En los últimos 30 años, sólo el 12% de las causas por corrupción llegó a juicio oral

La acusación del fiscal Diego Luciani en el juicio oral contra Cristina Kirchner es casi una excepción en las investigaciones por corrupción de la Justicia Federal en la Capital. Como si fuera un embudo, los tribunales federales tramitaron miles de causas por delitos vinculados a funcionarios públicos nacionales, pero sólo una minoría de esos expedientes llegaron a la instancia definitiva. El resto naufragaron entre instrucciones que se extendieron por años, sobreseimientos, prescripciones y archivos.

Sólo el 12% de los casos de corrupción que tramitó la Justicia Federal de la Capital en las últimas tres décadas llegaron al juicio oral. Ese porcentaje es en base a un total de 1.736 causas por delitos en la función pública iniciadas entre 1980-2022, de las cuales el 78% fueron abiertas a partir de 2013. De ese total, un cuarto de ellas (435) están en trámite, pero solo el 6% de esos expedientes en curso (25) llegaron a juicio.

 
El juicio oral y público es una instancia clave porque, en la medida que las causas se acumulan sin resolución, los investigados permanecen como imputados bajo investigación, o incluso procesados, sin que se resuelva su situación. En paralelo, se afianza la percepción en la sociedad que la corrupción permanece impune.

La mayoría de los casos culmina con el archivo (21%) o el sobreseimiento (20%) en la etapa de la investigación. Solo el 3% de las causas concluyeron con un procesamiento al cabo de la instrucción, es decir, con una acusación formal. Los datos surgen de una compilación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que procesó y analizó Infobae, en base a datos provistos por la Corte Suprema.

La instrucción de una causa es la primera etapa de la investigación penal, que está en manos de un juez y un fiscal, quienes deciden luego si corresponde acusar formalmente a los imputados de uno o más delitos y elevar el expediente a juicio. Recién ante un Tribunal, se analiza toda la prueba en el debate oral y público, se cita a testigos, se realizan los alegatos de los acusadores y las defensas, se escucha a los procesados, y tres jueces resuelven por mayoría una condena o una absolución.

Los datos muestran que el cuello de botella se hace cada vez más angosto en el tramo final de las causas, el momento de la sentencia. Una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación en 2016 indicó que sólo el 2% de los expedientes por corrupción en la Justicia Federal de la Capital llegaron a una sentencia de culpabilidad. Actualizada a este año, las condenas suman 221 a lo largo de 25 años.

Entre los casos más emblemáticos están algunos más antiguos, como los de la ex ministra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito; Carlos Menem por contrabando de armas, la venta del predio de La Rural y los sobresueldos cobrados por altos funcionarios en su gobierno; o su ex ministro Domingo Cavallo, también condenado en estas últimas dos causas. Más recientes, ex funcionarios kirchneristas también fueron encontrados culpables, como Felisa Miceli por la bolsa con dinero encontrada en su despacho; Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra, entre otros expedientes; Julio de Vido y Juan Pablo Schaivi por la tragedia de Once; José López por los bolsos con USD 9 millones en el convento de General Rodríguez; y Ricardo Echagaray por defraudación al Estado en la causa de Oil Combustibles.

“La lentitud en el tratamiento de las causas de corrupción y la baja tasa de expedientes que alcanzan la instancia de juicio oral responde a que el Poder Judicial ha mostrado ser muy permeable a los vaivenes de la política y ha utilizado discrecionalmente los tiempos procesales como mecanismo de presión o de negociación en función de criterios completamente ajenos a la búsqueda de la justicia” advirtió Joaquín Caprarulo, coordinador del programa de Acceso a la Justicia de ACIJ. Y agregó que, por otro lado, “también contribuye a este escenario la falta de capacidad técnica y de recursos para atender causas de mucha capacidad probatoria”.

Los tiempos de la Justicia

La compilación de causas de ACIJ evidencia la lentitud de los Tribunales cuando se trata de investigar al poder: el 41% de las causas de corrupción contra funcionarios nacionales que atraviesan aún la instrucción y el 36% de la que ya concluyeron esta etapa, llevan entre 6 y 10 años en conseguir una decisión final del juez. Los tiempos de la Justicia suelen moverse según los tiempos políticos.

Pero también hay un 21% de causas que ya acumula más de 10 años de trámite en primera instancia. En cambio, los delitos que se resuelven en menos de tres años son apenas del 17% y, en la mayoría de los casos, son sobreseimientos o archivos de los expedientes.

Otro 21% de las causas cuya instrucción sigue abierta se resolvió entre 3 y 6 años, un plazo que puede considerarse “rápido” para los Tribunales, aunque no para el común de los ciudadanos.

