Abogados de todo el país, en contra de los cambios en la ley de divorcios y sucesiones
Abogados de todo el país advirtieron sobre “el estado de desprotección en que podría quedar la ciudadanía, debido a posibles renuncias anticipadas de derechos por desconocimiento”, si prospera el proyecto de ley de divorcio enviado recientemente por el gobierno nacional. “Se vulneran derechos de la ciudadanía y atacan a la función judicial y a las incumbencias profesionales afectando la calidad del servicio legal de los argentinos”, expresaron los profesionales. Estas expresiones fueron realizadas en el marco de la jornada “Divorcio y Sucesiones”, organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, en conjunto con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y otros colegios federados.
El evento contó con la participación de destacados juristas nacionales, académicos, magistrados y abogados litigantes de Córdoba y el país, quienes escucharon las disertaciones en la sede de la Cámara de Diputados de la Nación.
De la actividad participaron como expositores los especialistas María Herrera, Marcos Córdoba, Silvana Chiapero, Juan Carlos Palmero y Natalia Eva Torres Santomé, con la coordinación de la presidente de FACA, Mariel Tschieder y del presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar.
Durante la jornada, los expositores coincidieron en la inexistencia de fundamentos que justifiquen la adopción de divorcios y sucesiones notariales, dado que se trata de un sistema que no conlleva ningún beneficio real y, a la vez, acarrea graves riesgos para la sociedad.
Enfatizaron además que la existencia de contradicciones en la propuesta lanzada desde el Gobierno Nacional, “con principios constitucionales y protección de derechos humanos, al eliminar la intervención del Poder Judicial y generar un escenario de desprotección para los más vulnerables”.
Explicaron asimismo que “se trata de modelos sin precedente en el derecho comparado, que previsiblemente generarán mayor inseguridad jurídica y litigiosidad”. En definitiva, acordaron en que “se trata de proyectos negativos, innecesarios y perjudiciales para la sociedad”.(Perfil)