El rector de la UNL advirtió que está en "riesgo" el segundo semestre

Los sindicatos de trabajadores de las universidades nacionales resolvieron convocar a una protesta de 72 horas con paros y actividades de visibilización los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de agosto. Los gremios reclaman "salarios dignos" para los docentes y apuntan contra el gobierno nacional por la falta de recomposición de los sueldos.

En Santa Fe, la medida de fuerza definida por el gremio Adul (Asociación de Docentes Universitarios del Litoral) implica que no inicie el cuatrimestre en la Universidad Nacional del Litoral. En este contexto, el rector Enrique Mammarella alertó sobre la grave situación que afecta tanto a docentes como a no docentes. Expresó su preocupación por la falta de acuerdo y advirtió que el conflicto amenaza con poner en riesgo el segundo semestre del año académico.

“Estamos ante una emergencia salarial importante”, declaró Mammarella. “No se ha actualizado la garantía salarial para docentes y no docentes, lo que aseguraba que las categorías más bajas no quedaran por debajo de la línea de pobreza. Además, se ha eliminado el fondo nacional de incentivo docente”, explicó en declaraciones a la emisora universitaria LT10.

En ese sentido, indicó que la falta de acuerdo y recomposición ha llevado a que un alto porcentaje del personal universitario cobre su salario por debajo del umbral de pobreza, profundizando las dificultades económicas dentro de la comunidad universitaria.

Mammarella señaló que la situación tiene un impacto profundo en las familias de los docentes y no docentes, así como en los estudiantes. “Esta situación afecta a toda la comunidad universitaria. Los esfuerzos que hacen las familias para que sus hijos puedan estudiar y viajar son enormes. No solo impacta a los empleados de la universidad, sino a todos los que forman parte de ella”, agregó.

El rector subrayó la necesidad urgente de ajustar los salarios para alcanzar niveles dignos. “Es muy difícil continuar trabajando normalmente cuando los ingresos no llegan a la línea de pobreza. Este año, en estas condiciones, es muy complicado”, afirmó.

Mammarella también destacó que las actualizaciones salariales deben reflejar los niveles de inflación. “El comunicado del Ministerio de Capital Humano, que detalla el aumento para docentes y no docentes, no toma en cuenta la inflación, dejando los aumentos muy por debajo de los valores necesarios”.

A pesar de los esfuerzos por buscar soluciones, la crisis universitaria persiste y no hay definiciones para que la situación pueda cambiar. “Estamos dispuestos al diálogo y hemos recurrido tanto al Ejecutivo como al Congreso, que tiene la potestad de trabajar en leyes y discutir el presupuesto para el próximo año. Siempre proporcionamos los datos necesarios, acompañando con la inflación y la rendición de cuentas correspondiente”, concluyó Mammarella.

El comunicado completo del Consejo Interuniversitario Nacional
ElConsejo Interuniversitario Nacional (CIN) reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene. No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas.

Lo hemos dicho con absoluta claridad: del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas.

La situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial.

Es cierta la afirmación contenida en el comunicado del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año. Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal. Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión.

A este crítico escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Y todo esto agudiza gravemente la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido.

Como es evidente, las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes. Naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo impacta significativamente en la calidad de vida de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades y ello, consecuentemente, compromete su dedicación y compromiso, lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza.

Durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente la gravedad de la situación con la expectativa de encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN y las representaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles manifestamos en conjunto nuestra alerta. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la sostenida advertencia, no se haya decidido aún ni siquiera garantizar con sistematicidad el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional, de manera de tener un espacio que permita abordar el problema e imaginar soluciones posibles.

Ante esta situación, reiteramos nuestro reclamo. Es necesaria una recomposición salarial urgente, a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen.

Hacemos, también, un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse en este pedido e invitamos a todas las universidades del sistema a declarar, a través de los órganos competentes, la crisis y la emergencia salarial. La educación superior es un derecho y la herramienta más importante para resolver los problemas que el país tiene. Lo ha dejado en claro la sociedad en su conjunto el 23 de abril del presente año y esperamos que esa manifestación colectiva se escuche en su justa magnitud.

Finalmente, invitamos a las autoridades nacionales a trabajar conjuntamente con la comunidad universitaria para encontrar soluciones sostenibles a esta problemática. Este Consejo pone toda su disposición y esfuerzo, una vez más, para esa tarea.

Con información de Uno Santa Fe