El apuro del Gobierno por la Ley Bases: 2 billones de pesos de recaudación

El Gobierno estima que si la ley Bases saliera aprobada del Congreso sin demoras, la recaudación solo de los cambios en Ganancias y monotributo, junto con anticipos de pagos de Bienes Personales de los próximos cinco años, le otorgarían al Poder Ejecutivo una recaudación extra cercana a los 2 billones de pesos. El blanqueo, con números que por ahora el equipo económico se guarda bajo siete llaves, aportaría otra suma que elevaría el aporte del paquete fiscal al plan de ajuste fiscal a un equivalente a 1% del PBI.

Son cifras que el Ministerio de Economía, a través del secretario de Hacienda Carlos Guberman, acercó a los senadores de los bloques opositores, que solicitaron la semana pasada en reunión plenaria de comisiones un detalle sobre el impacto que tendría sobre las cuentas públicas la sanción como ley del paquete fiscal que acompaña la ley ómnibus. El funcionario del Palacio de Hacienda aseguró que las proyecciones fiscales dependen de la celeridad del parlamento para convertir en ley la iniciativa y en determinados supuestos, sobre la adhesión al blanqueo y al anticipo de pago de Bienes Personales de los próximos cinco ejercicios. “No tenemos ninguna certeza”, se excusó Guberman.

De todas formas, la expectativa oficial es que “en total pueda generar un impacto en este año por el equivalente a 1% del PBI” (unos 4 billones de pesos), lo que dependerá de “si el blanqueo es exitoso” y si “hay acogimiento alto al régimen de Bienes Personales”. En ese plano, plantearon que la mayor parte de esa recaudación extra sería dirigida a los gobernadores por la vía de coparticipación, en una proporción general de 60% y 40%, un factor clave en la negociación.

Sobre la restitución del cobro de Ganancias para entre 800 mil y 1 millón de empleados en relación de dependencia, Hacienda estimó que su impacto en la recaudación dependerá de “cuándo entre en vigencia el cambio”. Por esa razón -y porque la modificación no generará obligaciones “hacia atrás” al no ser retroactivo- es que el Poder Ejecutivo necesita que el Congreso sancione el paquete fiscal y la Ley Bases lo antes posible. Si eso fuese así, estimó Guberman, “para el resto del año (serían) cerca de 1,3 billones de pesos adicionales de recaudación”.

Bienes Personales es un impuesto que tiene dos canales de reforma distintas en el paquete fiscal. Por un lado, propone una reducción paulatina de alícuotas hasta 2027 (cuando legalmente terminaría la vigencia del tributo salvo que sea prorrogado por el parlamento); por otro, un plan para fomentar un pago anticipado de la carga de Bienes Personales que los contribuyentes alcanzados puedan hacer por un monto proyectado a lo que tendrían que pagar en los próximos cinco años.

La manera en que se calcula esa proyección a un lustro fue cuestionado por la oposición en comisiones, principalmente por el senador radical Martín Lousteau, que consideró que implicaría el congelamiento de la foto patrimonial con un monto a pagar bajo y que si en esos cinco años los bienes de esos contribuyentes crecieran, ese diferencial quedaría exento del impuesto. Para eso, ejemplificó con los casos de ejecutivos de empresas “unicornios”, de rápido crecimiento en su valuación.

Así, una de las dos modificaciones haría crecer la recaudación por los anticipos y la otra la haría caer por la reducción de alícuotas. Con todo, el secretario de Hacienda aseguró que la recaudación extra de Bienes Personales “dependerá del impacto de cómo se distribuya la situación entre adelanto y modificación de alícuotas”, pero que se trataría de unos $500.000 millones. “A costa de recaudación futura, si hay acogimiento alto” al pago anticipado, reconoció. Por último, la modificación de las escalas y reajuste de componentes tributarios del monotributo aportaría al fiscal $152.000 millones, estimó Guberman.

Un elemento del paquete fiscal que también podría aumentar la recaudación es el blanqueo de capitales. El Gobierno aseguró que analizará instrumentar cambios en la redacción de ese capítulo, ya que el jueves pasado, en comisión, la exteriorización de activos fue fuertemente asediada de cuestionamientos por parte de senadores de la oposición.

Las objeciones señalan el alcance que tiene, el costo de la exteriorización de activos y puntos que consideraron pocos claros para la transparencia y trazabilidad de los fondos. La cantidad de recaudación potencial por el cobro del impuesto especial por única vez (5%, 10% o 15% de lo declarado, según en qué etapa del blanqueo se trate), permanece reservada para el equipo económico.

Guberman escuchó los planteos de los bloques opositores en jueves pasado en el Senado. La legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri y Lousteau cuestionaron con dureza el alcance de la exteriorización de activos y las posibilidades de que sirva para que testaferros puedan blanquear propiedades.

