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title: "Barrionuevo impulsa una ofensiva judicial contra el Gobierno por $688.000 millones destinados a las obras sociales"
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date_published: "2026-10-30T03:20:00-03:00"
date_modified: "2026-10-29T19:37:22-03:00"
author_name: "Agencia de Noticias del Interior"
category_name: "POLÍTICA"
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# Barrionuevo impulsa una ofensiva judicial contra el Gobierno por $688.000 millones destinados a las obras sociales

**![2JRD6FTIPRHETK7RLASPBQNLXY](/download/multimedia.normal.ba4375a66b130cf5.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

- **Unos 50 sindicatos impulsan una denuncia contra Luis Caputo para reclamar la liberación de $688.000 millones destinados a las obras sociales.**
- **El reclamo comprende $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución y otros $400.000 millones vinculados con un acuerdo de pago de OSDE.**
- **Barrionuevo promueve una estrategia judicial propia ante la falta de respuestas concretas del Gobierno.**
- **Los gremios también exigen actualizar los valores oficiales para medicamentos y prestaciones sanitarias.**
- **La CGT advierte sobre el deterioro financiero de las obras sociales por el aumento de los costos médicos y la pérdida del poder adquisitivo salarial.**
- **Barrionuevo impulsa un paro general de 36 horas, mientras UTHGRA prepara una huelga nacional para el 16 de noviembre.**

**Un grupo de alrededor de 50 sindicatos, encabezados por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, prepara una presentación judicial contra el Gobierno nacional para reclamar la liberación de aproximadamente $688.000 millones que, según sostienen, permanecen retenidos y deben destinarse al financiamiento del sistema sindical de salud. La denuncia apuntará contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras los gremios advierten que la falta de recursos profundiza una crisis que amenaza el funcionamiento de las obras sociales.**

**La decisión fue adoptada durante una reunión realizada en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), con la participación de organizaciones alineadas con Barrionuevo y la incorporación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la Capital Federal, conducida por Roberto Bonetti. La iniciativa también cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, cuya obra social, OSECAC, brinda cobertura a unos 1,2 millones de afiliados.**

**El reclamo comprende dos partidas principales. La primera asciende a aproximadamente $288.000 millones depositados en un plazo fijo del Banco Nación, correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinado a financiar reintegros y prestaciones de las obras sociales. La segunda alcanza unos $400.000 millones acumulados en fondos vinculados con el acuerdo de pago celebrado con OSDE por aportes que no se habían ingresado al sistema.**

**Los gremios sostienen que esos recursos deben regresar al circuito sanitario para aliviar las dificultades financieras de las entidades. Además de exigir su liberación, reclamarán una actualización del nomenclador utilizado por el Estado para reconocer el costo de medicamentos y prestaciones. Según argumentan, los valores permanecen congelados desde hace aproximadamente tres años, lo que provoca que las obras sociales recuperen apenas una parte de los montos que efectivamente pagan.**

**El origen de los $288.000 millones se remonta a una partida adicional de casi $148.000 millones incorporada al Presupuesto Nacional de 2023, durante la gestión del ex ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT. Esos recursos estaban destinados a financiar prestaciones críticas, entre ellas las vinculadas con discapacidad. Aunque hubo devoluciones parciales, el monto se incrementó por los intereses generados mientras permaneció depositado.**

**Los otros $400.000 millones están relacionados con el Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. Los recursos proceden de un acuerdo alcanzado en 2017, cuando OSDE aceptó pagar alrededor de $8.000 millones tras una controversia por aportes correspondientes a afiliados voluntarios. En 2019, mediante el decreto 251, los fondos disponibles fueron trasladados al mecanismo destinado a brindar asistencia financiera a las obras sociales.**

**La ofensiva judicial también expone diferencias dentro del movimiento sindical. Mientras Barrionuevo pretende avanzar por una vía propia, la CGT continúa buscando una respuesta oficial para la crisis sanitaria. La central obrera mantuvo tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, pero sus dirigentes cuestionan la falta de medidas concretas después de esos encuentros.**

**El deterioro financiero se explica, además, por el aumento de los costos médicos y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que reduce los ingresos provenientes de aportes y contribuciones. A esto se suma la presión creciente de las prestaciones por discapacidad: según estimaciones citadas por fuentes sindicales, alrededor del 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a esa área, con desembolsos cercanos a los $160.000 millones mensuales.**

**Ese escenario limita la capacidad de reintegrar gastos por tratamientos de alta complejidad y medicamentos de elevado costo. Las consecuencias incluyen dificultades para pagar a prestadores, interrupciones de servicios y mayores exigencias financieras sobre los sindicatos, que en algunos casos deben aportar fondos propios para sostener sus coberturas médicas.**

**En paralelo, Barrionuevo rechaza la posibilidad de una protesta limitada de dos o cuatro horas impulsada por la CGT y promueve un paro general de 36 horas con movilización contra las políticas de Javier Milei. Su gremio, UTHGRA, también anunció una huelga nacional para el 16 de noviembre frente al Ministerio de Capital Humano, en reclamo de la certificación de autoridades derivada de sus elecciones y de la homologación de su último aumento salarial.**

**La disputa por los fondos sanitarios se convierte así en un nuevo frente de confrontación entre el sindicalismo y el Gobierno. Para las organizaciones gremiales, la devolución de los recursos y la actualización de los valores de cobertura son condiciones centrales para evitar un deterioro mayor de las prestaciones. Sin una respuesta oficial, advierten, la crisis podría trasladarse con más fuerza a los afiliados y comprometer la capacidad de las obras sociales para sostener la atención médica.**

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