"La Corte Suprema de Santa Fe no tiene que manejar plata ni personal para domesticar al Estado"

Alberto Binder fue un actor importante en la instalación del modelo de enjuiciamiento penal que hace diez años rige en la provincia de Santa Fe y que hoy está en proceso de cambio normativo por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro. Asesor de los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti, este especialista en procedimientos penales que es consultor en toda América Latina sigue de cerca los vaivenes de la discusión, pero sobre todo el derrotero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el organismo que controla a los 130 fiscales de la provincia.

Binder conoce a la fiscal general María Cecilia Vranicich porque ella viene del riñón de la reforma penal como funcionaria que actuó en el cambio. Marca en esta nota que, frente a los problemas de criminalidad en la provincia, y especialmente en Rosario, son necesarias instituciones penales sostenidas en la legitimación pública y autónomas de los poderes formales: políticos, empresarios y civiles. Analiza críticamente el presente del MPA, pero su mirada es terminante con el modelo actual de la Corte Suprema de Santa Fe. “La Corte no tiene por qué manejar personal, ni plata, ni recursos. Porque eso le sirve para domesticar al poder policial, judicial, al Estado todo. Y pactar desde ahí”, dice.

El procesalista subraya que hoy día en los ministerios públicos de toda América Latina hay una batalla muy fuerte. “Cuando el MPA en Santa Fe o en Entre Ríos se metió con los sectores tradicionalmente poderosos vino un reflujo muy fuerte. Al pretender investigar a legisladores la entera Legislatura de Santa Fe respondió poniendo en sus manos el régimen disciplinario de los fiscales. En Entre Ríos la fiscal que investigó a un exgobernador y logró su condena terminó apartada de su cargo. En otros lugares como Paraguay directamente empezaron a matar fiscales, en Guatemala los fiscales se están exiliando en masa. Es lo que llamamos el síndrome post Odebrecht: cuando el ministerio público fiscal se metió con presidentes, gobernadores, empresarios o jueces, los sectores de poder dijeron ‘un momento, el sistema acusatorio no es para esto’. No sé hasta qué punto en el MPA los fiscales de Santa Fe tienen claro la pelea en la que están metidos”, dice.

-¿Qué quiere decir eso?, preguntó Letra P.
-Que todavía en buena parte el MPA se siente más cómodo con relaciones armoniosas con los poderes fácticos que a veces los representan que jugando un papel autónomo real. No quiero con esto hacer una acusación hacia Ichi (la fiscal general Vranicich) que recién empieza y a quien aprecio. Pero el MPA no termina de entender que empezó una etapa histórica en la que tiene que apoyar su espalda en la sociedad. Para eso tiene que tener niveles de eficacia que hoy no tiene y construir para sí un poder social distinto. Los graves daños no los están cometiendo los pibes chorros, ni las mulas del narcotráfico ni los soldaditos sino una estructura de poder mafiosa y gris vinculada con lo legal en donde talla el Estado. Esa discusión de fondo no la resuelve el cambio de cinco artículos de la ley del MPA o del Código Procesal Penal. Eso se define con una actitud política fuerte del Ministerio Público.
-Se observa en Santa Fe que el Poder Ejecutivo aspira, y no lo oculta, a gravitar e intervenir en la persecución penal. Como si dijera “acá hay problemas de gestión, esto no funcionó, más que coordinar tenemos que conducir nosotros”. ¿Cómo lo ve?

-Como un error histórico muy habitual, porque el Poder Ejecutivo tiene apariencia de fortaleza, pero es el sector que más fácilmente queda atrapado por los lobbies, sometido a las presiones de los poderes fácticos. En Santa Fe está el caso de daño ambiental de una petroquímica en el que está implicado (Sergio) Taselli que es un empresario muy poderoso. ¿Irá a intervenir el Poder Ejecutivo en esto? Es el modelo del machismo conductor que se reconvierte permanentemente, a los que hemos visto fracasar veinte veces, los modelos (Sergio) Berni o Patricia Bullrich, la falsa apariencia de fortaleza que esconde la disposición a un juego de negociaciones. No es el camino que van a tener que hacer. Rápidamente se fustiga este argumento con la crítica al modelo garantista. No me correrán por ahí. Estoy hablando de cómo construir un modelo de eficacia en la persecución penal.

-¿Qué es para usted eficacia?

-Eficacia significa dos cosas. Una es el cambio de actitud, un giro que pasa porque se tome en serio la autonomía. El MPA lo empezó a hacer, le tiraron palos a la cabeza y hoy está medio asustado y tanteando la nueva realidad. Lo segundo es que no puede funcionar bien un sistema acusatorio sin una buena Policía De Investigaciones (PDI). Y esto en Santa Fe ha sido el reino del zigzag yendo de un lado para el otro. La construcción de la PDI santafesina quedó hasta acá siempre a mitad de camino. El Ministerio de Seguridad por más acciones decididas que tenga no va a reemplazar nunca una buena policía de investigaciones.

Usted marca la debilidad del Ejecutivo o del Ministerio Público para la construcción de autonomía en las investigaciones. Pero en Santa Fe en qué casos penales se va a avanzar y en qué casos no se va a avanzar es notorio el peso de la Corte Suprema.

