La Agencia de Acceso a la Información Pública intimó al ministro Dante Sica a brindar datos

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Dispuso que facilite la información requerida por ciudadanos a la Secretaría de Trabajo e instruyó a realizar una investigación sumarial a los responsables de negarlo
DANTE SICA

Ante una inédita resolución que puso en una incómoda situación al Gobierno, la Agencia de Acceso a la Información Pública intimó al ministro de Producción Dante Sica a brindar datos requeridos que se le negaron en varias oportunidades a ciudadanos comunes y exigió el inicio de una investigación administrativa a la Secretaría de Trabajo para determinar las responsabilidades de quienes sistemáticamente ocultaron información.

Según la resolución 146/18 APN de la Agencia de Acceso a la Información Pública que dirige Eduardo Bertoni, se avanzó en una investigación sobre los responsables del Ministerio de Producción que durante todo el año pasado se negaron a emitir datos requeridos en varias oportunidades por numerosos ciudadanos sobre diversos temas, entre los que se repetía el pedido de acceso de información sobre datos de la Secretaría de Trabajo.

Si bien el caso de intimación y pedido de investigación sumarial al ministerio que conduce Sica se tomó en base al reclamo interpuesto por la Mónica Andrea Muscolino contra el Ministerio de Producción, el propio Bertoni confirmó a Infobae que en la cartera objetada se presentaron muchos casos reiterados de negativa a dar datos por lo que se decidió avanzar en una resolución concreta por incumplimiento de la Ley 27.275 de acceso de información pública.

"Si no hubieran existido tantos casos reiterados y una manifiesta conducta de negar información jamás se hubiese planteado un pedido de investigación a un ministerio", dijo Bertoni.
 
En la resolución firmada por la Agencia de Acceso, se plantean amplios fundamentos para pedir a Sica que cumpla con la ley de acceso a la información pública. Y finalmente detalló cuatro artículos para exigir que en el plazo de 10 días hábiles se ponga a disposición del interesado la información oportunamente solicitada y se requiere el inicio de una investigación administrativa en la Secretaría de Trabajo.

El caso Muscolino contra Sica se generó en agosto de 2018 cuando la interesada requirió por escrito al entonces Ministerio de Trabajo la nómina completa de oficinas de empleo municipales, unidades de empleo municipales, agencias de empleo provinciales, centros de atención de organizaciones sociales o populares que conforman la red de oficinas de empleo aprobadas por el Ministerio de Trabajo o alguna de sus unidades organizativas desde el año 2003 a la actualidad. También se pidió para cada oficina solicitada si se encuentran habilitadas o no habilitadas para operar con el módulo de oficinas de empleo del portal de empleo para oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo y si hubiere oficinas no habilitadas, especificar si tal condición obedece a que nunca fueron habilitadas o se inhabilitaron luego de haber estado en algún período habilitadas.

A lo largo de una investigación que realizó la oficina presidida por Bertoni se determinó que en este y en otros casos no se daba trámite a la actuación y se inició un expediente. Luego de varios meses el Ministerio de Producción no dio respuestas según consta en la resolución por lo que se decidió avanzar con la inédita resolución. La Agencia que preside Bertoni responde presupuestariamente de la Jefatura de Gabinete aunque tiene autarquía en sus funciones según el mandato legal.

Desde el Ministerio de Producción explicaron a Infobae que toda la información requerida fue respondida el 20 de noviembre del 2018 y que esa cartera "cumple con la reglamentación vigente". Sin embargo, para la Oficina de Acceso a la Información esa justificación no resultó ser suficiente por lo que confirmaron la necesidad de investigar el tema e iniciar un sumario.

Informe de gestión

Este lunes, la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió su informe anual en donde determinó que en el 2018 se presentaron 269 reclamos por presunto incumplimiento a las disposiciones de la ley. Este número representa un 6% de reclamos sobre el total de solicitudes ingresadas a los organismos que trabajan bajo el sistema acceso. "Esto no quiere decir que sólo el 6% de las solicitudes presente algún incumplimiento, sino que en esa cantidad los solicitantes decidieron seguir el trámite administrativo de reclamo", aclararon.

En cuanto a las denuncias y pedidos de información sobre Protección de Datos Personales, se informó que hubo: 238 expedientes tramitados bajo la Ley 25.326; 26 notas y consultas sobre criterios interpretativos; 2 consultas de transferencias internacionales de datos; 1.291 consultas por correo electrónico y 2.580 consultas presenciales. Desde la dirección que lidera Bertoni se realizaron además 4 investigaciones de oficio a organismos públicos para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección de datos personales, y se efectuaron 8 inspecciones presenciales en empresas del sector bancario, conforme lo establecido por la Disposición 55/2016.

Por otra parte, durante el 2018 el Registro Nacional No Llame contó con 23.246 denuncias a lo largo del 2018, de las cuales 7.424 fueron desestimadas y las restantes avanzaron conformando distintos expedientes.

También se detalló en el informe anual al que tuvo acceso Infobae que se acompañó desde la Dirección de Informática e Innovación en la inspección de organismos públicos y se brindó asesoramiento técnico en la investigación de incidentes relativos a la protección de datos personales. Además, se brindó asesoramiento técnico en la formulación y publicación de Resolución 47/2018 sobre "medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento de datos personales en medios informatizados y no informatizados".

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Martín Dinatale

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