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title: "Santa Fe sancionó una nueva ley para ordenar los juicios contra el Estado"
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category_name: "POLÍTICA"
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# Santa Fe sancionó una nueva ley para ordenar los juicios contra el Estado

La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el nuevo régimen procesal para el **fuero Contencioso Administrativo**, luego de rechazar las modificaciones que había incorporado el Senado. La norma impulsada por el Poder Ejecutivo busca modernizar los procedimientos judiciales vinculados con conflictos entre particulares y el Estado provincial o municipal.

El proyecto había sido enviado por el Ejecutivo en noviembre del año pasado y forma parte de un conjunto de reformas destinadas a actualizar el funcionamiento de la Justicia administrativa en la provincia. La nueva legislación se suma al Código en la materia, a la normativa sobre el Colegio de Jueces y a la ley de responsabilidad estatal.

Desde el oficialismo provincial destacaron que el nuevo esquema permitirá ordenar una parte significativa de los litigios en los que interviene el Estado.

### Una reforma del procedimiento judicial

La iniciativa establece un procedimiento actualizado para las causas del fuero Contencioso Administrativo, incorporando criterios derivados de la Constitución provincial reformada, los tratados internacionales de derechos humanos y distintos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte santafesina y las cámaras especializadas de la provincia.

El proyecto había recibido aprobación unánime en Diputados en mayo, aunque con modificaciones. Posteriormente, el Senado introdujo nuevos cambios y aprobó la iniciativa el 1 de junio.

Finalmente, la Cámara Baja volvió a tratar el expediente y decidió insistir con su versión original. La sanción se produjo con el respaldo de la mayoría de los legisladores y el voto negativo de los tres representantes del Frente Amplio por la Soberanía.

### Qué causas quedarán bajo este fuero

La nueva legislación determina qué tipo de conflictos deberán ser atendidos por los jueces especializados en lo Contencioso Administrativo.

El fuero tendrá competencia sobre reclamos derivados de acciones u omisiones vinculadas con el ejercicio de funciones administrativas por parte de organismos de la Provincia, municipios y entes descentralizados.

También alcanzará a personas jurídicas de derecho público no estatal y a otros actores que tengan delegadas facultades administrativas cuando actúen en ejercicio de esas atribuciones.

Uno de los criterios centrales establecidos por la norma indica que, para definir la competencia de los tribunales, deberá tenerse en cuenta principalmente **la naturaleza de la función ejercida y no la forma jurídica utilizada**.

### Impugnaciones y servicios públicos

Entre las controversias que podrán tramitar ante estos tribunales se encuentran las vinculadas con la impugnación de actos administrativos, tanto de alcance individual como general.

También quedan comprendidos los conflictos entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y los usuarios, siempre que estén regidos por normas de derecho administrativo.

La competencia alcanzará además a los litigios que involucren a personas de derecho público no estatal cuando actúen dentro de facultades reguladas por el derecho administrativo.

El nuevo régimen reemplazará distintos decretos que fueron regulando esta materia durante los últimos años y busca establecer un marco procesal unificado para este tipo de causas.

### Avanza la selección de nuevos jueces

En paralelo con la sanción de la ley, el Consejo de la Magistratura continúa con el concurso destinado a seleccionar a los futuros jueces de primera instancia del fuero.

Estos magistrados tendrán a su cargo causas en las que estén involucrados organismos provinciales o municipales. Entre los casos que podrán llegar a estos tribunales también se encuentran determinados accidentes de tránsito protagonizados por vehículos oficiales, como móviles policiales o ambulancias.

Con la nueva normativa, Santa Fe avanza en la consolidación de un esquema específico para resolver judicialmente los conflictos derivados de la actividad administrativa del Estado.

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