



San Lorenzo atraviesa uno de sus momentos más críticos, tras recibir el 24 de octubre seis nuevas sanciones de la FIFA. Con estas penalizaciones, el club suma un total de once limitaciones activas, posicionándose como el segundo equipo en América con mayor cantidad de sanciones, solo superado por San José de Bolivia.
Las recientes sanciones se deben a incumplimientos en pagos relacionados con el defensor Rafa Pérez, que formó parte del club en 2023, y un porcentaje del mecanismo de solidaridad del pase de Diego Herazo, que llegó desde Deportes Tolima en febrero de 2024. La deuda específica asciende a aproximadamente 350 mil dólares, que, si bien es baja en comparación con otras obligaciones, complica aún más la situación financiera del club.
La crisis va más allá de lo económico. Marcelo Moretti, quien regresó a la presidencia tras una licencia obligada, enfrenta serios cuestionamientos. Moretti fue restituido por la Justicia después de que se hiciera pública una grabación en la que aparentemente recibía un soborno para el fichaje de un juvenil. Recientemente, tuvo que abandonar la sede social custodiado por la policía, debido a una protesta de hinchas que exigían su renuncia.
Además, un fondo suizo presentó un pedido de quiebra, cuyo plazo venció la semana pasada. La respuesta del club fue que no puede cumplir la solicitud, ofreciendo en cambio un plan de pagos.
En este contexto, San Lorenzo se prepara para una nueva reunión de la Comisión Directiva, donde podría definirse la continuidad de su liderazgo, mientras las sanciones, deudas y crisis política mantienen al Ciclón en un estado de incertidumbre.







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