



El último bimestre del año promete ser crucial para el Concejo, ya que se abordarán temas fundamentales como la ordenanza tributaria y el presupuesto. Desde fines de septiembre, estos proyectos están sobre la mesa, aunque históricamente suelen ser votados en las últimas sesiones del año.
En este marco, el bloque de concejales del PJ ha dejado clara su postura de resistencia ante varias de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo en relación a la estructura tributaria vigente. Es un signo que no podemos pasar por alto. En una reciente declaración, el bloque justificó su oposición al señalar que el proyecto presentado es casi idéntico al vigente, con modificaciones mínimas en beneficios de permisos de edificación. Lo preocupante es que el aspecto más controvertido—el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM)—aún no se ha definido, ya que se está a la espera de cálculos por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Juan Senn, representante de la bancada justicialista, ha sido contundente al afirmar que las promesas del intendente Viotti de reestructurar el sistema tributario han resultado ser una falacia. En lugar de realizar cambios significativos, el Ejecutivo ha optado por ampliar la presión impositiva, afectando incluso a los sectores más vulnerables como los monotributistas. Los aumentos proyectados en algunos casos pueden alcanzar hasta el 85%, lo que es simplemente insostenible.
Un aspecto alarmante aún más es el intento de modificar los artículos 85º y 92º, que, de implementarse, incrementarían dramáticamente los montos que los monotributistas simplificados tendrían que pagar en concepto de Derecho de Registro e Inspección. Este enfoque regresivo se destaca también en la intención de duplicar los mínimos a pagar por entidades mutuales y financieras, a pesar de haber enfrentado un amparo judicial por esta misma cuestión el año anterior.
Ahora bien, surge una cuestión política crucial: ¿cuándo se votarán realmente estos proyectos? Históricamente, la ordenanza tributaria ha sido aprobada antes del 10 de diciembre, y el oficialismo, representado por Lisandro Mársico, ha manifestado su intención de seguir este patrón. La lógica detrás de esto es clara: para que las boletas puedan ser impresas y distribuidas a tiempo, se requiere que estos proyectos se aprueben en diciembre, considerando los inevitables feriados de Navidad y Año Nuevo.
Sin embargo, adelantar la votación con la composición actual del Concejo—dominado por el oficialismo y sin la representación libertaria de dos concejales electos que podrían influir en la decisión—plantea interrogantes serios. Estos concejales han expresado su deseo de participar en la discusión y han sugerido incluso eliminar el Derecho de Registro e Inspección (DREI), que constituye una fuente financiera importante para el estado local.
Finalmente, María Paz Caruso también ha alzado la voz, exponiendo que las promesas de mejorar la tasa de inmuebles han resultado ser cenizas. La realidad es que solo cuatro o cinco tributos representan más del 90% de la recaudación, lo que clama por una revisión profunda del sistema tributario para hacerlo más accesible y menos burocrático. Con los nuevos concejales listos para asumir, es imperativo escuchar las propuestas frescas que traerán.
En conclusión, este último tramo del año será decisivo no solo por las decisiones que se tomen, sino también por las implicaciones que estas tendrán en la vida económica y social de la comunidad. La presión sobre el Ejecutivo para que cumpla sus promesas es más urgente que nunca.








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