El Gobierno aprobó el ingreso de un megaproyecto minero en Mendoza al RIGI por más de u$s600 millones

• El Gobierno aprobó el ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino al RIGI
• La inversión prevista asciende a más de u$s613 millones
• La mina estará ubicada en Uspallata, en la provincia de Mendoza
• El proyecto producirá cobre y recuperará oro como subproducto
• La etapa de construcción comenzaría en 2027 y la operación en 2029
• La iniciativa contará con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios

El Gobierno nacional oficializó el ingreso del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una decisión que contempla una inversión estimada en u$s613,4 millones para el desarrollo de una mina de cobre y oro en la provincia de Mendoza.

La medida fue formalizada a través de la resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. El emprendimiento pertenece a la empresa Minera San Jorge SA y se desarrollará sobre el yacimiento “San Jorge”, ubicado en la zona de Uspallata, departamento mendocino de Las Heras, en plena precordillera.

El proyecto contempla la construcción y operación de una mina a cielo abierto junto con una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional para el procesamiento de cobre y oro. Según la documentación oficial, la capacidad estimada alcanzará el tratamiento de 10 millones de toneladas anuales de mineralización.

La iniciativa había sido presentada originalmente con un monto cercano a los u$s630 millones, aunque tras ajustes técnicos y financieros la aprobación final bajo el régimen quedó establecida en u$s613,4 millones. Desde la compañía aclararon que el cálculo inicial correspondía exclusivamente a la etapa de inversión y construcción, mientras que el costo integral del proyecto —incluyendo mantenimiento y cierre de mina— rondaría los u$s891 millones.

El emprendimiento quedó encuadrado dentro del sector minero, específicamente en el subsector de minerales de primera y segunda categoría previsto por el Código de Minería, con exclusión de litio y potasio.

De acuerdo con el cronograma presentado por la empresa, la etapa de construcción comenzaría en junio de 2027 y el inicio de operaciones comerciales está previsto para enero de 2029. Además, la firma se comprometió a acreditar inversiones por más de u$s188,5 millones durante los primeros dos años, equivalentes al 40% del monto mínimo requerido por el RIGI.

La resolución oficial fijó además el 1 de septiembre de 2028 como fecha límite para completar el nivel mínimo de inversión comprometido bajo el esquema de promoción.

Entre los argumentos para aprobar el ingreso al régimen, el Ministerio de Economía sostuvo que el proyecto cumple con los objetivos establecidos por la ley 27.742, que creó el RIGI como herramienta para atraer grandes inversiones nacionales y extranjeras mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.

En ese sentido, la empresa también presentó un plan de desarrollo de proveedores locales, donde indicó que el 27% de las compras vinculadas a bienes, obras e infraestructura durante las etapas de construcción y operación será realizado a proveedores nacionales. El porcentaje supera el mínimo exigido por la normativa vigente y fue destacado en la evaluación oficial.

Además de la producción de cobre, el proyecto contempla la recuperación de oro como subproducto de la explotación minera. La empresa proyectó exportaciones durante toda la vida útil del yacimiento y aseguró en el expediente administrativo que la actividad no generará distorsiones significativas sobre el mercado interno.

La documentación presentada incluyó estudios de factibilidad técnica, económica y financiera, junto con matrices de riesgo y planes de mitigación ambiental y operativa.

Otro de los aspectos destacados del expediente fue la intervención del Banco Central de la República Argentina, que analizó los componentes cambiarios del proyecto y concluyó que no existían observaciones para formular respecto de su incorporación al régimen.

La resolución instruyó además a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la creación de una CUIT especial destinada al vehículo financiero del proyecto y para la aplicación de los beneficios tributarios y aduaneros previstos en el RIGI.

En paralelo, el Banco Central deberá instrumentar los incentivos cambiarios contemplados en la ley para este tipo de inversiones estratégicas.

La adhesión formal del proyecto al régimen fue considerada efectiva desde el 13 de mayo de 2026, fecha en la que la empresa completó la presentación de toda la documentación requerida por las autoridades nacionales.