


El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental 26.657, una iniciativa que introduce cambios profundos en el enfoque del sistema y que ya despertó fuertes cuestionamientos en distintas jurisdicciones, entre ellas la provincia de Santa Fe.
Desde los equipos sanitarios provinciales advierten que no solo se trata de una reforma conceptual de peso, sino también de un proceso que avanzó sin instancias de debate previo con las autoridades locales. El principal foco de malestar radica en la escasa participación de las provincias en la elaboración de la propuesta.
El tema fue planteado esta semana durante una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde representantes de todo el país recibieron por primera vez los lineamientos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Según señalaron fuentes del sector, la iniciativa no había sido discutida previamente ni en ese ámbito ni en el Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama), organismo específico que, aseguran, no es convocado desde 2024.
En representación de Santa Fe participaron del encuentro la ministra de Salud, Silvia Ciancio, junto al secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa. Ambos formaron parte de una reunión donde varias provincias expresaron preocupación por el modo en que se presentó la reforma.
Más allá del contenido del proyecto, que aún deberá ser debatido en el Congreso, el reclamo común apunta a la necesidad de abrir canales de discusión más amplios y federales, especialmente en un área sensible como la salud mental, donde la implementación de políticas depende en gran medida de las estructuras sanitarias provinciales.







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