Judiciales: Un paro político
En una decisión sin precedentes en los últimos 30 años, el gremio judicial de Santa Fe va al paro contra la administración de Maximiliano Pullaro. La tensión entre los poderes por la reforma jubilatoria, los ajustes a los nombramientos, y la disputa con la Corte Suprema, derivó en una medida de fuerza que sacude los cimientos de la justicia santafesina.
Este martes, empleados y empleadas de tribunales, el Servicio Público de la Defensa y el Ministerio Público de la Acusación, reunidos en asamblea, tomaron la decisión de ir a huelga durante 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
La paralización de actividades que se realizará este jueves 10 de octubre, pegado al feriado turístico, afectará al servicio de justicia de toda la provincia y surge como respuesta a una serie de desacuerdos que se acumularon entre el gobierno y el poder judicial. La durísima frase que sintetiza el conflicto la lanzó Pullaro en su discurso apenas asumió, cuando calificó a la justicia santafesina como “cara e ineficiente”, y escaló en las últimas semanas cuando dijo que al sector “se le terminaban los privilegios”.
Judiciales de Santa Fe: ¿Qué quieren?
Juan Pablo Langella, representante del sindicato de empleados judiciales, no escatimó en críticas hacia Pullaro: "No tenemos respuesta del gobernador, no firma los decretos, no respeta la Constitución y como integrante del Movimiento Obrero lo vamos a defender a los compañeros judiciales". Según el gremio, los puntos de mayor fricción son la demora en la firma de decretos de designación de cargos, la falta de nombramientos, y la reforma previsional, que no sólo les aumentó los aportes a los trabajadores activos, sino que además puso un tope a las jubilaciones máximas, que en diciembre pasado habían superado 32 veces a una jubilación mínima, y que se concentran, en su mayoría, en los pasivos de ese sector público.
Los rumores además, indican que el gobierno provincial prepara una serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial santafesino, que incluiría un control de la efectividad de los juzgados, pero, además, un posible desenganche a la norma que empalma los aumentos de sueldo de ese sector provincial con los haberes del Poder Judicial de la Nación: “No tiene lógica que la provincia deba pagar aumentos salariales negociados y fijados por el Estado Nacional”, advirtieron desde la mesa chica del gobernador.
Una Corte Suprema debilitada
La situación se complica aún más con una Corte Suprema que empieza a debilitarse. Mario Netri y María Angélica Gastaldi, dos de sus seis integrantes ya le pusieron fecha a su jubilación, mientras que otros tres, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y el presidente del máximo tribunal Rafael Gutiérrez intentan resistir los empujes del ejecutivo al recambio. La disputa es potente, porque todos ya superaron por mucho los 75 años, edad máxima que prevé la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura. El único cortesano que queda afuera de esa discusión es Daniel Erbetta, que todavía no llegó a esa edad.
En un desayuno difícil de digerir, hace algunas semanas la cúpula del Ejecutivo provincial convocó a los cortesanos y todos mostraron sus cartas. El encuentro cara a cara lejos de aplacar los ánimos, los recrudeció. En la mesa, el ministro de Economía Pablo Olivares remarcó que en un semestre hicieron un uso “desmedido y vertiginoso” del presupuesto anual. Desacostumbrado a las críticas directas, el juez Gutiérrez, conductor político de la Corte, retrucó: “Me voy a ir cuando yo quiera”.
Un futuro incierto
El paro afectará a las principales ciudades de la provincia, incluyendo Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, San Cristóbal, Tostado y Villa Ocampo. Mientras tanto, el Ejecutivo avanza decidido a impulsar una reforma profunda del poder judicial, aprovechando lo que considera "una suerte de fin de época". La jornada del jueves 10 marcará un antes y un después en la relación entre los poderes en Santa Fe, y podría sentar las bases para una redefinición del sistema judicial provincial.(Letrap)