El socialismo santafesino empieza a marcarle límites a Pullaro por la reforma de seguridad

El socialismo santafesino comenzó a salir progresivamente del silencio frente al paquete de reformas de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y ya dejó trascender una postura que empieza a ganar fuerza dentro de Unidos: cualquier modificación deberá atravesar un “filtro constitucional”.

Con esa definición, distintos sectores del Partido Socialista comenzaron a marcar diferencias respecto a algunas de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo provincial, especialmente aquellas vinculadas al endurecimiento de herramientas policiales y procesales.

Aunque dentro del socialismo aclaran que no existe una negativa cerrada a discutir las reformas, sí advierten que varios artículos deberán ser revisados para adecuarse a los límites establecidos por la Constitución provincial y las garantías institucionales vigentes.

La diputada Lionella Cattalini fue una de las primeras dirigentes del espacio en expresarlo públicamente. Según señaló, muchas de las propuestas necesitan ajustes porque la Constitución santafesina establece con claridad cuáles son las competencias del Ministerio Público de la Acusación y cuáles los límites de actuación de las fuerzas de seguridad.

Dentro del socialismo coinciden en que la seguridad seguirá ocupando el centro de la agenda política santafesina, aunque sostienen que cualquier avance normativo debe estar acompañado por una discusión jurídica profunda.

La posición atraviesa a distintos sectores internos del partido, tanto los espacios referenciados en Antonio Bonfatti como aquellos cercanos a Clara García y Joaquín Blanco.

El principal foco de tensión aparece alrededor de algunos proyectos específicos incluidos dentro del paquete de seguridad. Entre ellos, el que propone crear “zonas de intervención policial especial”, una figura que habilitaría restricciones de circulación en áreas consideradas conflictivas y permitiría demoras preventivas de personas por hasta 48 horas.

Ese punto genera fuertes reparos no solo dentro del socialismo, sino también en ámbitos judiciales y académicos, donde algunos sectores ya lo califican como una suerte de “mini estado de sitio”.

En el oficialismo provincial, sin embargo, defienden la necesidad de endurecer herramientas frente a la crisis de inseguridad. Pullaro fue contundente al sostener que la provincia no puede retroceder ni mostrarse “blanda” frente al delito.

Desde el socialismo insisten en que el debate no debe reducirse a posiciones extremas. Cattalini incluso cuestionó las viejas discusiones ideológicas sobre seguridad y planteó la necesidad de construir herramientas legales que fortalezcan al Ministerio Público de la Acusación, pero respetando plenamente las garantías constitucionales.

La legisladora también adelantó que el debate no quedará limitado al ámbito político interno de Unidos. El socialismo pretende abrir una ronda de consultas con distintos actores institucionales, entre ellos la Corte Suprema provincial, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de Defensa y colegios de abogados.

Dentro del partido ya anticipan que el tratamiento legislativo será complejo y cargado de tensiones internas. Cerca del socialismo reconocen que la discusión “no será tranquila” y descuentan largas negociaciones antes de llegar a una redacción definitiva de los proyectos.

Por ahora, tampoco existen plazos concretos para avanzar con el tratamiento parlamentario, lo que deja abierta la posibilidad de semanas intensas de debate dentro de la coalición oficialista.

En ese contexto, la frase “el filtro es la Constitución” empezó a consolidarse como la síntesis política del socialismo frente a un paquete de reformas que promete convertirse en uno de los debates más sensibles del año en Santa Fe.