La política se apoderó de la elección para el Consejo de la Magistratura

El cierre de listas para las elecciones del Consejo de la Magistratura del viernes último ofició como una transparencia que no dejó nada librado a la imaginación respecto de la real incidencia de la política partidaria en los estamentos “técnicos” del órgano de selección y remoción de jueces. Si el espíritu republicano del diseño constitucional previsto para este organismo acotaba el peso específico de los representantes del Congreso y el Ejecutivo nombrados por las fuerzas políticas mayoritarias, encuentra hoy, sobre todo entre los postulantes por los abogados, una extensión de los propios partidos, a los que representan. La división es tan taxativa como evidente luego de la frenética semana de cierres que había sido anticipada por Ámbito, y que incluye la nómina de los jueces y de los académicos. Con un dato adicional que vuelve a la elección decisiva: consolida el formato de 20 miembros surgido del fallo de la Corte Suprema en diciembre pasado y atravesará las elecciones 2023, cuyas perspectivas están incluidas en el cálculo de los candidatos y de sus recambios. Más que nunca, los acuerdos políticos obligarán a un formato donde los mandatos duran 4 años, pero los consejeros duran 2.

Una de las primeras conclusiones que arroja el proceso de renovación es que los que antes criticaban el fallo de la Corte que regresó al formato de 20, hoy no solo apuntan a acatarlo, sino que hasta se presentan como candidatos por una silla. Una homologación rodilla en tierra. La segunda es que conviven una “renovación” de caras con un eterno retorno. Eso sí, nadie va con camiseta blanca, sino que están claramente auspiciadas. Cayeron las máscaras en un sinceramiento feroz. Lo interesante de todo es que es una preparación para lo que viene. En la coyuntura general, para las presidenciales del año próximo y en el minimalismo para las demandas de agenda que tendrá el Consejo. A partir de noviembre, además de ternas y concursos el eje está puesto en tecnología e infraestructura. Desde el desembarco de la Corte hubo mejoras sutiles aunque pasan por debajo del radar. Ejemplo: la Comisión mixta de gestión para implementar avances en sistemas entre Corte y Consejo. Sus directores no se conocían el rostro hasta ese momento. Eso permitió cambios como el flamante “E-book” para la operatoria de los agentes judiciales. Antes de fin de año, los abogados podrán acceder a la misma interfase, lo que para agenda política no existe, pero en la judicial constituye una revolución. Siempre fuera de la foto, son elementos que configuran la propia agenda, como la inauguración de la Sala multimedial en Rosario, en Córdoba y (en breve) en la Cámara Federal de Comodoro Py. La próxima integración resolverá también un tema que ha sido espinoso: los traslados de jueces. En el cálculo más allá de lo que suceda el 18 de octubre hay una sola certeza en el Consejo. Salvo que haya una nueva ley que disponga lo contrario, la presidencia seguirá en manos de la Corte, cuyo titular es hoy Horacio Rosatti.

No es posible analizar el cierre de los abogados (y de la política) sin considerar cómo Elisa Carrió, a través de un tweet, borró del mapa al actual vicepresidente del cuerpo Carlos Matterson. Movedizo, el abogado de Daniel “Tano” Angelici había conseguido una cautelar señera para interpretar que el formato de 20 no era una continuidad del anterior esquema de 13 –declarado inconstitucional por la Corte- y que se reseteaban los mandatos. Carrió lo fulminó en 140 caracteres y el cierre retornó al cauce previsible que devolvió a la cabeza de la lista al abogado Miguel Piedecasas. Lejos de ser considerado un aséptico representante de la abogacía, el también expresidente del Consejo (en cuyo mandato se retuvo a un consejero para lograr enviar a juicio político a un camarista) no vaciló en sacarse una foto con el gobernador de Jujuy Gerardo Morales para reafirmar su pertenencia a la UCR. Al mandatario radical venían de incumplirle un acuerdo cerrado para nombrar un juez federal en Jujuy que había llevado un año de trabajo y se mancó en plena sesión. Eso en la política son palabras mayores. Más cuando es a la vista de todos.

Hay quienes sospechan que la de Matterson fue una jugada distractiva y que el plan original era que la cabeza de lista se la llevara la UCR. Quienes tuvieron contacto con el abogado angelicista entre jueves y viernes aseguran haber visto al personaje de “Sexto Sentido”. La segunda en la nómina era una fija: la exabogada de AFIP y delegada de Mauricio Macri en el Consejo por instrucción directa, Jimena de la Torre. El jueves pasado, pasó calor en la comisión de Reglamentación cuando intentó incidir en la elección de académicos y cuestionó el modelo aplicado por el CIN. La réplica –desde todos los frentes- que recibió de los otros consejeros orilló la humillación.