De los expedientes ya cerrados, el 33% también tuvo una definición en ese plazo. Es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, por ejemplo, que fue denunciado en 2012 por la compra irregular de la imprenta Ciccone y que fue condenado en primera instancia en 2018. En el otro extremo se ubica el de la ex ministra de Ambiente Romina Picolotti, quien fue denunciada en 2005 pero recién terminó condenada el año pasado por pagar gastos personales con fondos públicos.

Los jueces de los tribunales de Comodoro Py que más expedientes de delitos contra la administración pública instruyeron o tienen aún en curso son Julián Ercolini (185), Sebastian Casanello (182) y el fallecido Claudio Bonadio (178).

¿Cuáles son los delitos más denunciados? Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (313 veces), defraudación agravada (288), negociaciones incompatibles con la función pública (138) y administración fraudulenta (138). La figura de asociación ilícita, cuestionada durante estos días por el kirchnerismo ante la acusación en la causa Vialidad contra la vicepresidenta de ser jefa de una banda destinada a defraudar al Estado, ocupa un lugar secundario con 84 denuncias bajo ese rótulo.

La politización de la Justicia

La cantidad de causas relevadas por la organización ACIJ marca un antes y un después en 2016. Los primeros años de Mauricio Macri en la Casa Rosada batieron récord en cantidad de causas de corrupción abiertas en la justicia federal: fueron 294 expedientes iniciados en ese primer año, 247 denuncias en 2017, y otras 175 en 2018.

El aumento de causas judiciales no fue casualidad: la salida del kirchnerismo después de 12 años de gobierno motivó cientos de denuncias, muchas de las cuáles continúan todavía están abiertas. En consonancia, los ex funcionarios de los tres mandatos del matrimonio Kirchner más denunciados fueron Julio De Vido (57 veces), Ricardo Jaime (28) y Ricardo Echegaray (22). La propia Cristina Kirchner figura en la carátula de 47 expedientes en su contra.

En el otro extremo, en 2019, el último año del líder del PRO cuando ya se sabía en agosto de ese año que sería muy poco factible su reelección, hubo solo 9. Ya en la gestión de Alberto Fernández, las denuncias por corrupción sumaron 131 en 2021, pero bajaron a 43 en el primer semestre de 2022.

Desde ACIJ, Caprarulo remarcó estos números como un ejemplo de “la injerencia constante de los gobiernos de turno y la presión permanente para que se investigue con mayor énfasis causas de la oposición (incluido el uso de los servicios de inteligencia). En sumatoria, el sistema político argentino ha propiciado una Justicia poco independiente y transparente, priorizando intereses sectoriales, algo de lo que el propio Poder Judicial hace parte”.

Algunos de los principales denunciantes marcan la influencia de la política en la apertura de nuevas denuncias por corrupción. Si bien el ranking lo lidera el abogado Ricardo Monner Sans, un habitué en casos de corrupción, Elisa Carrió aparece en el podio de los dirigentes políticos que más denuncian. La líder de la Coalición Cívica, que históricamente hizo propia la bandera de la lucha contra la corrupción, es quien inició 24 expedientes en los Tribunales de Comodoro Py. Entre ellos, la causa por la que Cristina Kirchner está sentada por primera vez en un juicio oral en el banquillo de los acusados.

De la vereda política de enfrente, aparece el diputado del Frente de Todos Ricardo Tailhade como el autor de la mayor cantidad de denuncias (16). Pero en su caso, las acusaciones estuvieron enfocadas contra varios ex funcionarios macristas. El propio Macri fue denunciado en total en 37 expedientes, durante su mandato y al dejar el poder.

Entre los denunciantes, también aparecen organismos públicos como la Oficina Anticorrupción (OA) con 17 presentaciones, de las cuales 7 se concretaron entre 2016 y 2019. Se trata de los años en los que, con Laura Alonso a la cabeza, el organismo se concentró en denunciar hechos que involucraron al kirchnerismo.

La OA también se convirtió en querellante en 26 causas, seis de las cuales se iniciaron entre 2016 y 2018. El organismo clave en el tema de lavado, la Unidad de Información Financiera (UIF), también fue aceptada como querellante durante la gestión de Macri en más de la mitad del total de 40 causas en las que intervino en ese rol en los últimos 30 años. En cuanto a la AFIP, ocupó el mismo rol en 30 causas. Al igual que los otros organismos de control, en más de la mitad (18) lo hizo entre 2016 y 2019.

Sin embargo, esa tendencia se revirtió durante la gestión de Alberto Fernández, ya que tanto la OA como la UIF desistieron de las querellas que representaban en nombre del Estado en varias causas contra ex funcionarios kirchneristas, entre ellas, varias que involucran a Cristina Kirchner. Uno de estos expedientes es la causa de Vialidad, el caso por el que el fiscal Luciani la acusó esta semana de liderar una asociación ilícita, que motivó un pedido de una pena de 12 años de prisión.

Fuente: Infobae