Polémica por los vapeadores: el Gobierno levanta la prohibición y crecen las alertas sanitarias

El gobierno nacional decidió poner fin a más de una década de restricciones al habilitar la venta de cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina. La medida, oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo esquema de regulación basado en controles y trazabilidad, dejando atrás la prohibición vigente desde 2011 impulsada por la ANMAT.

El cambio generó reacciones inmediatas, especialmente en Santa Fe. Una de las voces más críticas fue la de la diputada provincial Sonia Martorano, quien cuestionó el enfoque de la normativa y advirtió que deja de lado el eje central del problema: la prevención del consumo.

Según la legisladora, el debate se concentró en regular el mercado y en los aspectos impositivos, pero sin atender los riesgos sanitarios. En ese sentido, remarcó que estos dispositivos generan daños importantes en el sistema respiratorio y pueden convertirse en una puerta de entrada a otras adicciones, especialmente entre jóvenes.

Martorano detalló que el uso de estos productos implica la inhalación de sustancias nocivas, incluyendo metales pesados como plomo, níquel y cadmio, que afectan progresivamente los pulmones. Además, rechazó la idea de que el vapeo sea una alternativa menos perjudicial que el cigarrillo tradicional, al sostener que sus efectos pueden ser igual o más dañinos.

La exministra también recordó antecedentes internacionales que encendieron alarmas sanitarias, con casos de afecciones pulmonares graves vinculadas al uso de estos dispositivos. En ese contexto, advirtió que el fenómeno ya tiene impacto local, con un crecimiento del consumo entre adolescentes.

Uno de los puntos más sensibles que planteó es la baja edad de inicio. Según indicó, se registran casos de niños de apenas 10 años que utilizan vapeadores, muchas veces atraídos por el diseño y la falta de información sobre sus riesgos.

Desde el Gobierno, la decisión fue defendida bajo el argumento de que la prohibición no logró frenar la circulación de estos productos, que continuaban comercializándose en el mercado informal sin controles. La nueva regulación apunta a establecer estándares de गुणवत्ता, registro obligatorio y seguimiento de la cadena de comercialización.

Sin embargo, para Martorano ese razonamiento es insuficiente. Considera que, sin políticas activas de concientización y prevención, la medida podría profundizar el problema en lugar de resolverlo.

El debate vuelve a poner en el centro la tensión entre regulación y salud pública, en un escenario donde el avance de nuevas formas de consumo plantea desafíos crecientes para las políticas sanitarias.