La CGT frente a la reforma laboral: un desafío decisivo para su nueva conducción

• La CGT enfrenta en 2026 su mayor desafío tras un año de recambio interno
• La reforma laboral ya tiene dictamen y se debatirá desde febrero en el Senado
• Las cuotas sindicales y solidarias son uno de los principales ejes de conflicto
• El derecho de huelga y el Fondo de Asistencia Laboral concentran fuertes rechazos
• La central obrera cuestiona los límites a delegados y asambleas en empresas
• El resultado del debate marcará el rumbo y la autoridad de la nueva conducción cegetista

El arranque de 2026 encuentra a la Confederación General del Trabajo (CGT) ante uno de los desafíos más complejos de los últimos años. Tras un 2025 marcado por el recambio de autoridades y por la consolidación electoral de un gobierno de signo político adverso, la central obrera vuelve a enfrentarse a un dilema histórico: cómo plantarse frente a una administración que impulsa una nueva reforma laboral y que, además, llega fortalecida al debate legislativo.

La flamante conducción cegetista combina dirigentes con vocación de diálogo y otros con un perfil más confrontativo. Ese equilibrio interno será puesto a prueba en las próximas semanas, cuando el Senado retome, a partir del 10 de febrero, el tratamiento de un proyecto que ya cuenta con dictamen y que genera resistencias profundas en el sindicalismo. El resultado de esa pulseada marcará a fuego la gestión: tanto si la CGT logra introducir cambios sustanciales como si fracasa en el intento.

Por ahora, los principales referentes gremiales mantienen la expectativa de que el ala política del Gobierno habilite una reapertura de las negociaciones. La versión final del proyecto incluyó algunas concesiones, producto de tensiones internas en el oficialismo, pero quedaron lejos de las demandas sindicales. En ese contexto, la cúpula de la CGT buscó descomprimir el clima con una movilización a la Plaza de Mayo, que no alcanzó la masividad esperada, y dejó abierta la amenaza de un nuevo paro general como herramienta de presión.

El escenario permanece en pausa hasta mediados de enero, cuando ambas partes retomarán los contactos con gobernadores y bloques legislativos. El Gobierno confía en repetir el esquema que le permitió aprobar el Presupuesto 2026, mientras que la central obrera apuesta a incidir en el debate parlamentario para modificar artículos clave o, en el límite, trabar la sanción de la ley.

Entre los puntos más sensibles para la CGT aparece la eliminación de la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención de la cuota sindical. La dirigencia busca que ese esquema se mantenga lo más cercano posible a la normativa vigente, incluyendo las cuotas solidarias, hoy excluidas o condicionadas. La reforma también limita la ultraactividad de los convenios colectivos y obliga a pactar año a año esos aportes, una medida que impacta de lleno en el financiamiento sindical.

Otro foco de conflicto es la regulación del derecho de huelga. El proyecto establece porcentajes mínimos de servicios a garantizar durante las medidas de fuerza, un punto que el sindicalismo considera inconstitucional y que ya fue cuestionado judicialmente en normas previas. Mientras sectores dialoguistas del Gobierno evalúan suavizar ese artículo, el ala más dura se resiste a modificarlo.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es, quizás, el aspecto más controvertido. El mecanismo propone financiar las indemnizaciones por despido sin causa con un aporte empresario del 3% de la masa salarial, compensado por una reducción equivalente en las contribuciones patronales al sistema previsional. Para la CGT, esto implica un desfinanciamiento de las jubilaciones y un traslado del costo al Estado, con un impacto fiscal estimado en miles de millones de dólares anuales.

También generan rechazo los límites a la actividad de los delegados sindicales, tanto en horas gremiales como en la tutela sindical, y la exigencia de autorización empresarial para realizar asambleas. A esto se suma la preocupación por la prioridad que el proyecto otorga a los convenios por empresa sobre los de actividad, un cambio que, según la central obrera, erosiona el modelo tradicional de negociación colectiva y alienta la fragmentación sindical.

Por último, la CGT apunta a eliminar la reducción de la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Para la dirigencia, esa rebaja se traduciría en un recorte directo al sistema de salud de los trabajadores, con menor cobertura y deterioro progresivo de las prestaciones.

Con este panorama, la central obrera enfrenta un año decisivo. Entre la negociación, la presión callejera y la amenaza de nuevas medidas de fuerza, la CGT pone en juego no solo su capacidad de influencia frente al Gobierno, sino también la legitimidad y fortaleza de su nueva conducción.