El oficialismo acelera en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 en tiempo récord

• El Gobierno inicia sesiones extraordinarias para aprobar el Presupuesto 2026 en menos de 20 días.
• La Libertad Avanza busca sancionar su primera ley de recursos y gastos tras dos años gobernando con el Presupuesto 2022 prorrogado.
• El oficialismo necesita 34 votos extra en Diputados y 17 en el Senado, por lo que negocia con radicales, PRO y bloques provinciales.
• Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal emitirán dictamen esta misma semana para acelerar el tratamiento.
• El proyecto prevé crecimiento del 5%, inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026.
• Se proyectan $148 billones de gasto y un superávit primario de $2,7 billones, con 85% de las partidas destinadas a áreas sociales.

El Gobierno de Javier Milei se prepara para abrir este miércoles un período de sesiones extraordinarias que tendrá un objetivo prioritario: aprobar el Presupuesto 2026 en menos de tres semanas. La Casa Rosada aspira a que la norma quede sancionada y vigente antes de fin de año, después de dos ejercicios completos administrando con la prórroga del Presupuesto aprobado en 2022, heredado de la gestión de Alberto Fernández. La nueva correlación de fuerzas en el Congreso —más favorable a La Libertad Avanza— será puesta a prueba en el primer gran desafío legislativo del oficialismo.

La Libertad Avanza llega a esta instancia con un peso parlamentario mayor, pero aún insuficiente para garantizar la aprobación por sí sola. En Diputados, contará con 95 bancas y necesitará otras 34 para alcanzar la mayoría. En el Senado, partirá de 20 legisladores y requerirá 17 voluntades adicionales. Ese juego de alianzas condicionará el ritmo político de las próximas semanas, donde el Gobierno apostará a articular acuerdos con radicales, el PRO, bloques provinciales y gobernadores que exigen contraprestaciones concretas.

Aunque el decreto de convocatoria incluye un paquete amplio de proyectos —entre ellos la reforma laboral, el régimen de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y modificaciones al Código Penal—, la prioridad absoluta será el Presupuesto. Legisladores oficialistas confirmaron que la estrategia consiste en acelerar al máximo las instancias en comisión y llegar al recinto de la Cámara baja el martes 16 de diciembre, con el fin de enviar la norma de inmediato al Senado.

Para motorizar ese cronograma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, definirá este martes la conformación de las comisiones clave. Presupuesto y Hacienda quedará bajo la presidencia de Bertie Benegas Lynch, mientras que Legislación Penal estará a cargo de Laura Rodríguez Machado. Ambas comisiones deberán emitir dictamen entre jueves y viernes, en una dinámica que promete negociaciones intensas y plazos ajustados.

Presupuesto tendrá 49 integrantes, con una distribución que anticipa un equilibrio tenso: 19 de La Libertad Avanza, 18 de Unión por la Patria, 4 del interbloque PRO-UCR, 4 de bloques provinciales y 4 de fuerzas minoritarias. Legislación Penal, por su parte, contará con 12 libertarios y 12 representantes de Unión por la Patria, lo que obligará a negociar incorporaciones de sectores pequeños para evitar empates que puedan demorar la discusión.

Mientras tanto, el Senado se prepara para iniciar los debates con la reforma laboral, un capítulo que también será central para los planes del Ejecutivo. Los negociadores del oficialismo trabajan en paralelo para asegurar apoyos, con conversaciones que incluyen demandas específicas: desde la situación de las cajas previsionales provinciales hasta la continuidad de obras de infraestructura y los límites al endeudamiento.

En cuanto al contenido, el proyecto de Presupuesto 2026 plantea metas ambiciosas. El Gobierno estima un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de ese año. También se proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones, en un escenario que supone estabilidad cambiaria y consolidación del programa económico.

El gasto total previsto asciende a $148 billones, con recursos estimados en $148,2 billones, lo que permitiría alcanzar un superávit primario de $2,7 billones. La estructura del presupuesto mantiene un fuerte componente social: el 85% de las partidas estarán destinadas a salud, educación, planes sociales y jubilaciones. El desagregado incluye $8 billones para Administración Gubernamental, $7 billones para Defensa y Seguridad, $106 billones para funciones sociales y $14 billones para atender compromisos de deuda.

El cronograma apretado y el tamaño político del desafío dejan en claro que las próximas semanas estarán dominadas por una intensa ingeniería parlamentaria. Para el Gobierno, aprobar su primer presupuesto propio no solo implica ordenar las cuentas del próximo año: representa un gesto político clave para demostrar gobernabilidad en un contexto económico todavía frágil. En la puja por lograrlo, cada voto contará tanto como cada número del cálculo oficial.