestión de la Secretaría de Energía de la Nación, otra de la industria y el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, se muestran escépticos al respecto.

“No se llega a hacer el gasoducto para junio del año que viene, teniendo en cuenta los desafíos” que hay por delante, afirmó el ex funcionario de Cambiemos en el programa “Cosechas y Negocios”.

Sin embargo, una segunda fuente de la industria sostiene que es posible realizar la obra en los diez meses que quedan hasta junio, aunque se trata de un “plazo muy acotado”, por lo que será un “desafío grandísimo” para el consorcio entre Techint y SACDE y para BTU.

Si bien, la UTE trabajará día y noche para llegar a tiempo, dependerá de que los caños y las válvulas sean entregados sin atrasos, que funcione sin problema la logística, que incluirá a más de 200 camiones de gran porte, y que el clima los acompañe.

ENARSA aún no ha abierto los sobres con la oferta económica de la licitación para la compra de las 127 válvulas, que deberían a entregarse a partir de diciembre y son un componente esencial de la obra.

Por todo eso, la fuente de la gestión anterior de la Secretaría de Energía estima que el gasoducto Néstor Kirchner recién estará operativo para el invierno de 2024, durante el próximo gobierno, un plazo similar al que prevé la fuente de la industria.

Finalmente, el último obstáculo a sortear será la capacidad de transporte del tramo Tratayén-Salliqueló. Esta fase permitirá evacuar 11,50 millones de metros cúbicos por día (Mm3/d) de gas natural cuando esté terminada, lo que le servirá para llenar el sistema que tiene en funcionamiento TGS en la actualidad.

Si se construyera la segunda etapa, primero sería necesario levantar, al menos, dos plantas de comprensión de 15.000 caballos de fuerza (HP), una en cada punta del tendido, para duplicar este volumen a 20 Mm3/d.

Esto requerirá de una inversión de entre 150 y 210 millones de dólares y precisará de un año para estar terminada, estima la fuente cercana a la Secretaría de Energía y señala que recién a los seis meses, “cuando tengan las máquinas en el país y un esquema de construcción claro podría lanzarse la licitación para la segunda fase del GPNK”.

Para llenar por completo este nuevo tramo será necesario instalar otras tres plantas compresoras más entre Tratayén y Salliqueló, para duplicar la capacidad de transporte desde Neuquén y llevarla a 40 Mm3/d. Esto precisará de un desembolso de entre 500 y 700 millones de dólares más, calcula.

A su vez, el gobierno, deberá negociar primero con los diferentes actores de la industria y llegar a un acuerdo estratégico de largo plazo que les dé certezas para realizar las inversiones que necesitan hacer.

“Hay que sentarse con los productores y acordar los tiempos en los que estará listo el gasoducto para que puedan inyectar la producción de los nuevos pozos que tendrán que perforar, los valores a los que se lo comprarán y otorgarles permisos de exportación como incentivos –concluye la misma fuente–. También, hay que hacer un acuerdo industrial con quienes vayan a consumir ese gas y tendrán que construir plantas de fertilizantes, GNL u otros fines. Este ‘camino crítico’ tiene que estar terminado antes de lanzar la construcción de las plantas compresoras”.

 

 

* Para www.infobae.com

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