Reforma del Poder Judicial: Avances y controversias en el proceso de negociación

Los cambios en el diseño del Poder Judicial, en el contexto de la reforma constitucional, aún no están definidos. Aunque se han registrado algunas modificaciones que podrían atraer el respaldo de la oposición, las negociaciones continuarán este miércoles en la comisión redactora y, posteriormente, en el pleno.

La reforma contempla modificaciones en cinco artículos, junto a la adición de dos secciones y nueve nuevos artículos, abarcando aspectos como la composición y las facultades de la Corte Suprema, y la institucionalización del Ministerio Público como un organismo independiente del Poder Judicial. Este último se dividiría en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el de Defensa.

Uno de los puntos más debatidos es la designación de jueces y el enjuiciamiento de magistrados, fiscales y defensores. Aunque se observaron cambios que sugieren una apertura al diálogo por parte del oficialismo, estas propuestas mantienen en desacuerdo tanto a la oposición como al Poder Judicial.

En cuanto a la designación de jueces, fiscales y defensores, la reforma propone que el gobernador continúe siendo responsable de estas elecciones, aunque a través de un nuevo Consejo de Selección que organizará concursos públicos. Sin embargo, persiste el debate sobre si las listas de aspirantes resultantes serán vinculantes para el gobernador, quien, según la oposición, aún mantendría un alto grado de arbitrariedad.

Por otro lado, el proceso de enjuiciamiento de funcionarios judiciales también plantea controversias. Se sugiere la creación de tribunales ad hoc, cuyo equilibrio entre representantes políticos y miembros del sistema judicial ha causado discusión. La propuesta inicial contemplaba un tribunal integrado por un magistrado, dos senadores, dos diputados y dos abogados, lo que otorgaba una mayor representación política.

La versión más reciente, resultado de las negociaciones, incluye un total de once integrantes para asegurar un control más equitativo. Esto se traduce en la participación de seis políticos, dos abogados, y dos colegas del acusado, con la presidencia a cargo de un miembro de la Corte o del fiscal general. El procedimiento sería acusatorio, oral y público.

Sin embargo, la oposición, en particular La Libertad Avanza, argumenta que la propuesta sigue siendo desbalanceada y que no se cumple con el objetivo de equidad establecido en la Constitución Nacional. Exponen que la configuración actual podría llevar a una desproporción en la toma de decisiones, señalando que el voto del presidente del tribunal tendría un peso similar al de los otros miembros, dada la disparidad en la composición.