Ficha Limpia Empresaria: Santa Fe avanza con una ley para impedir contratos estatales a firmas vinculadas a la corrupción

Santa Fe podría convertirse en la primera provincia del país en aplicar un sistema de “Ficha Limpia” para empresas que buscan contratar con el Estado. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora es analizada por el Senado, apunta a establecer mayores controles sobre los antecedentes de firmas proveedoras de bienes y servicios públicos.

La propuesta surge en un contexto en el que la provincia ya dio pasos importantes en materia de transparencia institucional. En 2022, la Legislatura santafesina aprobó la Ley de Ficha Limpia para candidatos a cargos electivos y, posteriormente, la Convención Reformadora incorporó ese principio a la Constitución provincial. La norma establece que no podrán postularse quienes hayan sido condenados por delitos dolosos en las condiciones previstas por la ley.

Ahora, el foco se traslada hacia otro de los actores que suelen aparecer en las investigaciones por corrupción: las empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado. El proyecto busca impedir que participen de licitaciones, concursos de precios y otros procesos de contratación aquellas firmas, cooperativas o mutuales que registren antecedentes relacionados con delitos de corrupción.

La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Lionella Cattalini y recibió el respaldo de la Cámara baja en agosto de 2025. Durante el debate parlamentario, se destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar condiciones de competencia transparentes para todas las empresas que operan de manera regular y legítima en la provincia.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la medida responde a una demanda social cada vez más fuerte en favor de la transparencia y contra los privilegios vinculados a maniobras irregulares con fondos públicos. Además, consideran que permitirá al Estado contar con herramientas para evaluar los antecedentes de quienes aspiran a convertirse en proveedores de organismos públicos.

El proyecto volvió a cobrar impulso en las últimas semanas. Durante la sesión del Senado del 21 de mayo, los legisladores acordaron otorgarle tratamiento preferencial, con la intención de debatirlo en el recinto en las próximas reuniones parlamentarias. Si bien existen expectativas de que la iniciativa avance durante junio, no se descarta que el texto reciba modificaciones y deba regresar a Diputados para una nueva revisión.

De convertirse en ley, Santa Fe marcaría un precedente a nivel nacional. Hasta el momento, ninguna otra provincia ha sancionado una normativa de características similares. Aunque en Chaco existe una propuesta con objetivos comparables, el proyecto aún no logró el mismo nivel de avance legislativo.

La discusión abre una nueva etapa en el debate sobre la transparencia pública, ampliando los controles no solo sobre quienes ejercen o aspiran a ejercer cargos políticos, sino también sobre quienes mantienen relaciones comerciales con el Estado.