La justicia de Rafaela está en una situación de emergencia que requiere respuesta urgente.
En Rafaela, la problemática de las vacantes en el fuero civil ha persistido durante años, creando un vacío legal y un enorme obstáculo para el acceso a la justicia. Esta situación no sólo es una cuestión procedural, sino que también se convierte en una problemática social y política alarmante.
La falta de jueces y personal suficiente en este ámbito está ligada a decisiones políticas que, en lugar de priorizar el bienestar de los ciudadanos, parecen perpetuar una ineficiencia que tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de las personas.
La mora judicial no es un concepto abstracto; se traduce en personas que esperan durante años para que se resuelvan sus conflictos legales. Esto se convierte en una forma de privación de sus derechos, ya que la justicia, cuando es lenta, simplemente deja de ser justicia. En un contexto donde las personas buscan solución a sus problemas, la falta de recursos y de personal no solo priva de respuestas, sino que ahonda la desconfianza en el sistema judicial. En consecuencia, la percepción de que la justicia está ausente se convierte en un factor que incita a la frustración y al desencanto social.
Es imperativo que la comunidad, sin distinción de sectores sociales, se una para exigir una solución a esta problemática. La voz de los ciudadanos debe ser contundente; es su derecho reclamar un sistema judicial eficiente, expedito y responsable.
En este sentido, el Gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, tiene la responsabilidad y la capacidad de implementar medidas que garanticen el nombramiento de nuevos jueces y funcionarios. No se trata solo de un acto administrativo, sino de un compromiso ético y moral con la ciudadanía.
La gravedad de la situación no se limita únicamente al fuero civil; el colapso es igualmente palpable en los fueros penales, y en las fiscalías. La falta de personal adecuado para manejar la carga de trabajo existente genera un círculo vicioso que perpetúa la ineficiencia judicial. Sin el nombramiento de nuevos fiscales y la capacitación continua del personal, la respuesta del sistema judicial a los delitos y las injusticias queda comprometida.
La política, en su esencia, debe buscar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad. Una justicia lenta no solo es un obstáculo para la resolución de conflictos, sino que, además, pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población. La ciudadanía merece un sistema judicial que no sólo funcione, sino que lo haga con agilidad y eficacia. Es un tema que clama atención y acción inmediata, ya que la justicia de Rafaela está en una situación de emergencia que requiere respuesta urgente.
Por tanto, no se puede continuar en esta pasividad. La colaboración entre el gobierno provincial, los organismos del poder judicial y la ciudadanía es esencial para afrontar estas deficiencias. Solo a través del diálogo y la voluntad política se podrán adoptar medidas que fortalezcan el acceso a la justicia y aseguren que cada ciudadano en Rafaela pueda ver sus derechos protegidos y sus conflictos resueltos en un plazo razonable.