Casación despeja el camino para definir el juez de la causa por la mansión de Pilar

• Casación rechazó recusaciones y destrabó la causa por la mansión de Pilar
• Se convocó a una audiencia clave para definir qué juez seguirá el caso
• El fiscal Villar cuestionó la intervención del juzgado de Campana
• La defensa de los acusados denunció irregularidades y falta de objetividad
• El tribunal descartó suspender la audiencia mediante un recurso extraordinario
• La definición del fuero marcará el rumbo de la investigación judicial

La Cámara Federal de Casación Penal avanzó en la resolución de un expediente que mantiene en vilo a la Justicia federal al dejar sin efecto los últimos planteos que trababan la definición sobre qué juzgado deberá continuar la investigación por una lujosa propiedad en Pilar, valuada en 17 millones de dólares. La causa, que involucra a presuntos testaferros vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, se encuentra actualmente bajo la órbita del juez Adrián González Charvay, aunque su radicación definitiva aún está en discusión.

El tribunal fijó para el próximo 11 de mayo una audiencia clave en los tribunales de Retiro, donde las partes involucradas podrán exponer sus argumentos de manera oral o presentar escritos para sostener sus posiciones. El objetivo será zanjar definitivamente el conflicto de competencia que podría derivar en el traslado del expediente al fuero Penal Económico o a los tribunales federales de Comodoro Py, donde se originó la investigación.

La instancia había sufrido una postergación luego de un intento de recusación contra la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala I, planteo que finalmente fue rechazado. En las últimas horas, el tribunal también desestimó una nueva recusación, esta vez dirigida contra el fiscal general Mario Villar, quien había emitido un dictamen crítico sobre la intervención del juzgado de Campana.

El fiscal sostuvo que el expediente debería retornar al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, y cuestionó el modo en que la causa habría llegado al despacho de González Charvay. Según su planteo, la derivación se habría producido a partir de un correo electrónico enviado por el abogado Mariano Morán, lo que, a su entender, no habría seguido el trámite judicial correspondiente.

Estas afirmaciones motivaron la reacción de la defensa de Luciano Pantano y Ana Conte, quienes figuran como titulares formales de la propiedad a través de la firma Real Central SRL. Los abogados acusaron al fiscal de haber manipulado información, distorsionado hechos y perdido objetividad en su análisis, además de insinuar una supuesta filtración del dictamen antes de su presentación oficial.

Sin embargo, el planteo no prosperó. En su voto, el camarista Javier Carbajo consideró que no se configuraban las causales necesarias para apartar al fiscal, criterio que fue acompañado por sus colegas. Ledesma remarcó además que la recusación fue presentada fuera de los plazos legales, mientras que Mariano Borinsky coincidió en que no existían elementos que evidenciaran una pérdida de imparcialidad.

En paralelo, el tribunal también rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa que buscaba suspender la audiencia convocada para definir la competencia del caso. Con esta decisión, la Cámara ratificó su intención de avanzar hacia una resolución definitiva que permita encauzar la investigación.

El expediente gira en torno a la titularidad de una propiedad de alto valor en el partido bonaerense de Pilar, cuya adquisición despertó sospechas sobre posibles maniobras de encubrimiento patrimonial. La hipótesis bajo análisis apunta a que la vivienda habría sido adquirida en beneficio de terceros mediante la utilización de intermediarios.

Con los principales obstáculos procesales despejados, la audiencia de mayo se presenta como un punto de inflexión para el futuro de la causa. Allí se definirá qué juzgado continuará con la investigación y bajo qué criterios se analizarán las pruebas reunidas hasta el momento.

El desenlace no solo tendrá impacto en el rumbo del expediente, sino que también podría sentar un precedente sobre la forma en que se dirimen los conflictos de competencia en causas de alta sensibilidad institucional.