Designaron a otro juez para la audiencia donde el exministro Marcelo Sain puede quedar preso

La Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Santa Fe designó a un nuevo juez para encabezar la audiencia de medidas cautelares contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal durante su paso por el gobierno provincial.
 
Se trata del juez Martín Torres, quien reemplazará a su par Nicolás Falkenberg, el cual había sido asignado para el trámite judicial en donde se definirá cómo y bajo qué forma transitará la causa el exfuncionario acusado de ser el jefe de una asociación ilícita encargada de realizar cientos de “perfiles” de personas y entidades públicas y privadas sin ninguna orden judicial de por medio.

 Está previsto que este martes la audiencia comience, a las 17, en sala 1 del subsuelo tribunalicio. También tendrá en el banquillo de los acusados al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y la excontratada de la cartera de Seguridad, Agustina Monlins, ambos representados, al igual que Sain, por el abogado particular de Rosario, Hernán Augusto Martínez.

 El pedido de medidas cautelares será realizado tanto por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, como también por los abogados querellantes que tiene la causa: Pablo Cococcioni (por el diputado Maximiliano Pullaro); Ignacio Alfonso Garrone (en representación del gremio Upcn); los abogados Jorge Juan Bedouret y Evelin Andriozzi; y Viviana Cosentino (que asiste al empresario de medios Gustavo Scaglione).

Según trascendió, la Fiscalía solicitará que Sain, como el resto de los imputados atraviesen la causa por las que fueron imputados –el pasado 29 de noviembre– con alternativas a la prisión preventiva: como, por ejemplo, fijar domicilio, prohibición de contacto con las víctimas y salida del país.

 Mientras que por la querella habrá un pedido diferente y más gravoso. Es que, según circuló extraoficialmente en las últimas horas, los querellantes pedirán al juez Torres que el exministro –y exasesor de Aníbal Fernández– sea encarcelado de manera preventiva hasta tanto la causa tenga un nuevo avance. Tal situación generaría un contrapunto en el bloque acusador, ya que la Fiscalía mantendría una óptica distinta de cómo debe atravesar la investigación Sain y el resto de sus excolaboradores del Ministerio de Seguridad.

 El planteo de medidas cautelares será el primero en darse en la causa y se espera que en otra audiencia se formalice el pedido para los otros imputados que tiene la causa y que también fueron parte de la cartera. Se trata de la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, acusadas de ser las “organizadoras” de la asociación ilícita; Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública), imputados como miembros, al igual que Montengro y Moulins, del engranaje criminal que investiga la Justicia.

Incompetencia y pase al federal
La audiencia de medidas cautelares será la antesala de la otra audiencia que también se desarrollará en tribunales, un día después, y que tendrá como eje si la causa que impulsan Hernández y Grimberg, debe tramitarse en la Justicia provincial o en el fuero federal debido a que se investiga, además de la asociación ilícita y otros delitos conexos, la infracción a la ley nacional de inteligencia (25.520).

 El pedido fue a partir de un planteo realizado por el abogado de Sain, quien aseguró mediante un escrito que "el delito de espionaje es de competencia federal" por lo que solicitó que "toda la causa se remita de manera conjunta a la Justicia federal, para evitar la atomización y el avance de procesos paralelos".

 El tratamiento del pedido será en una audiencia que tiene previsto comenzar a las 17 del miércoles y será ante el juez pena Jorge Patrizi, quien deberá resolver el incidente judicial que puede ser decisivo en la causa de espionaje ilegal.

Fuente: Aire de Santa Fe