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# Reforma penal en Santa Fe: advierten que el plan de Pullaro podría poner en riesgo garantías constitucionales

La reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro abrió un nuevo debate en Santa Fe. Desde el ámbito del derecho penal advierten que algunas de las modificaciones propuestas podrían ampliar las facultades de fiscales y policías y reducir los controles judiciales sobre medidas que afectan derechos fundamentales.

La advertencia fue planteada por Candela De Marchi, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, durante una presentación ante una comisión de la Cámara de Diputados provincial. La letrada cuestionó que, bajo el argumento de reforzar la seguridad pública, se avance sobre garantías que deben proteger a todas las personas.

## Cuestionamientos a los alcances de la reforma

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el equilibrio entre la persecución de los delitos y el control de legalidad de los procedimientos. Según De Marchi, la iniciativa podría fortalecer las atribuciones del Ministerio Público de la Acusación y de las fuerzas policiales, mientras limita la intervención de los jueces en determinadas decisiones.

La abogada sostuvo que la búsqueda de respuestas frente a la inseguridad no debería implicar una reducción de las garantías constitucionales. En ese sentido, remarcó la importancia de establecer reglas precisas que delimiten las facultades de quienes investigan y eviten posibles abusos.

La discusión también se desarrolla en un contexto de fuerte preocupación social por la inseguridad, una problemática que ocupa un lugar central en la agenda política provincial.

## Allanamientos y facultades policiales, entre los puntos más sensibles

Entre los aspectos cuestionados aparecen las situaciones en las que podrían realizarse allanamientos sin una orden judicial, así como las excepciones vinculadas con la utilización de pruebas obtenidas de manera irregular.

De Marchi puso el foco en la necesidad de definir con claridad cuándo una sospecha puede justificar una intervención policial. A su entender, la falta de límites precisos podría habilitar interpretaciones discrecionales y generar situaciones que comprometan derechos fundamentales.

También expresó reparos frente a la posibilidad de que determinadas medidas cautelares sean dispuestas por fiscales sin una intervención judicial previa. Otro punto de debate es la incorporación de procedimientos que, según las objeciones presentadas por la asociación, podrían permitir condenas sin un debate contradictorio con las garantías necesarias para la defensa.

## La preocupación por las zonas de intervención especial

Otro de los ejes de la discusión es la creación de zonas de intervención especial, vinculada con la adhesión de la provincia a la legislación antimafia.

Según las observaciones formuladas por la entidad, estas disposiciones podrían habilitar operativos intensivos en determinados barrios o sectores, además de contemplar la posibilidad de mantener detenidas hasta 48 horas a personas consideradas sospechosas, bajo los supuestos previstos en la iniciativa.

La preocupación radica en cómo se definirían esos territorios, qué criterios se utilizarían para justificar las intervenciones y qué mecanismos de control existirían para evitar decisiones arbitrarias.

Desde la asociación también señalaron que las facultades policiales deben estar acompañadas por capacitación, recursos adecuados y procedimientos claros para garantizar que las investigaciones se desarrollen dentro del marco legal.

## El debate sobre seguridad y desigualdad social

De Marchi consideró que la discusión sobre el endurecimiento de las herramientas penales no puede analizarse de manera aislada de la situación económica y social. En su mirada, las desigualdades y las dificultades que atraviesan distintos sectores también forman parte del contexto en el que se diseñan las políticas de seguridad.

La penalista aclaró que sus apreciaciones no necesariamente representan la posición de todos los integrantes de la asociación, aunque sostuvo que existe preocupación por las consecuencias que podrían tener algunas de las modificaciones propuestas.

En la presentación ante la Legislatura, la entidad planteó objeciones relacionadas con el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso y la separación entre las funciones de investigar, acusar y controlar la legalidad de los procedimientos.

## “Las garantías son para todos”

La abogada también rechazó la idea de que defender las garantías constitucionales implique justificar los delitos o desatender a las víctimas. Para explicar su postura, señaló que cualquier persona debe contar con reglas claras, tanto quien sufrió un hecho delictivo como quien enfrenta una investigación penal.

El planteo apunta a que la respuesta estatal frente a la inseguridad sea compatible con los principios de un Estado de derecho. Desde esa perspectiva, las garantías no constituyen privilegios para determinados sectores, sino límites al poder estatal y una protección para toda la ciudadanía.

La reforma impulsada por el gobierno provincial deberá atravesar el debate legislativo, donde se pondrán en discusión los alcances de las nuevas herramientas de investigación y los controles necesarios para su aplicación.

El eje de la controversia es cómo fortalecer la seguridad pública sin debilitar los derechos constitucionales ni abrir la puerta a decisiones arbitrarias.

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