Argentina expresó su preocupación por las torturas detalladas en un nuevo informe de la ONU sobre Venezuela

POLÍTICA 27 de septiembre de 2022 Por Agencia de Noticias del Interior
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“Nos preocupa el detalle de hechos que describe el informe, reiteramos las recomendaciones que en su momento realizó la ex alta comisionada (Michelle) Bachelet que exhorta a Venezuela a realizar investigaciones prontas, imparciales y creíbles”. Así, el delegado argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Christian Machuca, presentó la posición del país frente al nuevo documento de la Misión Internacional Independiente para Venezuela que responsabilizó a la inteligencia civil y militar de ese país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política.

Durante una nueva sesión general que tiene lugar en Ginebra, Suiza, el representante argentino sostuvo que “es imprescindible que Venezuela no solo permita el establecimiento permanente de una oficina allí sino que también coopere con otros mecanismo de monitoreo como es el caso de una misión internacional independiente, que no ha podido acceder al país”.

“Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con anuencia del gobierno venezolano sus conclusiones tendrían más posibilidad de producir cambios y efectos concretos”, amplió el funcionario, fue orador en lugar de Federico Villegas, a cargo de la presidencia del organismo de manera temporal.

El informe de la mencionada misión, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.

“Tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas”, subrayó la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.

La funcionaria, además, negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia “forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores”.

La experta no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, aunque el informe sí apunta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como responsable último de los abusos, y también cita al vicepresidente primero del partido oficialista PSUV Diosdado Cabello, por su importante influencia por lo menos en el Sebin.

El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese periodo, Ronny González.

En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko. “Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas”, aseguró Valiñas.

Según la misión de la ONU, que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapattá, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente, bajo “un clima de total impunidad”.

Además de este informe, la misión presentó hoy otro sobre violaciones de los derechos humanos en el sur de Venezuela, en particular en el estado de Bolívar, tras la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco en respuesta a la crisis en la industria petrolera nacional. Ello ha ido acompañado de una militarización de la región, con las fuerzas armadas y líderes gubernamentales involucrados en la explotación del oro.

“Grupos armados criminales, incluyendo los llamados sindicatos, operan abiertamente controlando zonas mineras e incluso poblaciones”, señaló Valiñas.

En tanto, la delegación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó hoy a la Misión Internacional de “calumniar” al Gobierno del país con sus nuevos informes presentados hoy, por lo que pidió que el mandato de esta misión no sea renovado.

 

 

Con información de www.infobae.com

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