El ‘efecto Greta’ se abre paso en Polonia

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El cambio climático entra en el discurso político en un país que enfrenta el desafío de reducir su dependencia del carbón
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El aire contaminado de Imielin golpea nada más bajar del coche en esta localidad polaca de unos 9.000 habitantes situada en la región sur de Silesia. A unos 20 kilómetros de distancia de la industrializada Katowice (donde en 2018 se celebró la Cumbre del Clima), las huellas de la actividad minera se perciben en la inclinación de algunas viviendas, en las grietas de los edificios y hasta en una parcela de bosque muerto, hundido por los movimientos de tierra provocados por la extracción de carbón. La amenaza se ha vuelto mayor desde que hace dos años el grupo propietario de la mina local, una de las compañías más importantes del sector en el país, PGG, anunciara un proyecto de ampliación para explotar un nuevo yacimiento ubicado bajo las casas del pueblo. La actividad podría provocar derrumbes y un mayor hundimiento del terreno, aunque la empresa afirma que el 80% de las viviendas están preparadas para soportar la ampliación, según una inspección que ellos mismos realizaron. Cuatro organizaciones locales, apoyadas por el Ayuntamiento, luchan contra el proyecto.


Alicja Zdziechiewicz, profesora de lengua en enseñanza secundaria y activista de la Asociación Verde de Imielin, explica en un restaurante del pueblo que, además de inundaciones, los nuevos planes mineros podrían afectar a la reserva de agua potable, que abastece a un tercio de la región. “La mina quiere entrar por debajo de este depósito y hay riesgo de que se destruya”.

En Silesia, donde se concentra el mayor número de minas del país, el Gobierno se enfrenta de lleno a uno de sus principales retos: la transición hacia un mix energético más sostenible y el tema ha entrado en la campaña de las legislativas que se celebran este domingo. En la actualidad el 80% de la energía del país depende de este mineral, lo que repercute en la calidad de vida de la población. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 33 de las 50 ciudades más contaminadas de Europa se encuentran en Polonia. El pasado junio, los países del Este, con el Gobierno de Varsovia a la cabeza, bloquearon en Bruselas la firma de un compromiso que fijaba por vez primera para 2050 el objetivo de una economía europea liberada de emisiones de CO2.

El mes pasado, la organización ClientEarth presentó una demanda contra la planta eléctrica de Belchatów, la más grande de Europa, ubicada en el centro del país, con la intención de que suspendiese “las actividades que amenazan al medio ambiente”. El Partido Verde, integrado ahora en la opositora Coalición Cívica, de centroderecha, obtendrá escaños en el Parlamento y propone la eliminación del carbón para 2035. Por su parte, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia (PiS), favorito en las encuestas, concurre a las elecciones por la circunscripción de Katowice, históricamente ligada a la actividad minera, un sector que aún hoy cuenta con un potente sindicato. La misma semana que ClientEarth demandaba a la eléctrica, Morawiecki asistía en Silesia a la ceremonia de inauguración de la primera nueva mina de carbón en Polonia desde 1994.

Si bien hasta hace poco los planes del Ejecutivo polaco pasaban por reducir progresivamente su dependencia del carbón hasta el 50% en 2050, durante la campaña, el ministro de Medio Ambiente, Henryk Kowalczyk, se salió del discurso oficial al declarar que es posible eliminar por completo las emisiones de carbono para esa fecha. “Ley y Justicia lee las encuestas de opinión y sabe lo importante que es la perspectiva del electorado”, afirma Piotr Maciej Kaczynski, experto en política europea. Un sondeo publicado en septiembre revelaba que el cambio climático es la principal preocupación de los polacos, que este año se han sumado a las marchas globales contra este problema. "El número de personas concienciadas está creciendo rápidamente, puedes llamarlo el efecto Greta [por Greta Thunberg, la joven sueca que ha abanderado el movimiento en el último año], y el PiS no es inmune a este proceso”, señala.

Pero el Gobierno sigue enviando mensajes contradictorios. El ministro de Energía, Krzystof Tchorzewski, ha tachado de “fantasía” la idea de lograr cero emisiones en 2050 y añade que Polonia necesita entre "700.000 y 900.000 millones de euros" para transformar su sector energético. El departamento planea aumentar progresivamente el peso de las renovables en su mix energético hasta que estas supongan el 21% en 2030. El ministro también anunció que el Parlamento prepara una ley especial que permitirá la aprobación de proyectos mineros sin contar con el visto bueno de las autoridades locales, en la práctica un salvoconducto para agilizar las licencias.

Para Pawel Szypulski, de Greenpeace, la dependencia energética del carbón no es solo “un reto ecológico, sino también económico”, ya que a la larga esta fuente de energía no será rentable. Señala que si hace 30 años el sector del carbón empleaba a unas 450.000 personas, ahora la cifra ha bajado a 80.000. Queda por ver cuál será la fuerza de los partidos ecologistas en la próxima legislatura. “Hasta ahora tanto Los Verdes como Razem [integrado en la coalición izquierdista Lewica] tenían un peso marginal en la política polaca y el gran interrogante es cómo hacer que su agenda se ponga en práctica, qué influencia tendrán en sus coaliciones, y, por otra parte, hasta qué punto la oposición va a poder tener algún impacto en el desarrollo de las políticas”, afirma.

Asegura, sin embargo, que en el sector energético nacional los próximos años serán de grandes cambios. “Pero escapar de esta trampa que nos hemos tendido con el carbón no puede ser una salida hacia la dependencia del gas [cuyo principal proveedor sigue siendo Rusia, aunque en los últimos años su peso se ha reducido], porque eso supondría ir de un problema a otro”, advierte el activista.

Mientras, en Imielin, la población aguarda a tener mayores certezas sobre el proyecto. En un café de la plaza que se ubica al lado del Consistorio, Aneta, una autónoma de 34 años, rechaza la ampliación de la mina porque teme las consecuencias: “He leído que la extración acarrea riesgos”, comenta escuetamente. Para Patricia, ama de casa de la misma edad, el tema carece de importancia. “Habrá algún tipo de impacto, pero no sé cuál”. En un bazar situado al otro lado de la carretera que divide el pueblo, Halina, una dependienta de mediana edad, se muestra reacia a opinar, “como vecinos pintamos poco”, afirma. “¿Pero quién en su sano juicio diría sí a una mina por debajo de su casa?”, le responde Beata, otra trabajadora más joven.

La próxima semana la Dirección General de Protección Ambiental debe decidir sobre la viabilidad del proyecto, explica Alicja Zdziechiewicz. La activista afirma que si el informe respalda las obras, recurrirán ante los tribunales. El pueblo seguirá luchando.

Fuente: El País

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