El Presidente escaló el conflicto político

OPINIÓN 03 de septiembre de 2022 Por Agencia de Noticias del Interior
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Alberto Fernández ofreció en su discurso transmitido por cadena nacional la primera versión oficial de los hechos ocurridos en el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa versión, revisada por los asesores del Presidente antes de la grabación del mensaje, va y viene de la descripción de lo sucedido a la interpretación de su impacto social y es por sí misma un documento relevante en el contexto de conmoción política que no ha cesado de acelerarse desde que la expresidenta reaccionara airadamente a su juzgamiento en un tribunal federal.

El Presidente enhebró de manera desordenada en su discurso unas 15 aseveraciones que, en líneas generales, abordan tres temas: un intento de descripción de lo sucedido en el ataque a la vice; una constatación de su efecto social, y una interpretación de sus causas políticas.

 
DESCRIPCIÓN CONFUSA
Fernández inició su discurso (por lo tanto le asignó a ese tópico una relevancia central) con la descripción de lo ocurrido, que sin embargo fue confusa. Dijo primero que un hombre “atentó contra la vida de la vicepresidenta” y luego que un hombre “apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló”.

Lo primero no es estrictamente similar a lo segundo. A la diferencia la dejó insinuada el propio Fernández al afirmar que Cristina sigue con vida porque, “por una razón todavía no confirmada técnicamente”, el arma que contaba con cinco balas no se disparó, pese a haber sido gatillada. En esa razón ignorada puede residir la diferencia entre un atentado letal y su tentativa frustrada, por torpeza o simulación.

El Presidente no precisó el origen de esta información, que se presume podría haberle llegado de los organismos de seguridad. Pero sembró una duda adicional al revelar que se comunicó con la jueza Maria Eugenia Capuchetti, que investiga lo ocurrido. Una gestión de objetivos también confusos, porque -según Fernández- fue para solicitar que se esclarezcan “rápidamente las responsabilidades y los hechos” y que “se asegure la vida del acusado” que se encuentra detenido.

 
Se trata de dos consejos comedidos que seguramente la jueza no necesitaba. Difícilmente Capuchetti, reemplazante del fallecido juez Norberto Oyarbide, esté inadvertida de la necesidad de esclarecer lo ocurrido. La salvaguarda del detenido Fernando Andres Sabag Montiel, en cambio, puede ser y seguramente será ordenada por la jueza, pero depende en sus derivaciones prácticas de las fuerzas de seguridad auxiliares de la justicia. Que funcionan al arbitrio del mismo Presidente que levantó el teléfono. Son las mismas fuerzas que ayer actuaron con una torpeza sorprendente en la custodia de la vicepresidenta.

EFECTO SOCIAL, CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Más sencillo que describir el hecho fue para el Presidente constatar la obviedad de su efecto social. Nadie discrepa en esa escena con lo que dijo. Es real e indiscutible la conmoción que produjo en toda la ciudadanía, y en particular en quienes comparten la identidad política de la expresidenta.

 
De allí que el ataque haya merecido un repudio unánime. Puede disentirse con la referencia histórica que hizo Alberto Fernández al calificar lo ocurrido como el hecho “más grave” desde la restauración democrática. El radicalismo todavía recuerda los tres atentados perpetrados contra Raúl Alfonsín. Desde la bomba hallada en mayo de 1986 en una alcantarilla del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, hasta el disparo fallido contra el expresidente en 1991, durante un acto en San Nicolás. Pero en ningún caso esos antecedentes le restan gravedad a lo ocurrido ayer en la Recoleta.

No obstante, la mayor parte del discurso presidencial apuntó a anunciar consecuencias políticas del ataque a Cristina Kirchner. Allí la palabra de Fernández se proyectó con virulencia y acusaciones genéricas. El Presidente se apresuró a calificar lo ocurrido como un efecto de lo que para el oficialismo son los “discursos del odio”. Una categoría tan arbitraria que puede abarcar desde la diatriba y el insulto hasta la crítica legítima y el derecho al disenso.

Con términos drásticos, como los llamados a “desterrar”, “aislar” y “erradicar” esos discursos violentos, tan opinables e imprecisos como peligrosamente abarcativos, Fernández escaló aún más señalando a sus supuestos difusores: “espacios políticos, judiciales y mediáticos” de la sociedad argentina.

 
Adviértase la contradicción: el Presidente no sabe decirle a la ciudadanía con precisión qué fué lo que ocurrió, pero ya eligió a los autores mediatos. Y decretó un feriado para que una movilización del oficialismo -legítimamente conmovida- le ponga los nombres a la asociación ilícita.

Para La Voz del Interior por Edgardo R. Moreno

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