Investigación judicial por eludir secuestro de teléfono de empresario vinculado a ANDIS

• La justicia investiga el accionar de Migraciones y PSA tras eludir el secuestro del celular de Mastropietro.
• El empresario está vinculado a la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
• El juez Rafecas ordenó medidas que incluyen cámaras de aeropuertos y listado de llamadas.
• Mastropietro utilizó un vuelo privado y realizó escala en Tucumán, complicando el secuestro.
• Su empresa Baires Fly S.A. habría emitido facturas por “compra de kilómetros” en maniobras de presunto lavado.
• La investigación busca determinar responsabilidades y reconstruir cómo se eludió la orden judicial.

La justicia federal ordenó una serie de medidas en el marco de una investigación que apunta al accionar de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de que el empresario de la aviación Sergio Mastropietro lograra eludir el secuestro de su teléfono celular al ingresar al país. El episodio, que se dio en noviembre pasado, ocurrió mientras Mastropietro regresaba de Miami en un vuelo privado con una escala en Tucumán, y se vincula a la causa por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación paralela sobre la actuación de las fuerzas nacionales, ordenó varias medidas de prueba tras el impulso de la fiscal Paloma Ochoa. Entre ellas, solicitó a Migraciones el protocolo de actuación para demorar personas y la entrega de pertenencias ante una orden judicial. También pidió información detallada sobre las facultades del organismo y el accionar de la PSA en estos casos, así como las grabaciones de las cámaras del Aeropuerto Jorge Newbery y del aeropuerto tucumano donde Mastropietro realizó la escala. Además, solicitó el listado de llamadas entrantes y salientes de su celular, que no pudo ser secuestrado.

Fuentes judiciales señalaron que la utilización de un vuelo privado complicó el trabajo de las autoridades, ya que los horarios y detalles de la operación no eran públicos, lo que dificultó el cumplimiento inmediato de la orden judicial. Según la investigación, al momento de intentar retener el dispositivo, Mastropietro alegó que ya no lo tenía consigo, y posteriormente se constató que el celular salió de Aeroparque sin ser secuestrado.

El episodio se inscribe en el marco de la causa principal que tramita el juez Sebastián Casanello, a partir de una denuncia del fiscal Franco Picardi sobre supuestas maniobras de corrupción y lavado de activos en la ANDIS. Mastropietro fue mencionado por el fiscal como operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete, quien habría coordinado un circuito ilícito para direccionar contrataciones y recaudar fondos de droguerías proveedoras del organismo.

En la investigación se indicó que Mastropietro, a través de su empresa Baires Fly S.A., habría emitido facturas por la “compra de kilómetros” nacionales, supuestamente para ser utilizados en aeronaves, en operaciones que podrían encuadrar como maniobras para disimular el origen y destino de los fondos. La relación con Calvete y otro empresario, Diego Orlando Spagnuolo, aparece reflejada en transferencias de información bancaria y en movimientos económicos que son objeto de análisis por la justicia.

El fiscal Picardi describió a Mastropietro como un actor central en la operación financiera de Calvete, señalando que el empresario de aviación provee servicios privados disponibles las 24 horas, lo que habría facilitado la movilidad del dinero y la evasión de controles. La causa busca determinar si estas maniobras constituyen lavado de activos y de qué manera se vincula el empresario con la red de irregularidades denunciadas en la ANDIS.

El secuestro fallido del celular se suma a otros procedimientos realizados días antes, cuando se allanó el domicilio de Mastropietro en San Isidro y se incautaron computadoras y documentación relacionada. Aún no se encuentra entre los citados a indagatoria en la primera tanda solicitada por el fiscal, pero su nombre aparece en varios tramos del dictamen y en los cruces de información sobre transacciones financieras y empresas vinculadas a la causa.

El caso pone bajo la lupa la actuación de las autoridades en los controles aeroportuarios y plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de cumplimiento de órdenes judiciales en situaciones donde intervienen vuelos privados y maniobras rápidas de los investigados. Las medidas ordenadas por Rafecas buscan reconstruir los hechos, determinar responsabilidades y aclarar cómo fue posible que Mastropietro eludiera el secuestro de su dispositivo, un elemento clave en la investigación de presuntas irregularidades en la ANDIS.