La lista UCR-PRO de abogados continuó con el radical Juan Pablo Zanetta, quien va por la revancha luego de que, en un acuerdo similar años atrás, fuese Alejandro Fargosi el que desconoció la alianza y a los dos años se atornilló a su silla para seguir. Pero lo relevante a observar es la lista de suplentes: allí figura primero Alberto Maques, actual presidente del Consejo de CABA y la exGente de Derecho Adriana Donato. Maques es el alfil de Angelici en el órgano homólogo porteño y Donato protagonizó un pase sorprendente de las huestes de Jorge Rizzo (expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) a cobijarse bajo el ala del fiscal general de CABA Juan Bautista Mahiques, que era su secretario letrado cuando fue consejera. Como se ve, Angelici apostó a negro y rojo. Imposible perder. Si quedaban dudas el que aplaudía con las dos manos en redes sociales cuando emergió el cierre fue Juan Sebastián De Stéfano, uno de las dos manos derechas que tiene el “Tano”. Como se anticipó en estas líneas el larretista Diego Marías salió de escena. Horacio Rodríguez Larreta pese a sus intereses presidenciales ni siquiera formó parte de esta conversación.

El siguiente dato a observar es la lista animada por el académico Diego Molea, que no sucumbió a las presiones del kirchnerismo que había intentado de que no presente candidatos propios para que su papeleta tenga más posibilidades. Molea concentra una característica que se transformó en una rareza para la política argentina. Habla con todos. Suficiente para generar el recelo de los K. Postuló a la actual consejera con la que le fue bien en la elección intermedia, la decana de la facultad de UNLZ María Fernanda Vázquez a quien secunda el presidente del colegio de abogados de Córdoba Ignacio Segura. Es una de las listas más “tácticas” por las fuerzas (y las plazas) que aglutinan para traccionar. Y hace un mix que va de exautoridades de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (una agrupación siempre más ligada al progresismo), la agrupación de abogados del Estado y Evolución Radical espacio de Martín Lousteau, cuyo arquitecto es Emiliano Yacobitti. El “moleismo” no nació ahora, sino con la elección de abril y ante la puerta abierta que los K le dejaron al macrismo que podía ganar con solo presentar su lista. Molea fue rápido de reflejos para capitalizar el desconcierto y aunque acumula muchos ADN, con esta elección puede ganar autonomía definitiva.

La lista con sesgo PJ-kirchnerista la encabeza el también exconsejero Héctor Recalde que puede ya consolidar una dinastía familiar dentro del Consejo (su hijo es representante de los senadores) y lo secunda Adriana Colliqueo (Colproba y que hereda un padrinazgo del exsecretario de Justicia Julián Álvarez) y en tercer lugar Horacio Erves, en representación de la agrupación de Rizzo. Esta lista cuenta con la bendición de La Cámpora y es con la que jugará el Gobierno.

La definición de los jueces no fue menos friccionada, como informó Ámbito. Los “Celestes” estarán detrás del camarista Alberto Lugones que recibió resistencia interna a apostar por una reelección sin cautelar que lo protegiera. Finalmente, su lista ofreció sorpresas. Como segunda irá la jueza civil Pilar Rebaudi, pero como suplente aparece el camarista Eduardo Farah, un nombre fuerte dentro de Comodoro Py que supo integrar la escudería del auditor Javier Fernández. Lugones logró también que entre los nombres que aparecen en la boleta esté el de Daniel Bejas, uno de los tres integrantes de la Cámara Nacional Electoral, máximo órgano de contralor de las elecciones. Dato al pie, la CNE dispuso el jueves que la denominada “causa de los contratos” que sacudió a la clase política de Entre Ríos tramite a través de la justicia electoral lo que la saca de la órbita de la justicia penal provincial. Sin embargo, la secretaría penal creada para perseguir ese tipo de cuestiones todavía no fue habilitada por la Corte.

Por otro lado, se despejó el misterio y no hubo creación de la cuarta lista “Azul y Blanca” que animaba el juez de TOF Fabián Asís que hasta dijo contar con avales que llegaban desde el Palacio de Tribunales. Debió haber tomado uno de los ascensores de ese edificio que no se detienen en el cuarto piso.

La “Bordó” hizo su apuesta por el Camarista de Casación Diego Barroetaveña, que deberá combinar su campaña con fallos decisivos que tiene en agenda la Sala I, de alto impacto político. Lo secunda Agustina Díaz Cordero cuyo desempeño en el interinato sorprendió. Sumó en la plantilla al juez Marcelo Martínez de Giorgi como candidato, al platense Alberto Recondo, a Florencia Nallar (que tiene el patrocinio del saliente (e histórico consejero Bordó) Ricardo Recondo. Su diagrama de lista apuesta a cosechar desde Comodoro Py sobre todo por el impulso en bambalinas que involucra al presidente de la Cámara Federal Mariano Llorens que oficia de articulador.

Compromiso Judicial reemplazará a Juan Manuel Culotta con el juez comercial Eduardo Machín en tándem con María Alejandra Provítola. Con todo este escenario sobre la mesa, la especulación entre los jueces es que todo se mantenga más a o menos como hasta ahora con una distribución de 2-1-1. La aritmética hace imposible otro resultado. La discusión, como siempre es entre Bordó y Celeste. Es un padrón que tiene dos características: es pequeño y cada voto vale oro; y es intrínsecamente refractario al peronismo en sus distintas versiones.

El intento del Gobierno de reeditar la discusión del pago del impuesto a las Ganancias de magistrados (tema que parecía haberse agotado en 2017 con la mejor chance de éxito posible en un problema sin salida fácil) en momentos de iniciar una campaña, ciertamente no se la deja sencilla a sus potenciales aliados entre los jueces.

 

 

* Para www.ambito.com