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title: "Jueces que quieren sus cinco minutos de fama"
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date_published: "2026-09-08T14:34:00-03:00"
date_modified: "2026-09-07T22:53:54-03:00"
author_name: "Ricardo ZIMERMAN"
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# Jueces que quieren sus cinco minutos de fama

**![Use AI Image Sep 7, 2026, 22_51_50](/download/multimedia.normal.94af8b30c8986342.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

**Por RICARDO ZIMERMAN**

**x: @RicGusZim1**

**Hay fallos que abren un debate jurídico y hay otros que terminan convirtiéndose en un símbolo de un problema mucho más profundo. La decisión de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil pertenece a esta segunda categoría porque vuelve a exhibir una lógica que se repite desde hace años: cuando llega el momento de enfrentar el delito con herramientas concretas, siempre aparece una razón para postergar la decisión. Esta vez el argumento fue la falta de infraestructura, de recursos y de condiciones adecuadas para implementar la norma. Sin embargo, detrás de esa explicación aparece una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo la sociedad deberá esperar a que el Estado resuelva todas sus falencias antes de empezar a proteger a quienes cumplen la ley?**

**La jueza Marta Elba Pascual aseguró que no está en contra de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Incluso afirmó que comparte la preocupación por la inseguridad porque vive en el Conurbano y quiere caminar tranquila como cualquier ciudadano. Pero el problema no está en sus declaraciones posteriores, sino en el efecto concreto de su resolución. Mientras sostiene que desea más seguridad, el resultado práctico es que una ley recién aprobada queda congelada. Y cuando las leyes comienzan a depender de que primero exista un escenario ideal para aplicarlas, dejan de ser herramientas del Estado para transformarse en simples declaraciones de buenas intenciones.**

**Resulta llamativo que el eje del argumento judicial esté puesto en la incapacidad administrativa del Estado. Es cierto que faltan institutos adecuados, equipos interdisciplinarios, programas educativos y tratamientos especializados para muchos adolescentes que ingresan al sistema penal. Nadie discute esa realidad. Lo discutible es que esa deficiencia termine convirtiéndose en una especie de salvoconducto para impedir que una norma entre en vigencia. Si cada ley tuviera que esperar a que desaparezcan todas las carencias estructurales del Estado, probablemente ninguna reforma importante podría aplicarse jamás en la Argentina.**

**Durante décadas el país convivió con un esquema que generó una percepción social muy clara: muchos menores involucrados en delitos graves parecían actuar convencidos de que las consecuencias serían limitadas o directamente inexistentes. Esa sensación no nació de la imaginación colectiva. Se construyó a partir de innumerables episodios en los que familias enteras vieron cómo quienes habían cometido hechos gravísimos recuperaban rápidamente la libertad o atravesaban procesos judiciales que nunca transmitían una verdadera idea de responsabilidad. Esa fractura entre la experiencia cotidiana de la gente y el funcionamiento del sistema judicial explica buena parte del deterioro de la confianza pública.**

**Uno de los aspectos más reveladores de las declaraciones de la magistrada aparece cuando reconoce que muchas víctimas le piden que los responsables permanezcan presos durante años. Ella responde que su obligación consiste en aplicar la ley. Sin embargo, cuando una nueva ley modifica las reglas del sistema, encuentra razones suficientes para suspender su aplicación. Esa contradicción resulta difícil de ignorar porque instala la sensación de que el cumplimiento de las normas parece obligatorio únicamente cuando coincide con determinada interpretación judicial, pero puede quedar condicionado cuando exige cambios que alteran una dinámica instalada desde hace tiempo.**

**El debate sobre los adolescentes que delinquen suele quedar atrapado entre dos extremos igualmente perjudiciales. Por un lado aparecen quienes sostienen que cualquier medida de responsabilidad penal constituye un acto de persecución contra jóvenes vulnerables. Por el otro, quienes creen que el encierro por sí solo resolverá todos los problemas. Ninguna de esas posiciones alcanza para enfrentar una realidad infinitamente más compleja. Lo que sí parece evidente es que la responsabilidad penal y las políticas de reinserción no son conceptos incompatibles. Un Estado serio puede sancionar conductas graves mientras desarrolla programas educativos, capacitación laboral y asistencia psicológica. Lo que no puede hacer es utilizar la ausencia de esos programas como argumento para dejar sin efecto la aplicación de una ley.**

**La preocupación expresada por Pascual respecto de que un adolescente encerrado sin educación puede salir más violento a los 18 años merece ser escuchada. Nadie quiere que una institución de menores termine funcionando como una fábrica de delincuentes. Pero también habría que incorporar al análisis una pregunta que muchas veces desaparece del discurso judicial: ¿qué ocurre con las víctimas durante todo ese tiempo? ¿Qué respuesta recibe el comerciante que perdió su negocio después de sufrir reiterados robos? ¿Qué explicación encuentra la familia de alguien asesinado por un menor armado? ¿Qué tranquilidad puede tener quien vive detrás de rejas, cámaras y alarmas mientras escucha que el principal problema sigue siendo la falta de infraestructura estatal?**

**El fallo también deja expuesto otro fenómeno preocupante: la creciente tendencia de algunos sectores judiciales a ocupar espacios que corresponden a la política. Es el Poder Ejecutivo quien administra recursos, construye institutos, designa personal y ejecuta presupuestos. Es el Poder Legislativo quien aprueba leyes después de un proceso democrático. Cuando un juez condiciona la aplicación de una norma a que previamente se resuelvan todos esos problemas administrativos, inevitablemente comienza a intervenir en un terreno que excede su función específica. Esa expansión del rol judicial puede parecer razonable desde una mirada técnica, pero termina alterando el equilibrio institucional porque convierte a los tribunales en árbitros del ritmo con el que avanzan decisiones adoptadas por otros poderes del Estado.**

**Las críticas que surgieron desde el Gobierno nacional fueron inmediatas y utilizaron un lenguaje muy duro para cuestionar una visión considerada excesivamente garantista. Más allá del tono elegido por los dirigentes políticos, existe un dato imposible de ignorar: una parte importante de la sociedad percibe que determinados sectores judiciales analizan la inseguridad desde una distancia que resulta difícil de comprender para quienes enfrentan el delito todos los días. Esa brecha entre la calle y los tribunales se volvió demasiado grande y constituye uno de los principales factores que alimentan el descrédito institucional.**

**La verdadera discusión no debería girar alrededor de si faltan edificios o si los equipos técnicos son suficientes. Todo eso debe resolverse cuanto antes y constituye una obligación ineludible del Estado. La cuestión de fondo consiste en decidir si esas deficiencias pueden justificar que una ley destinada a establecer responsabilidades penales permanezca suspendida mientras el delito sigue produciendo nuevas víctimas. Cuando la burocracia comienza a tener más peso que la protección efectiva de la ciudadanía, el mensaje que reciben quienes cumplen las reglas es profundamente desalentador.**

**La Argentina necesita instituciones capaces de combinar firmeza con inteligencia. Necesita jueces que exijan mejores condiciones para los adolescentes bajo custodia del Estado, pero que al mismo tiempo comprendan que la seguridad pública no puede quedar eternamente subordinada a la espera de un sistema perfecto. Porque la realidad no espera. El delito tampoco. Y las víctimas, lamentablemente, mucho menos.**

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