El Senado santafesino frena el apuro y abre consultas por la nueva ley contencioso administrativa

El Senado de Santa Fe avanzará en una ronda de consultas con distintos sectores institucionales y judiciales antes de tratar la nueva ley de proceso contencioso administrativo impulsada por el gobierno provincial, un proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados y que forma parte de las reformas derivadas de la nueva Constitución santafesina.

La decisión fue acordada entre los jefes de bloque y el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, con la intención de sumar opiniones técnicas antes de avanzar con la aprobación definitiva de una norma que modifica de manera profunda la relación judicial entre los ciudadanos y el Estado provincial.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, propone reemplazar el esquema vigente por un nuevo sistema judicial especializado, con jueces específicos en materia contencioso administrativa y un código procesal propio.

Hasta ahora, la legislación santafesina contemplaba principalmente la obligación de agotar la vía administrativa antes de iniciar un reclamo judicial contra el Estado. Con la nueva iniciativa, se busca ampliar las herramientas procesales y modernizar el funcionamiento de este tipo de causas.

La reforma se encuentra vinculada directamente con uno de los mandatos incorporados en la Constitución provincial reformada en 2025, que estableció la necesidad de regular específicamente los procesos contencioso administrativos y los recursos contra decisiones del Tribunal de Cuentas.

Aunque el proyecto avanzó rápidamente en la Cámara de Diputados, en el Senado el tratamiento encontró mayores reparos y abrió un debate político más amplio.

El oficialismo pretendía inicialmente acelerar la sanción definitiva, pero finalmente optó por habilitar una instancia de consultas luego de advertencias planteadas desde sectores de la oposición.

Según trascendió, el peronismo había anticipado que rechazaría un eventual tratamiento exprés del expediente, por considerar necesario escuchar previamente a integrantes del Poder Judicial y especialistas en la materia.

En ese contexto, el bloque oficialista encabezado por Rodrigo Borla resolvió habilitar una preferencia para la sesión de este jueves, aunque sin forzar todavía una votación definitiva.

Ahora, una de las posibilidades que analizan los legisladores es convocar a ministros de la Corte Suprema provincial y a equipos técnicos judiciales para conocer sus opiniones sobre el nuevo esquema procesal.

El proyecto enviado por la Casa Gris deroga la actual ley 11.330 y amplía la competencia de los órganos judiciales especializados en materia administrativa.

Además, incorpora la posibilidad de debatir pretensiones más amplias que la simple impugnación de actos administrativos, habilitando reclamos vinculados al reconocimiento de derechos e intereses de los particulares frente al Estado.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca modernizar el sistema judicial santafesino y adecuarlo a los nuevos principios constitucionales, mientras que sectores de la oposición consideran necesario garantizar mayores consensos antes de avanzar con una reforma de fuerte impacto institucional.

La discusión promete convertirse en uno de los debates jurídicos y políticos más relevantes de las próximas semanas dentro de la Legislatura provincial.