-Estamos hablando de una Corte Suprema que no funciona como Corte Suprema. No habría problema con la Corte de Santa Fe si la cuestión fueran los fallos, ahí estaríamos discutiendo si los fallos son buenos o no. El problema pasa cuando la Corte se constituye como un poder administrador que ejerce un poder político que no es un poder jurisdiccional. Entonces es otro juego y otra institución, una institución que maneja contratos, los casos para favorecer a ciertos poderes o a ciertos otros, a ciertos actores políticos, a ciertos estudios jurídicos. El negocio del mercado ilegal tiene su asiento en redes de apoyo logística, financieras, contables, legales. No vamos a controlar el narcotráfico o a los poderes tradicionales si no tocamos esto.

-¿Y qué imagina que se puede hacer?

-Si hay una reforma que hacer en Argentina y en Santa Fe es la de quitarle a la Corte Suprema todo poder administrativo. En Santa Fe la Corte tiene que ser de seis personas, o las que sean, sentándose a dictar fallos como único trabajo. La Corte no tiene por qué manejar personal, ni plata, ni recursos. Porque eso le sirve para domesticar al poder policial, judicial, al Estado todo. Y con eso lo que hace es pactar con el poder político. En Santa Fe ese intercambio de favores lo vemos todo el tiempo. Fallos, contratos, privilegios son la forma que adopta ese intercambio. Esa es la gran enfermedad que tenemos. La Corte Suprema tiene un manejo comisarial sobre el resto del Poder Judicial para entrar a ese gran juego de favores que es la política. Que la Corte dicte fallos, que no tenga ningún poder sobre los jueces ni sobre la política. Creo que ahí tiene que apuntar Pullaro si desea ver un cambio auténtico.

-Desde el gobierno de Pullaro señalaron la intención de renovar la Corte Suprema de la provincia.

-Escuché que lo haría y tiene que cambiar profundamente ese sistema. Porque después la Corte presiona, negocia e interviene en el nombramiento de los jueces. Es uno de los grandes temas para el saneamiento de las instituciones de Santa Fe.

-La Corte de Santa Fe se ha pronunciado en fallos que pueden ser bisagra en favor de los poderes formales. Pasó en el caso medioambiental que mencionó de la petroquímica, en el de los fueros de un senador al que dos fiscales buscan imputar, o en el régimen disciplinario a los fiscales.

-Para evitar que la Corte deje de ser un actor político oscuro y espurio hay que hacer reformas profundas y circunscribirla al poder jurisdiccional que es un poder muy grande, pero al que se tiene ajustar. Que se reúnan para hacer los fallos, que los discutan, eso es lo que pasa. Es muy notorio que cuando el MPA empezó a cuestionar a actores del campo empresarial y político por delitos penales se generaron estas cuestiones que se vieron después. Sigo el caso (Armando) Traferri con atención, es notorio todo el juego político.

-Justamente, es un senador que resistió ser imputado, luego cuando lo decide le pide al Senado que le quite los fueros, pero también que le cambien los fiscales. ¿Sale indemne el MPA si acepta que le manejen su criterio acusador y sus tiempos?

-El MPA en su arranque empezó a ocuparse de casos importantes. Pero luego las resistencias lo frenaron. Hubo conflictos serios en el Organismo de Investigaciones, en el caso de (Marcelo) Sain, ahora en este asunto sobre el manejo de informantes con el caso de una testigo donde quedó planteada una controversia entre los fiscales, lo que es un verdadero tiro en las propias patas. Es como que el ministerio público empezó a jugar en Primera A, pero no tomó noticia de que la A exige otro profesionalismo y otra organización. No se puede enfrentar a bandas, poderes fácticos y sus redes de apoyo con estos vaivenes.

-¿Cómo se puede encarar un camino más virtuoso?

-Hay que retomar el trabajo de la PDI en serio. Armar un Organismo de Investigaciones en serio si se quiere investigar lo complejo. Tener una conducción clara sobre lo que se quiere. Se debe trabajar en dos extremos: por un lado, con una metodología específica para los casos estratégicos más importantes y en el otro extremo trabajar en los casos masivos que tienen significado en la cotidianeidad de la gente porque de allí viene la legitimidad. Lo que he visto es que muchas veces la acción del MPA se convierte en un trabajo rutinario: llevar casos, investigar de oficio, de modo moroso, ir a los juicios sin criterio. No es por esa razón que se ha creado el ministerio público. Hay un triángulo que es nueva organización del MPA, planificación adecuada y servicio cotidiano y útil a la sociedad. Esto reclama conducción clara, lo que significa supervisión adecuada, uso de la tecnología, manejo de información de calidad y de los recursos que se tienen. No estoy en contra de la institucionalización de la inteligencia criminal que tiene la ley. Es una herramienta interesante pero peligrosa que requiere enorme atención, porque con esto se puede hacer una política trucha o una política en serio. Podés hacer un buen grupo para investigar narcotráfico, pero también autonomizar grupos que terminen, como pasó, pautando por la suya con la DEA o a los federales sin control. Y que terminen en desastres como pasó con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) vinculados a todos estos temas. El MPA tiene que tomar esto como eje central.

Con informacion de Letra P.