Mitre, Avellaneda y Lincoln, los antecedentes de Javier Milei para nombrar jueces de la Corte por decreto

Con las negociaciones por el nombramiento de jueces de la Corte Suprema empantanadas, Javier Milei les ordenó a sus principales operadores en el Congreso que no cedan en un asunto que considera relevante: quiere tratar en sesiones extraordinarias los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, de manera conjunta, sin entregar a ninguno, bajo amenaza de designarlos en comisión por decreto. El Presidente se refugia en antecedentes (muy) históricos de Argentina y Estados Unidos para enfrentar eventuales impugnaciones políticas y judiciales.

El rastrillaje de antecedentes para blindar la eventual medida, a la que Mauricio Macri tuvo que dar marcha atrás durante su presidencia, fue revelada por Guillermo Francos. El jefe de Gabinete hablo de la existencia de casos anteriores al admitir, este miércoles, en su informe de gestión en el Senado, que si esta cámara no aprueba los pliegos de los candidatos, el jefe de Estado tiene pensado nombrarlos por decreto.

Ese sería el plan B. La primer opción, dicen en la Casa Rosada, es incluir ambos pliegos en el temario de sesiones extraordinarias, en el que también entrarían otros dos proyectos que reformarían el Código Penal y Procesal Penal: reiterancia, reincidencia y las modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; además del juicio en ausencia.

Una por una las referencias del Presidente para nombrar jueces por decreto

Los estrategas que aconsejan al Presidente se agarran de siete antecedentes locales para designar jueces sin pasar por el Senado. Francisco de las Carreras fue nombrado en comisión como presidente de la Corte el 6 de enero de 1863 por Bartolomé Mitre. Uladislao Frías fue designado por el mismo procedimiento el 14 de enero de 1878 por Nicolás Avellaneda; lo mismo que Luis V. Varela, el 3 de abril de 1889 por Miguel Juárez Celman.

La lista de nombramientos en comisión -elaborada en la Casa Rosada- continúa con Abel Bazán, el 14 de enero de 1890 por Juárez Celman. Benjamín Paz fue nombrado en comisión por Carlos Pellegrini, en reemplazo de Luis Sáenz Peña; y Dámaso Palacio, el 21 de abril de 1910, por José Figueroa Alcorta, luego de la jubilación de Octavio Bunge. La biblioteca libertaria incluye también un caso que salió mal, el de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombrados en comisión a través del decreto 83/15 de Macri, que al final lograron asumir gracias al acuerdo de la Cámara.

Existen otras dos referencias históricas, pero que no involucra a vacantes del máximo trubunal. Juan Domingo Perón nombró en comisión, por lo menos, a 21 jueces federales, y Raúl Alfonsín a otros 16. Este último antecedente fue usado en el decreto de Macri.

Mirando al norte

En Estados Unidos, país del que Argentina copió la cláusula constitucional sobre nombramientos en comisión, desde 1789 hasta el 2004 fueron nombrados un total de 306 jueces federales, de acuerdo al rastreo de La Libertad Avanza al que accedió este medio. De esos 306 jueces federales, 15 fueron nombrados en comisión para la Corte Suprema federal.

Tres de ellos fueron nombrados por Dwight D. Eisenhower, presidente entre 1953 y 1961: Potter Stewart (en 1958), William J. Brennan (en 1956) y Earl Warren, (en 1953). Son los casos más actuales, ya que los demás se remontan al siglo XIX y los albores del XX:

Oliver Wendell Holmes fue nombrado en comisión el 11 de agosto de 1902; John M. Harlan, en1877; David Davis, en 1862, bajo la presidencia de Abraham Lincoln; Benjamin R. Curtis, en 1851; Levi Woodbury, en 1845; John McKinley, en 1837; y Smith Thompson, en 1823. La lista sigue hasta 1791.

La oposición le advirtió su rechazo a Javier Milei

Ante este escenario sobre el que trabajan en la Casa Rosada, el peronismo advirtió que no iba a aprobar los pliegos si había nombramientos por decreto. No significan que estén en contra de ambos candidatos: con la firma de la senadora Lucía Corpacci en la comisión de Acuerdos, UP ya convalidó la designación de Lijo al máximo tribunal.

No sería la primera vez que el peronismo rechace una medida similar. Lo hizo cuando Macri nombró en comisión, a través del decreto 83/15, a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Por presión de distintos espacios políticos y judiciales, recién asumieron meses más tarde con acuerdo de la cámara alta.

El cerebro jurídico de aquella maniobra del macrismo fue Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que estuvo prófugo en Uruguay acusado de haber integrado una mesa judicial contra dirigentes peronistas, sindicales y referentes sociales. En la cúpula de LLA, de todos modos, pretenden no cometer los mismos errores. Primero, creen haber encontrado mayores sustentos jurídicos para sostenerlo, como los de Mitre y Avellaneda en nuestro país, pero también porque aclaran que, a diferencia de Cambiemos, ellos fueron por los acuerdos parlamentarios y, al no conseguirlos, evalúan tomar el atajo del decreto como segunda instancia.

Aunque el plan B está listo, el tratamiento en sesiones extraordinarias en enero o, incluso febrero, es la posibilidad más certera que por estas horas manejan en la cúpula del poder. Para hacerlo realidad, y darle finalmente al Presidente la Corte Suprema con la que sueña desde hace largos meses, es que en Balcarce 50 dan indicios de un pacto en construcción más amplio con el kirchnerismo, que incluye la ampliación de la Corte a siete miembros, la designación del procurador general, el defensor del pueblo y unos 150 puestos vacantes en la justicia a lo largo y ancho del país. "Estamos charlando todo", aseguran.

El rechazo de constitucionalistas a las referencias históricas

La oposición al nombramiento de jueces por decreto no es potestad del peronismo. A través de un documento titulado "Designar jueces por decreto es inconstitucional", un grupo de jurista repasaron los pasos legales y naturales que deberían seguir los pliegos para ser considerados válidos: los candidatos de Milei sí o sí deben pasar por el Senado.

"La Constitución no habilita al Poder Ejecutivo a tomar el atajo del artículo 99, inciso 19, cuando no logra los votos en la Cámara de Senadores para las personas propuestas. Tampoco está en peligro el funcionamiento de la Corte: si es necesario, se puede completar su integración convocando a conjueces, como en muchas ocasiones anteriores lo ha realizado y como de hecho ya lo está haciendo", explican en el documento que lleva la firma de especialistas como Martín Aldao, Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Horacio Etchichury, Andrés Gil Domínguez, Marisa Herrera y Leticia Vita.

Sobre la base teórica que diseñan en el oficialismo, Gil Domínguez le dijo a Letra P que, si bien el Presidente podría avanzar con la designación por decreto, "no están dados los mecanismos de excepcionalidad" que se requieren. Sobre esto enumeró, con distintos ejemplos, que sería constitucional "bajo otras circunstancias", que hoy no están dadas, como que "la Corte se quede sin ningún miembro, con uno o, a lo sumo, dos".

* Para www.letrap.com.ar