Termina el año en el Congreso: qué leyes son la prioridad del Gobierno y de la oposición

Existen dos fechas límites para el Congreso y ambas parecen asfixiantes: el 20 de noviembre es el último día para que un dictamen de comisiones sea elevado para su votación en el recinto, mientras que el 30 del mismo mes finaliza el período de sesiones ordinarias. El Gobierno sostiene la ambigüedad con respecto a una posible convocatoria a un período de extraordinarias, pero tiene objetivos a corto plazo que no le resultan indiferentes.

Armado de paciencia, Casa Rosada no cedió hasta el momento en ninguna coma el proyecto de Presupuesto 2025 que presentó Javier Milei en septiembre. Aún así, y con apenas el 15% de la Cámara de Diputados, tiene aseguradas las firmas para dictaminar su redacción: el PRO, la UCR y Encuentro Federal, bajo la influencia de los gobernadores provinciales, acompañarán su estrategia económica a cambio de cesiones que representan más bien obligaciones del Estado nacional, como el pago de la deuda de las cajas previsionales de las provincias, la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o el envío de las certificaciones para las obras públicas ya iniciadas. Aún así, necesitarán aprobación sin modificaciones en el Senado para tener la sanción en período ordinario.

Aunque relativizó su importancia, la aprobación del proyecto de Presupuesto 2025 le permitirá a Casa Rosada mostrar solidez institucional al entramado financiero internacional e incluso a los prestamistas del país, quienes también observan el destino del DNU 846/2024, que flexibiliza los requisitos para realizar canje de deuda que involucren los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo. Unión por la Patria es el principal obstáculo para que el decreto conserve vigencia, pero hasta ahora no ha obtenido un acompañamiento genuino de ninguno de los bloques mayoritarios.

Con Presupuesto aprobado y posibilidad de negociación de deuda a su merced, todo lo que se sume será un valor agregado más que una necesidad. En ese marco ingresa el anhelo de privatizar Aerolíneas Argentinas, un límite que hasta los gobernadores provinciales -que entienden que sus distritos pueden no ser rentables para otras compañías- están demarcando. También se suman dos reformas electorales de iniciativa del PRO: una más enunciativa, que permitirá el voto por correo en el exterior, y la otra con mayor interés por sus conexiones con el Poder Judicial, que es el de Ficha Limpia. Hay optimismo oficialista en su aprobación el próximo miércoles.

En tanto, El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno enviará al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que propone eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y establece mayores requisitos para la existencia de los partidos políticos, reducirá el financiamiento público y aumentará la posibilidad de los aportes privados, entre otros puntos.

Seguridad: la agenda paralela con la que el Gobierno avanza

"Somos la comisión que más se reunió y las que más dictámenes emitió", subrayó Laura Rodríguez Machado (PRO), titular de la Comisión de Legislación Penal, para este medio. Las gestiones legislativas del oficialismo y sus aliados en materia de seguridad le permitieron la sanción de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos y el avance de dos proyectos que ya están listos para ser votados en el Senado: la regularización de la tenencia de armas de fuego y el Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también llamado ley Antimafias. En una sorpresiva estrategia legislativa, el peronismo abandonó la vocación de debate y permitió el acuerdo del oficialismo y con aliados.

En la misma sesión de Ficha Limpia, el temario apunta al tratamiento de reformas del Código Penal y Código Procesal Penal en torno a la reiterancia, que implicaría que una persona que se encuentra procesada por diversas causas penales pase el tiempo de la investigación en contexto de encierro antes de ser juzgada. También se busca agravar las condenas por reincidencias, que alude a las personas que comete un nuevo delito una vez ya terminada una condena.

Otro de los objetivos es dictaminar la reforma de la ley de legítima defensa y uso de la fuerza en cumplimiento del poder, integrando la "Ley Blas" que agrava las penas de efectivos de seguridad que planten pruebas ilegítimas para sabotear escenas delictivas. De esta manera, se tendería a un equilibrio entre las responsabilidades y las garantías de las fuerzas policiales.

Al mismo tiempo, existen tres propuestas que tienen consenso generalizado y que podrían obtener apoyo unánime en su instancia de comisiones y de sesión: la modificación de la ley de evasión de impuestos, el régimen de juicio por jurados populares y la posibilidad de realizar juicio en ausencia a imputados por determinados delitos.

Agenda opositora: la reacción de fin de año

Sin la solidez de la demanda social que les permitió impulsar reformas en jubilaciones y universidades, cuando aún contaban con una UCR alineada mayoritariamente, el entramado opositor irá a la carga una vez más con la convocatoria para reformar la ley de DNU, que limitaría la vigencia de los decretos, y la derogación del DNU 846/2024. La sesión está convocada para el próximo jueves, pero sobreviven las dudas de su posibilidad de éxito luego de la falta de quórum de la última convocatoria.

Aunque la voluntad de una convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Gobierno será la que determine los alcances de la iniciativa opositora, hay dos proyectos con los que hace cuentas y entiende que tiene posibilidades amplias de aprobación: la eliminación de publicidad de apuestas online y la tipificación de violencia de género en el ámbito laboral.

Unión por la Patria, que tuvo sus primeras filtraciones partidarias desde enero del 2024, se plantea la posibilidad de volver a convocar sesiones en minoría para poner en el debate público su agenda, a riesgo de fracasar porque no sobran los diputados dispuestos a mostrarse cercarnos al peronismo.

* Para www.ambito.com