Desregular y privatizar, dos patas claves para el crecimiento

En 1988 Jorge Eduardo Bustamante publicó La República Corporativa, libro que fue reeditado en 2023, en el cual describe la maraña de regulaciones que hoy siguen teniendo vigencia y que ahogan la capacidad de innovación de los individuos y abren la puerta a fuentes de corrupción.

Para salir adelante no solo hace falta un plan de estabilización económica, también se requiere de una amplia desregulación de la economía y reforma laboral, monetaria, impositiva, del Estado, terminar con los mal llamados planes sociales, incorporar la economía al mundo y privatizar empresas que son una carga para el Tesoro Nacional.

Sobre las privatizaciones hay que tomar como referencia los 90, no porque todas hayan sido bien hechas, sino por algunos otros objetivos que se consiguieron. Por ejemplo, mejorar la oferta de los servicios (era un martirio conseguir un teléfono de línea con Entel, los cortes de luz de Segba eran constantes; y el gas que se venteaba porque no había inversiones para transportarlo a empresas y domicilios) que sirvieron como un mecanismo más de estabilización de la economía.

Las pérdidas de las empresas estatales que antes tenía que afrontar el Tesoro con Adelantos Transitorios del BCRA, es decir emisión monetaria, dejaron de ser una carga cuando se privatizaron y por tanto dejaron de ser fuente de presión sobre la inflación.

Además, las privatizaciones sirvieron para reducir la deuda pública porque los compradores de empresas estatales pagaron en su mayor parte con bonos del Tesoro a su valor nominal que era notablemente más alto al que los pagaron a precio de mercado, y el saldo en efectivo.

El caso Aerolíneas

El Senado quitó una gran cantidad de empresas que el Gobierno proponía privatizar en la Ley Bases, una de ellas Aerolíneas Argentinas, que es confundida con un símbolo patrio cuando, en rigor, es un conchabo de cantidad de ñoquis militantes con sus casi 12.000 empleados y con pérdidas de USD 8.000 millones durante más de una década, que debería ser cerrada.

Los activos son mínimos y si se fuera a un esquema de cielos abiertos donde hay competencia, las actuales rutas que cubre Aerolíneas podrían ser cubiertas por empresas privadas que no le costarán nada a los contribuyentes.

Y las rutas no rentables podrían ser cubiertas por empresas privadas licitando a favor de quien ofrezca aceptar el menor subsidios.

¿Dónde irían a trabajar los empleados de Aerolíneas? Salvo el caso de los ñoquis incorporados por La Cámpora, tanto los pilotos, personal de mantenimiento, tripulación de cabina, administrativos, etc. podrían ser contratados por las nuevas empresas.

En este caso hay que recordar el artículo que hace décadas publicó Henry Hazlitt, ¿Instead of what? (¿A cambio de qué?), en el que argumenta que “la gente ve las obras faraónicas que hace el Estado, lo que no ve es lo que se deja de hacer porque el Estado tuvo que cobrar impuestos que provocaron la caída en la demanda de bienes y servicios por parte del sector privado”.

Hoy se ven los aviones de Aerolíneas prestando un servicio mediocre. Lo que no se ve son todas las empresas de aviación que podrían estar volando, creando puestos de trabajo y sin un costo para el contribuyente si hubiese un sistema de Cielos Abiertos.

Además, no se ven todas las actividades que no se desarrollaron fuera de la aviación porque el contribuyente tuvo que pagar impuestos para sostener las pérdidas de Aerolíneas.

Maraña de trabas al sector privado

El exceso de regulaciones de la economía genera distorsiones y elevada discrecionalidad:

1) Ineficiente asignación de recursos ya sea porque las empresas tienen que destinar personal a cumplir con papeleos que no producen riqueza alguna o bien porque impiden el ingreso de competidores en el mercado;

2) Abre las puertas a la corrupción porque el que tiene la lapicera puede autorizar excepciones;

3) Son un instrumento de extorsión política, porque burócratas y políticos pueden presionar al sector privado si no cumplen con sus órdenes.

De ahí que no veo con buenos ojos el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque, por un lado, rompe con un principio fundamental del liberalismo que es el de igualdad ante la ley.

Si es bueno que una empresa que invierte USD 200 millones o más tenga ventajas impositivas, cambiarias y aduaneras, ¿por qué se excluye de esos beneficios a la pyme que invierte menos?

Estos esquemas de beneficiar a ciertos sectores con determinados beneficios impositivos y aduaneros no son nuevos, ya existen, como el caso del Régimen de Tierra del Fuego o Régimen de Promoción Industrial que abarcó a San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, y en general lo único que lograron fueron construir tinglados para simular empresas.

De ahí que únicamente con una profunda reforma del Estado, actualización de normas básicas y eliminación de la maraña de regulaciones que son fuentes de corrupción, la economía podrá estabilizar los precios y volver a crecer.

* Para www.infobae.com