LLA acelera negociaciones con gobernadores para asegurar votos y avanzar con su agenda reformista

• LLA busca aprobar antes de fin de año el Presupuesto 2026 y la ley de “Inocencia Fiscal”.
• El oficialismo carece de mayoría y depende de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales.
• Provincias Unidas y la UCR muestran fuerte impronta federal en sus posiciones.
• El peronismo también se fragmenta y algunos gobernadores se acercan al oficialismo.
• El Ejecutivo evalúa una sesión clave en Diputados para el 17 de diciembre.
• Con solo 12 días hábiles, la velocidad del trámite legislativo será decisiva pero puede dificultar el consenso.

A contrarreloj y con una fragmentación parlamentaria que condiciona cada movimiento, el oficialismo de La Libertad Avanza encara diciembre con un desafío central: convertir en hechos su agenda “reformista” en un Congreso donde, pese a haber triplicado su representación, continúa lejos de la mayoría propia. En ese contexto, el Gobierno fijó prioridades claras: aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de “Inocencia Fiscal”, además de avanzar —aunque con menos expectativas inmediatas— en iniciativas como el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la modernización laboral, la reforma del Código Penal y los cambios en el régimen de preservación de glaciares.

El inconveniente es el tiempo. El período de sesiones extraordinarias concluirá el 30 de diciembre, un plazo que difícilmente permita abordar un paquete legislativo tan amplio. Por eso, las dos primeras iniciativas son consideradas la valla mínima que el oficialismo está decidido a superar antes de fin de año. En los pasillos del Congreso y la Casa Rosada ya se menciona la posibilidad de una sesión clave en Diputados para el 17 de diciembre, aunque todo dependerá de la capacidad de LLA para tejer los acuerdos necesarios.

En este escenario, el Ejecutivo enfrenta un tablero legislativo donde ninguna votación está asegurada. Con minoría tanto en la Cámara Baja como en el Senado, cada proyecto requiere un fino entramado de consensos que ya no pasa exclusivamente por los partidos nacionales, sino por los intereses que marcan los gobiernos provinciales. La dinámica se trasladó con fuerza al terreno federal: más que en los despachos parlamentarios, las definiciones parecen gestarse en la Casa Rosada.

El bloque Provincias Unidas se convirtió en el ejemplo más visible de esta tendencia. Allí confluyen legisladores alineados con los gobernadores de Santa Fe, Jujuy, Córdoba y Chubut, junto con figuras de distintos espacios como Esteban Paulón, Martín Lousteau y la ex libertaria Lourdes Arrieta. Su conducción quedó en manos de Gisela Scaglia, dirigente del PRO santafesino y aliada del gobernador Maximiliano Pullaro, lo que perfila al bloque como un actor relevante para el oficialismo, aunque con prioridades propias que no siempre coincidirán con las de la administración nacional.

La Unión Cívica Radical también exhibe una lógica crecientemente provincializada. La nueva presidenta, la mendocina Pamela Verasay, responde al gobernador Alfredo Cornejo, mientras que los radicales de Corrientes y Chaco mantienen alineamientos firmes con Gustavo Valdés y Leandro Zdero. En este esquema, los acuerdos quedarán supeditados a demandas locales más que a directrices partidarias.

La fragmentación continúa en espacios como Innovación Federal —con diputados de Salta y Misiones— y dentro del propio peronismo, donde los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los catamarqueños de Raúl Jalil formaron bloques separados. En particular, el bloque Independencia, encabezado por Jalil, se muestra cada vez más cerca de la Casa Rosada y más distante de la conducción política de Unión por la Patria.

Para la ley de “Inocencia Fiscal”, el oficialismo necesita dictámenes de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, mientras que el Presupuesto 2026 depende solo del primer paso. La estrategia del Ejecutivo consiste en negociar voto por voto, gobernador por gobernador, aprovechando que las nuevas configuraciones legislativas redibujaron el mapa de alianzas.

El cálculo es claro: sumar a los propios, agregar al PRO y completar los números con los bloques provinciales. Los gobernadores peronistas con posicionamientos autónomos también aparecen en los planes del oficialismo, especialmente aquellos que han empezado a marcar distancia de la conducción histórica del peronismo.

Pero el tiempo corre. LLA tiene apenas 12 días hábiles para conformar comisiones, debatir, dictaminar y llevar los proyectos al recinto en ambas cámaras. Y todo eso sin abrir discusiones profundas que pongan en riesgo la frágil arquitectura de acuerdos que requiere el oficialismo. La agilidad será indispensable, pero también un arma de doble filo: cuanto más se recorten los debates, más difícil será generar consensos amplios.

El Gobierno apuesta a que la urgencia funcione como motor. El Congreso, sin embargo, parece dispuesto a recordar que, aun en tiempos de aceleración política, la aritmética parlamentaria tiene reglas que no se pueden saltear.