El artículo 35° permite regularizar bienes inmuebles que están a nombre de terceros. Para Tagliaferri y Lousteau configura una ventana para “limpiar” la ficha tributaria de testaferros, es decir, terceras personas que prestan su nombre para enmascarar el propietario real de un activo. “El blanqueo a nombre de terceros se llama ‘testaferro’. No termino de entender el objetivo y la trazabilidad. Están permitiendo blanquear a los testaferros”, dijo Tagliaferri.

“El testaferro ya tiene declarado los bienes, no apuntamos a esos casos, sino a los casos en que hay personas que adquirieron inmuebles con vehículos no del todo formalizados, fideicomisos de obra, por ejemplo. No es la idea (blanquear testaferros). En la reglamentación se tomarán todas las precauciones. AFIP tiene que tener recaudos sobre el origen de los fondos”, respondió Guberman.

Lousteau recordó que “el presidente (Javier Milei) dijo que no le importa de dónde salen los fondos”, para el blanqueo, algo que aseguró durante su discurso ante el Foro Llao Llao. “Es su filosofía sobre el tema. No nos deja muy tranquilo que digan que la reglamentación lo va a subsanar”, espetó el senador y presidente de la UCR. Guberman replicó que los “inmuebles ya están registrados, debería haber trazabilidad”.

“Hay un tema de espíritu (de la norma) que nos preocupa a los senadores”, dijo Lousteau, en un planteo sobre ese artículo que también fue citado por otros senadores como el salteño Juan Carlos Romero y la cordobesa Alejandra Vigo que pidió no crear una “industria del blanqueo”. “Podemos trabajar en aclarar las normas”, concedió el secretario de Hacienda.

El enviado de Luis Caputo a la sesión de comisión también prometió ante los planteos de los senadores que pondrá a reconsiderar otros puntos del articulado del blanqueo, como cuál es el alcance de la prohibición de ingreso a familiares de funcionarios y ex funcionarios. Lousteau reclamó: “Este blanqueo permite que hermanos de funcionarios blanqueen. Voy a pedir que se excluyan”, dijo y pidió que el plazo de exclusión para ex funcionarios se extienda desde 5 a 10 años, para que quienes formaron parte del gobierno de Cambiemos también queden fuera. “Se puede conversar sobre eso”, respondió Guberman.

Tagliaferri y Vigo fueron enfáticas en el planteo sobre por qué se dejaría a quienes ingresaron a blanqueos pasados volver a participar de otro. “Tomamos el punto sobre los que entrar a blanqueos anteriores”, cedió Guberman y dijo que en el listado de restricciones para funcionarios y ex funcionarios “nos faltó movernos para los costados también”, en el sentido de que también contemplarán cambiar el articulado para agregar a hermanos, al tiempo que otro tipo de parentescos familiares están explícitamente marginados del blanqueo.

“Hay una cuestión legal si (un contribuyente) entró y se mantuvo cumpliendo y luego se convirtió en incumplidor, nos puede abrir frentes judiciales”, se defendió Guberman. “Estamos abiertos a reevaluarlo”, dijo aunque consideró que si se prohibiera a participantes de blanqueos anteriores adherir al nuevo “generaría una asimetría”.

Otros dos planteo que el secretario de Hacienda recogió del ida y vuelta con los senadores tiene que ver con el uso que se le podrá dar a los fondos depositados y estacionados hasta el 31 de diciembre de 2025 para evitar el pago del impuesto especial y cómo se controlará el origen de los fondos de tenencias de criptomonedas que ingresen al blanqueo, ya que el ecosistema cripto suele ser señalado como más vulnerable a ser utilizado para lavar dinero.

Sobre el primer punto, Guberman aseguró ante una consulta que “en el momento de reglamentar podemos tener en cuenta que una parte sea para obra pública o financiamiento a las provincias”. Tal como reflejó Infobae, una serie de inversiones puntuales harán gratuita a la exteriorización de activos, que tendrán “por finalidad incentivar la inversión productiva en el país o fomentar el crédito a las empresas que operan en el país”.

Respecto a las criptomonedas, el funcionario del Palacio de Hacienda, que acudió a la comisión acompañado de la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini -una funcionaria que continuó en su cargo tras el cambio de gobierno en diciembre- dijo que buscarán apoyarse en el “sistema de información a nivel internacional para buscar trazabilidad”, en el que está trabajando la Comisión Nacional de Valores (CNV). Guberman dijo que la cuestión de las criptomonedas “es un tema más complejo en su análisis, se está trabajando dentro del marco del GAFI”. El blanqueo permite declarar tenencias de criptomonedas en el país o en el exterior.

Fuente: Infobae